APTS pide que quede sin efecto el mandato de cumplir funciones tanto en el Ramón Carrillo como en el Policlínico

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la Asociación de Profesionales y Técnicos de Salud (APTS) dio a conocer su “acompañamiento y apoyo a la decisión tomada por los profesionales y técnicos de la salud de realizar atención por guardia y consultorio sólo en el hospital Ramón Carrillo”.

Esto se debe a que, desde el Gobierno provincial, se les está exigiendo a los trabajadores de la salud que atiendan tanto en el recientemente inaugurado Ramón Carrillo, como en el Hospital San Luis. En base a esto, desde el gremio de la salud solicitaron a las autoridades provinciales que dejen “sin efecto el mandato al personal de los Servicios en cuestión de tener que cumplir funciones tanto en el Hospital Ramón Carrillo como en el Hospital San Luis (en este último, desde el 19 de enero del corriente año dejaron de realizarse diversas prestaciones para la población mayor de 15 años)”.

“Es necesario dejar sentado que la atención de salud que la comunidad necesita debe prestarse de forma tal que no implique una sobrecarga laboral de los y las profesionales de la salud. Máxime cuando es de público conocimiento que, a la fecha, el plantel de trabajadores se ve reducido por dos causas principales: a) debido a que muchos cursan sus licencias por vacaciones, y b) por la ocurrencia de contagios por Covid-19”, señala APTS en su comunicado.

“El respeto a las condiciones laborales de los y las profesionales de la salud pública es primordial. Consideramos que no se puede permitir bajo ningún pretexto las amenazas (directas o veladas), las exigencias que desbordan los límites de la jornada laboral, el cumplimiento de la carga horaria en dos instituciones (la Sociedad del Estado Ramón Carrillo y el Hospital San Luis dependiente del Ministerio de Salud). Es por esto que pedimos que, a la brevedad, se garantice al personal lo por ello solicitado”, concluye el comunicado de APTS, el cual declara que el gremio se encuentra en “estado de alerta frente al avasallamiento de los derechos de los trabajadores” y que, si esta situación persiste, se evaluará “la implementación de otros cursos de acción posibles”.