Amplían denuncia a magistrados tras aberrante fallo en juicio de filiación contra el exdiputado Alume

La semana pasada, La Gaceta dialogó con la abogada Ana María López sobre el aberrante fallo que la jueza Viviana Oste dictó en un juicio de filiación en contra del exdiputado Augusto Alume. Este fallo, que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones N° 2, fue calificado como “aberrante” e “irrisorio” por López, pero no porque haya sido en su contra y la de su defendido. Todo lo contrario, López ganó, pero la jueza Oste, en algo que solo puede ser interpretado como un intento de proteger al poderoso dirigente político, fijó una indemnización de $60.000, un monto verdaderamente insólito, más aún si se tiene en cuenta que Alume fue diputado por casi 30 años.

A raíz de esto, la abogada decidió denunciar por incumplimiento de sus roles como funcionarios públicos a la jueza Viviana Oste y a los camaristas Estela Bustos, Marcelo Milán y Mónica Ponce de Chacur, quienes ratificaron los $60.000. La semana pasada, esta denuncia fue ampliada para incluir al fiscal de cámara, Alberto Rodríguez, quien subroga al procurador general de la provincia, y sugirió el archivo de la causa.

El caso
En primer lugar, López explicó que se trató de un juicio de filiación y “reclamación de estado de hijo”, un recurso legal que se plantea cuando un padre no reconoce a su hijo, a pesar de conocer sobre su existencia. “En este caso, a vos te habilita la ley a iniciar el proceso de filiación y agregarle un pedido de daño y perjuicios, que es una suma de dinero que tiene que ver con esta omisión voluntaria que ha causado daño”, explicó López.

El juicio comenzó en 2015, cuando el hijo extramatrimonial de Alume, a quien llamaremos “Martín”, tenía 23 años. Dentro de los daños y perjuicios se determinaron tres rubros: el daño material, el moral y el psicológico. Según explicó López, el daño material se refiere a todo el dinero que el exdiputado se ahorró por no hacerse cargo ni mantener a su hijo; mientras que el moral “tiene que ver con una vivencia íntima y personal”, que es estimado por el abogado, pero tarifado por el juez. Por último, el daño psicológico surge de las pericias efectuadas por el cuerpo técnico, las cuales, indicó la abogada, determinaron que había “un grave daño psicológico, producto de la falta de reconocimiento”.

Una de las primeras medidas de la causa fue una prueba de ADN, la cual tuvo un resultado positivo, probando que Alume era el padre del joven. “En vez de encontrarnos con algún tipo de arreglo, ir y reconocerlo y querer cerrar el proceso; Alume continúa el litigio y no se puede hacer un acuerdo”, contó la abogada, señalando que, durante el litigio, la única parte que aportó pruebas a la causa fue la suya.

En el trascurso de este proceso, quedó demostrado que Alume tuvo conocimiento sobre la existencia de su hijo desde el embarazo, pero que nunca tuvo voluntad de vincularse con él y que se limitaba a, cada tanto, enviarle algún juguete de regalo. Durante la adolescencia de “Martín”, cuando el joven y su madre se habían ido a vivir a otra provincia, se produjo un encuentro con el exdiputado. “Vienen, tienen una reunión, él se presenta como padre y van a un bar de una YPF, le dice que lo va a ayudar y que se venga a estudiar a San Luis cuando termine la secundaria. Le dice que lo va a ayudar, que van a viajar y que él es un hombre muy ocupado. Hace mucho alarde de sus ocupaciones y su posición económica. Mi cliente termina sus estudios, se viene a estudiar acá, se contacta con él y tiene dos o tres encuentros furtivos donde él promete, evade y desaparece. Y ahí es cuando él decide hacer el juicio por filiación porque se da cuenta de que lo que estaba haciendo era una burla”, contó Ana María.

López señaló además que toda esta historia fue corroborada por diferentes testigos y que ninguno de sus testimonios fue impugnado por Alume ni su abogada.

En base a todo esto, y viendo que todo marchaba bien, la abogada solicitó un embargo preventivo para evitar que Alume se desprenda de sus propiedades. Esto ocurrió en el año 2016. En esta parte del proceso, López tarifó el daño moral sufrido por “Martín” en $400.000, el material en $300.000, y el psicológico en $150.000 de manera provisoria, ya que todavía no estaban los resultados de las pericias. “Esto, legalmente, es muy importante, porque el juez se puede oponer. Si el juez ve que lo que vos estás embargando es muy diferente a lo que podés llegar a obtener en una sentencia, te lo tiene que bajar”, remarcó López, destacando que la jueza Oste le otorgó el embargo preventivo por el monto solicitado, que era de unos $850.000; lo cual hace aún más notorio que después la sentencia haya salido por tan solo $60.000.

El copia y pegue de la jueza Oste

La sentencia de primera instancia
“Nos encontramos con la sentencia de primera instancia, que es terrible”, destacó Ana María, destacando que prácticamente la única prueba que Oste analizó en su fallo, que se produjo recién en 2019, fue la prueba de ADN. “Que se haya extendido una carilla y media en analizar el ADN con un ‘copia y pega’ no es relevante a los fines de daños y perjuicios, que es lo que había que resolver”, dijo López.

Como ejemplos del “copia y pegue” de Oste, López proveyó una página de la sentencia de la jueza de familia. En ella, Oste habla de una “menor incapaz”, cuya representante legal “es la madre”. Un gravísimo error, teniendo en cuenta que “Martín” ya era mayor de edad, es varón y que no estaba siendo representado por su madre. “Ahí te das cuenta de que estaba en cualquier otro mundo, pero no en el expediente donde tiene que resolver. En este mismo mundo, se ve que no había prueba ofrecida, porque no analizó nada”, comentó la abogada, quien agregó que la jueza debería haber hecho “un análisis especial de la conducta del accionado”, teniendo en cuenta factores como que, un día después de que “Martín” cumpliera sus 25 años, Alume “pidió el cese de los alimentos provisorios, cuando nunca en su vida había pasado un peso, pero tenía embargado un 15% de su sueldo”.

