Delitos de lesa humanidad: el debate del 3er juicio comenzará recién en agosto

Según explicó el fiscal Cristian Rachid, la intención de la fiscalía es reducir la lista de testigos de aproximadamente a tan solo 9, incorporando de manera escrita o en formato audiovisual los testimonios de más de 90 personas que ya declararon en los dos juicios anteriores. De este modo, los 9 testigos que la Fiscalía quiere que presten declaración presencial son personas que no lo hicieron en los debates orales previos.

“La defensa se opuso a esa pretensión. Entonces, lo que se sucedió en esa audiencia es que aún no se ha resuelto en definitiva cual y como va a ser la prueba recibida en el debate, sino que se nos ordenó a nosotros que, en 15 días, plazo que empezó a correr este lunes, tenemos que precisar de las causas anteriores cuáles son las actas concretas que queremos que se incorporen por lectura y, a su vez, a que tratemos de reducir los testimonios que queremos incorporar”, relató Rachid, considerando a esta medida como “una forma de permitir que la defensa tenga tiempo útil para poder controlar todas las pruebas que nosotros queremos oralizar”.

“No queda más que aceptarlo aunque en la misma audiencia yo deje asentado que la Fiscalía jamás desistirá de las testimoniales de las que son víctimas en la causa, que son 21, y a su vez de cierta instrumental que tiene que ver con la participación directa de los ex magistrados en la época de los hechos”, comentó el fiscal.

A raíz de este disposición del tribunal, la Fiscalía se encuentra en un proceso de revisión de la totalidad de expedientes correspondientes a los dos juicios anteriores. En total, son cerca de 120 cuerpos, cada uno de aproximadamente 200 hojas. “La ventaja es que yo en la instrucción de esta causa y por lo tanto tengo un buen manejo de la documental, pero eso no implica que yo tenga en mi memoria el número de foja donde está cada prueba, pero pensamos que en estos 15 días vamos a lograr el cometido”, dijo Rachid.

Cuando termine este proceso y la Fiscalía haya realizado las precisiones que le pidió el tribunal, se le correrá traslado a la defensa, otorgándole un plazo de 30 días hábiles “para que tenga chance de leer o escuchar la totalidad de los testimonios, más la totalidad de la prueba de los anteriores juicios, que refiere a documentales o periciales” que la Fiscalía quiere incorporar.

“Al cabo de esos 30 días hábiles, la defensa tiene que decir si sigue oponiéndose y en ese caso va a tener que explicar por qué se opone y decir sobre qué interrogaría a los testigos que nosotros queremos incorporar. Luego de debatida esa cuestión, el tribunal va a resolver qué pruebas se va a aceptar de los juicios anteriores y va a fijar una fecha de audiencia”, explicó Rachid, señalando que el tribunal “ya anticipó que la audiencia no tendría lugar antes de agosto, es decir ya pasada la feria judicial de invierno”.

Más allá de la gran demora que logró la defensa, el fiscal tiene optimismo de que el tribunal va a aceptar la incorporación de pruebas por lectura para que no tengan que comparecer los testigos que ya declararon en los juicios anteriores. “En definitiva, la duración del debate va a terminar siendo mucho menor y no va a haber exposición de testigos, que era lo que nosotros queríamos. Si se acepta este criterio, una vez resuelta la oposición de la defensa, no creo que el juicio en sí dure más de un mes y medio o dos meses. Es muy probable que antes de fin de año tengamos una sentencia”, consideró el fiscal.

¿Quiénes son los acusados?
Los acusados son Eduardo Allende (ex juez Federal) e Hipólito Saá (ex fiscal Federal). Ambos están acusados por ser partícipes necesarios en 23 casos de privación abusiva de la libertad, tormentos (21 casos), y por el delito de homicidio agravado en 6 casos. Por su parte, el ex
teniente coronel Alberto Camps (foto) y el médico policial Jorge Caram están acusados de asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormentos en 7 casos.

Cabe destacar que Allende es el padre del actual fiscal de Estado de la provincia de San Luis, Eduardo Allende (h), y que Camps era titular del Espacio Cultural Terrazas del Portezuelo cuando fue detenido allá por febrero de 2014. Previo a esto, Camps se había desempeñado como coordinador del Ministerio de Inclusión Social.

Allende y Saá fueron detenidos en 2012, mientras que con Camps y Caram se hizo lo mismo en 2014, pero todos recuperaron la libertad el año pasado ya que la causa no avanzaba.

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