Continúa el escándalo por renuncias anticipadas de jueces

 

La Cámara Federal de Casación intimó ya en tres oportunidades al Tribunal Oral Federal de San Luis para que remita el expediente donde se investiga a dos ex funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, por la coacción agravada contra un grupo de jueces, quienes antes de asumir el cargo firmaron la renuncia en blanco.

La causa donde la Justicia Federal investigó al entonces ministro de la Legalidad, Sergio Freixes, y al vice ministro Mario Zavala, se encontraba hace dos años concluida y a la espera de la determinación de la fecha del juicio oral, pero en lugar de fijar día y hora para el inicio del debate, los jueces Raúl Fourcade y un subrogante sanjuanino giraron sugestivamente las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de San Luis, donde desde entonces, la causa no registra movimientos, salvo la excusación de Lilia Novillo y el dictamen de Rubén Alonso, uno de los involucrados en la causa quién debió excusarse pero no lo hizo.

Casación en abril resolvió una oposición planteada por la fiscal Olga Allende y solicitó desde entonces en tres oportunidades que el Tribunal Oral recupere el expediente; pero luego del dictaminen de Rubén Alonso (cuñado de Teresita Negre y quien fuera mencionado en una nota publicada por el Diario de la República en 2005, en la que Sergio Freixes aseguraba que Alonso había renunciado a su cargo), el Superior Tribunal “durmió” la causa mandándola a un juez de Instrucción, con la evidente intención de que la investigación prescriba.

El escándalo motivo de la investigación federal se desató el 11 de abril de 2005, cuando la fiscal Gretel Diamante y Marina Ziliotto expusieron ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación (entonces presidida por Cristina Kirchner) que un grupo de jueces  habían sido filmados con cámara oculta y que algunos habían reconocido que, como condición fundamental para que el Poder Ejecutivo los designara en el cargo, habían entregado su renuncia en blanco. La renuncia anticipada violaba la inamovilidad de los jueces (quienes sólo pueden ser removidos mediante renuncia voluntaria o jurado de enjuiciamiento) y dejaba en evidencia los condicionamientos que el Ejecutivo provincial imponía a los magistrados para designarlos. Eran tiempos en los que se hablaba con insistencia de la probable intervención al Poder Judicial y el Gobierno entonces aprovechó para generar una depuración del Poder Judicial pero a la inversa: no para echar a los jueces vagos, corruptos y genuflexos, sino para sacarse a los jueces rebeldes de encima.

Cuentan algunos testigos que fueron patéticas las reacciones de algunos de los renunciantes cuando vieron su renuncia aceptada e impresa en la tapa del Diario de la República, pero el Gobierno los calmó asegurándoles que era sólo una parodia y que en poco tiempo más todos serían reacomodados dentro del mismo Poder Judicial o con cargos en el Ejecutivo. Marta Vallica firmó su renuncia en blanco para asumir como camarista, pero no le quedó otra que seguir como jueza del Crimen hasta que fue destituida por el jury.

Viviana Oste, a quien en la requisitoria de elevación a juicio se la menciona como una de las que mintió para salvar a Zavala y Freixes, renunció en blanco a su cargo como jueza civil y a los dos años fue nombrada como de juez de Familia. Gabriel Leonhard cambió su cargo de Juez de Paz por el de Secretario en un juzgado.

Víctor Endeiza canjeó la Defensoría de Cámara en San Luis por el mismo cargo pero en Villa Mercedes (Endeiza en la actualidad goza de una licencia indefinida para desempeñarse como funcionario del gabinete de Claudio Poggi). Gabriel Lutens siguió como fiscal de Instrucción pero a Néstor Spagnuolo, el Gobierno le ejecutó la renuncia al cargo de camarista  y luego, abrumado por el escándalo, renunció también al de juez de Sentencia. Humberto Agúndez asumió
como camarista en Villa Mercedes, pero su intención era venirse a San Luis hecho que finalmente fue abortado cuando desde el Ejecutivo le ejecutaron la renuncia anticipadamente.
Desde entonces, salvo por el escándalo por una presunta coima y posteriores amenazas de muerte a raíz del incumplimiento de un pacto con una banda de delincuentes, poco se sabe del polémico Agúndez.