Además del copia y pegue y la total falta de análisis, Oste, cuatro años después de iniciada la causa, fijó una suma irrisoria de $60.000 por los daños y perjuicios.

La sentencia de segunda instancia
Ante “tan grotesca sentencia”, López apeló y la causa llegó a la Cámara de Apelaciones N° 2, integrada por los camaristas Estela Bustos, Marcelo Milán y Mónica Ponce de Chacur, quienes ratificaron el fallo de Oste. La sentencia fue firmada por Bustos, quien supo ser jueza de su familia en su momento, mientras que los otros dos camaristas adhirieron a la misma, sin realizar ningún tipo de consideración especial.

“Bustos hace más de lo mismo que Oste. No analiza nada, no analiza las constancias, no analiza los testigos, no analiza los informes. A la agregación del informe psicológico la nombra, como diciendo ‘sí, está dañado’, porque ya no lo podía soslayar”, comentó Ana María, haciendo hincapié en que la jueza de cámara no menciona las condiciones de vida que sufrió “Martín” a raíz del abandono de su padre. “A los 10 años él trabajaba junto a su madre en un comedor. La jueza no tuvo en cuenta las carencias económicas de entidad, ni las carencias morales ni las diferencias con el grupo de convivencia legítimo”, manifestó la abogada.

Como ejemplo sobre las diferencias con el grupo de convivencia de Alume, basta señalar que uno de los hijos legítimos de Alume es el diputado nacional Karim Alume, mientras que su otro hijo fue secretario legislativo de la Cámara de Diputados de San Luis por muchos años. “Se han criado en un ambiente de una comodidad y confort que es público y notorio. Si vos comparás que no debería haber diferencia entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, las carencias económicas que pasó mi cliente son de una entidad más que notoria. Pero nada de eso se analizó y la sentencia sale confirmando los $60.000 en diciembre de 2019”, contó López.

“O nos encontramos de golpe con cuatro magistrados que no saben hacer una sentencia de filiación en un juzgado especial y en una cámara que debería tener la especialidad, lo cual es muy grave y no ha pasado en otras causas; o hay una clara intención de beneficiar a un señor poderoso del medio. Cualquiera de las dos lecturas que se haga es gravísima, porque o tenemos jueces ignorantes o tenemos jueces corruptos”, manifestó la abogada.

Augusto Alume fue diputado por 28 años, hasta diciembre de 2019.

Un peligroso precedente
“Decidí denunciar no porque es mi causa y a mi me fue mal; yo tengo un fallo que va a ser aplicado a todos aquellos genitores biológicos que no reconozcan hijos. El precedente que sentaron es terrible y es para todo el mundo. Y lo podemos usar los abogados para decir, ‘¿si a Alume le fijaron $60.000, a García le vas fijar $90.000?’ Es gravísimo”, opinó López, quien además recordó una sentencia que hizo Estela Bustos como jueza de familia en el año 2008, fijando una suma de $90.000 por daños y perjuicios. O sea que la misma magistrada, 11 años después y con toda la inflación que ha habido en el camino, fijó una cifra un 33% menor.

“A valor dólar de ese año, son como $600.000 hoy en día. Quiere decir que si eran $600.000 en ese año, con los más de $800.000 que yo tarifé me quedé corta, porque hablamos de un señor X y ahora hablamos de Alume. ¿Cuál es el mensaje que dejan? ‘¿Dejaste una persona y te querés desaparecer? Desaparecé, no te hagás cargo’. Primero, puede que nunca te hagan juicio. Segundo, si te hacen juicio cuando el niño sea grande, que es lo peor que te puede pasar en cuánto a monto indemnizatorio, acá está el fallo de $60.000. El tipo de justicia que tenemos alienta que las personas no se hagan cargo de la paternidad”, manifestó la letrada.

Las denuncias
En base a todo esto, en abril de este año, López decidió denunciar a Oste y los 3 camaristas por incumplimiento a sus deberes como funcionarios públicos. “No tenemos porqué tolerar, quienes con nuestros impuestos sostenemos a este tipo de personas, que hagan este tipo de sentencia. Para mi es un grave incumplimiento a los deberes del cargo. Esto está previsto en el inciso 2, del artículo 24, de la Ley Orgánica de Administración de Justicia”, explicó la letrada.

“Y a su vez, hago la misma denuncia, contextualizada en otro marco jurídico, ante el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, no para mezclar poderes, sino porque el Ministerio debe controlar que el servicio de justicia que presta el Estado sea acorde a lo que la Constitución manda”, continuó López

La semana pasada, la denuncia fue ampliada para incluir al fiscal de cámara, Alberto Rodríguez, quien subroga al procurador general de la provincia e hizo “un dictamen de tres reglones”, sugiriendo el archivo de la causa. “Lo denuncio por lo mismo que a los otros magistrados, porque no sabe hacer un dictamen. No analiza denuncia, no analiza contestación y descargo, no coteja ambos en términos de legalidad y jurisprudencia y no llega a su propia conclusión”, explicó la abogada, quien además comentó que está evaluando la posibilidad de realizar un juicio político contra estos magistrados.

“Quiero ver qué medidas toma el Superior Tribunal. Yo entiendo que un Superior Tribunal que permite que se naturalice en sus funcionarios el incumplimiento a los deberes del cargo, la mediocridad en la forma de trabajar, el desinterés, el desgano y el qué me importa; en realidad lo está avalando y lo está perpetuando”, concluyó López.

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