Dijo la directora de Derechos Humanos de la Municipalidad, quien manifestó su repudio ante los brutales e inexplicables procedimientos policiales.
Ayer, Ana María Garraza, directora de Derechos Humanos de la Municipalidad, habló en conferencia de prensa sobre el caso del matrimonio Albornoz, el cual fue baleado por error durante un operativo policial realizado en el barrio Eva Perón, buscando a uno de los sospechosos del homicidio de Angélica Araneda.
“Tanto Antonio Albornoz como Ángela Chirino Durán están muy afectados físicamente, pero sobre todo poseen un estado de angustia y zozobra muy profundo. Son secuelas que trascienden el estado físico de las personas. El ministro de Seguridad trata de justificar porque Antonio dice que hizo un disparo al aire. Bueno, Antonio dice que es así, porque cuando Ángela siente los ruidos que se producen en su vivienda, lo primero que ve es un señor encapuchado. Lo primero que se le ocurre es que están entrando en su vivienda. Por lo tanto, lo primero que Antonio hace es tirar un tiro al aire”, dijo Garraza, repasando los hechos.
“El hijo de la pareja, de 21 años, estuvo siete horas precintado en el piso, recibiendo golpes por parte de la fuerza policía. Y de la casa de Antonio, el personal del operativo, robó dinero, tanto en efectivo como en cheques de inclusión. La vivienda fue revisada de manera violenta, los colchones están rotos, la ropa quedó desperdigada por toda la casa y los charcos de sangre que emanaban de estas dos personas”, agregó la directora de Derechos Humanos.
“De esto nadie se hace cargo. El Estado Provincial, que es el responsable de los sucedido, las fuerzas policiales, el jefe de la institución, el ministro de Seguridad y el Gobernador de la provincia son los responsables del procedimiento y debería hacerse responsable de las secuelas físicas, psíquicas y materiales de este procedimiento”, dijo Garraza, apuntando hacia el Gobierno provincial. “Una impunidd absoluta para actuar”, agregó la funcionaria, trazando paralelos con el golpe de estado militar de 1976.
“El Gobierno provincial no se hace cargo de absolutamente nada, ni de forma material, ni siquiera acercarse a estas personas, ni tampoco a nivel público, porque las declaraciones del ministro de Seguridad sinceramente son lamentables”, concluyó Garraza, quien le cedió la palabra a la directora de Abordaje Territorial, María José Domínguez.
“Antonio, antes del hecho, ya cobraba una pensión por discapacidad. Ahora su situación será peor. Ángela carece de defensas porque le extrajeron hace tiempo el vaso, es hipertensa severa, con dos ACVs y esto ha complicado su condición. Recibió disparos de bala de plomo y de goma en el abdomen, donde además tenía una hernia. Su estadía en el hospital es sumamente riesgosa por la posibilidad de contraer un virus intrahospitalario al carecer de defensas naturales”, dijo la funcionaria.
Nievas destacó además que a Ángela no se le ha dado el alta porque, al no tener el vaso, tiene disminuidas las defensas, pero, principalmente, porque nadie se hace cargo de darle “las herramientas para que pueda volver a su casa”. En relación a esto, la directora de Abordaje Territorial destacó que la Municipalidad le donó ropa y la bota ortopédica que necesita la mujer, ya que su obra social como beneficiaria del Plan de Inclusión “no le cubre nada de todo esto”.
Para finalizar, Domínguez dio el parte médico de Albornoz, quien cuenta con “fracturas en el miembro inferior derecho y tiene que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas, donde se le tienen que colocar placas y tornillos”, por lo que se estaría hablando de una recuperación de hasta 12 meses.