Verónica Alonso no tuvo la misma suerte que los otros. Proveniente del entorno de Miguel Martínez Petricca, la joven y agraciada abogada se aprestaba a asumir como jueza de Familia pero, sin aviso, le aceptaron la renuncia. Ella insistió en presentarse a concursar por una nueva designación que subsanara el favor a la estrategia de Zavala, pero el tribunal evaluador la bochó del examen por ir a rendir con una vestimenta demasiado sugerente.

Pero el escándalo tuvo una onda expansiva mayor porque Mario Zavala, ideólogo del estropicio, un tiempo antes había renunciado como camarista penal y se perfilaba para asumir a la brevedad como ministro del Superior Tribunal. Hoy, Zavala se las rebusca como asesor del Gobierno, además de desempeñarse como marido de la ministra de Salud, Teresa Nigra. De acuerdo con la declaración de Marina Ziliotto (la única jueza que dio testimonio de las amenazas de Zavala para obligarla a renunciar antes de asumir), la periodista Gloria Velázquez fue mandada por Mario Zavala con la directiva de ofrecerle un cargo de ministra en el Superior Tribunal a cambio de silencio. Según Ziliotto, Zavala en su despacho de Casa de Gobierno, le dijo amenazante “No te olvides que yo encontré el cadáver de Darío Gramaglia y que manejo la policía”.

Marina Ziliotto ejerció como camarista durante un breve lapso pero un día se desayunó con su renuncia impresa en la tapa del Diario. Ziliotto contó entonces que Mario Zavala la había citado a su despacho para hacerle saber que sin la renuncia no había cargo y que allí mismo le había indicado que denunciara ante los medios a los demás camaristas para obligarlos a irse.

Carlos Salomón era entonces uno de los jueces que se había vuelto molesto para el Gobierno y era uno a los que Ziliotto tenía orden de defenestrar públicamente. Salomón no renunció allí, pero sí lo hizo luego de una reunión con el hoy fallecido Marcos Salino. Antes de dejar su cargo de camarista penal, Salomón denunció a Sandra Piquillém por la adulteración de los datos consignados en su currículum vitae. Piquillém pretendía acceder al cargo de procuradora general de la Provincia y fue una precursora en inflar groseramente sus antecedentes con “errores de tipeo”. De la denuncia presentada por Salomón ante el entonces juez interino Carlos Robledo nunca más se supo nada, y en la actualidad, Piquillém goza de perfecta salud, pero disfrutando de la mieles del cargo de camarista Penal en la Tercera Circunscripción de San Luis, luego de que el Jury le perdonara la vida.

Zavala dijo en su indagatoria que Ziliotto concurrió sin presiones a su despacho a renunciar y citó como testigos al actual Ministro de Inclusión, Federico Tula, y el periodista Arturo Masjoan, pero luego el mismo Zavala, a raíz de sus contradicciones, se encargó de desmentir los dichos de Tula y Masjoan, reconociendo que en su oficina estaban solos él y la camarista. Otro de los testigos falsos de la causa es el ex viceministro de Seguridad, Diego González, quién en la actualidad -a raíz de una licencia sin término- se desempeña en la Municipalidad de Villa Mercedes.

Viviana Moreira, esposa de Sergio Freixes y al momento del escándalo senadora provincial, aportó una de las imágenes más graciosas de las cámaras ocultas filmadas por el estudio Whortman- Jofré, cuando, con la intención de callar a Marina Zilioto, la entonces legisladora fue a la casa de la ex camarista a ofrecerle un cargo en Medio Ambiente. En un tramo de la filmación tomada en el living de Ziliotto y en momentos en que la dueña de casa estaba en la cocina, Moreira se agacha a espiar debajo de la mesa ratona y le pregunta a una tercera
persona si no habría allí una cámara oculta. Luego, Freixes mentiría diciendo que su esposa en realidad se había agachado en busca de un presunto aro caído.

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