El planteó se realizó ante la Cámara de Casación Federal de Mendoza, pidiendo que se revoque la decisión de aceptar las apelaciones presentadas en sus defensas.
Según informó ayer el sitio web Crimen y Razón, los fiscales generales Gabriela Baigún y Dante Vega solicitaron, ante la Cámara de Casación Federal de Mendoza, que se ratifiquen los procesamientos con prisión preventiva, por crímenes de lesa humanidad, del ex juez federal Eduardo Allende, el ex fiscal federal Hipólito Saa y el secretario federal Carlos Martín Pereyra González (foto), revocando la decisión de aceptar parcialmente las apelaciones presentadas en sus defensas.
Allende, Saá y Pereyra González fueron procesados, por el juez federal de Instrucción Leopoldo Rago Gallo, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia de San Luis. A Allende y Saá se los acusa de ser partícipes primarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidio doblemente agravado en perjuicio de 24 víctimas; mientras que a Pereyra González se lo acusa por los mismos delitos en perjuicio de Graciela Fiochetti.
“Lo que se juzga es la actuación del juzgado federal de la provincia de San Luis en la dictadura de la década de 1970: el juez y el secretario, y además el fiscal, están acusados”, dijo el abogado Norberto Foresti, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en San Luis e integrante de querella en esta causa, junto al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, de Mendoza. “Tanto la fiscalía como la querella entienden que hay numerosa prueba documental y testimonial. Es difícil encontrar la prueba documental, pero se ha hallado el registro de cómo se tramitaban los recursos de habeas corpus”, señaló el letrado.
Con respecto a Carlos Pereyra González, los fiscales aspiran a que no se cambie la tipificación de la causa, manteniendo la calificación del procesamiento dictado por el juez Rago Gallo. Esto se debe a que la Cámara cambió la tipificación, encuadrándola como un mero incumplimiento de los deberes de funcionarios.
“Este secretario federal está acusado de haber encubierto casos de torturas y homicidios durante la última dictadura, cuando era secretario de un juzgado federal. De acuerdo con la investigación, él y los otros dos acusados pudieron haber evitado la tortura y el asesinato de Graciela Fiochetti, de 19 años, y no lo hicieron. Según dos testigos (el chofer oficial Jorge Velázquez y el abogado Carlos Samper), Pereyra González asistió a la violación de Fiochetti”, señalaron desde el sitio web Crimen y Razón, destacando que el caso de estos funcionarios judiciales federales salió a la luz durante el juicio a represores que se realizó, en 2008, en San Luis.
Luego de que esta historia se conociera, Pereyra González presentó su renuncia a la Cámara Federal de Mendoza, la cual presidía e integró por más de 20 años. Además, estuvo técnicamente prófugo de la Justicia durante algunos días, ya que no se sabía su paradero luego de que fuera dictada una orden de captura en su contra. “El ex juez y el ex fiscal acusados están ahora con prisión domiciliaria, en la capital de San Luis; en libertad está Pereyra González”, indica el abogado Norberto Foresti.
