Deuda Nación con Provincia: la puja por el monto

El fiscal de Estado habló del tema y dio a conocer a cuánto asciende la deuda actualmente y lo que pretende pagar el Estado nacional. El monto de la multimillonaria deuda que debe pagar el Gobierno nacional al Ejecutivo provincial sigue sin definirse porque las partes no se ponen de acuerdo. El punto de conflicto entre ambos Estados radica en cuál es la tasa de interés que se debe aplicar a la deuda y que se traduce en una diferencia de $3 mil millones en el total de la deuda.

El Gobierno de San Luis considera que la deuda a fines de febrero de 2016 es de $15 mil millones y se basa en la tasa activa del Banco Nación. Por su parte, el Estado nacional aplica una tasa pasiva y sostiene que el monto de la deuda es de $12 mil millones.

“Nos pusimos de acuerdo en el tope y el piso de lo que vamos a convenir la forma de pago, pero lo quedó la pelota al Estado nacional en definitiva donde ellos nos tiene que hacer una propuesta de pago en base a estos montos”, explicó el fiscal de Estado, Eduardo Allende.

Para la semana pasada estaba prevista una reunión entre funcionarios de Provincia y Nación, pero desde la cartera de Hacienda nacional suspendieron el encuentro, debido que no tenían una nueva propuesta del monto de la deuda que pretenden pagar ni de la metodología de pago. Nación pidió tiempo hasta mediados de abril para presentar la propuesta.

Como se mencionó en el segundo párrafo, Provincia le aplicó a la deuda una tasa activa y nación una pasiva. El argumento para utilizar la tasa activa del Banco Nación para calcular los intereses de la deuda es la que se utiliza habitualmente en los tribunales. La aplicación de la mencionada tasa activa redunda en monto superior en intereses a la pasiva.

Según explicó Allende a La Gaceta, Nación sostiene que debe aplicarse la tasa pasiva porque se trata de una cuestión entre Estados, “entonces no debería aplicarse la tasa ordinaria que se aplica en todos los casos judiciales. Como que es un caso especial porque no son personas privadas. Es un argumento que no compartimos”.

A fines de noviembre de 2015, la Corte declaró inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realizaba el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias para financiar ANSES y AFIP. Ordenó el cese del descuento del 15% que desde hace semanas se empezó a cumplir. Según cifras de 2015, el Gobierno empezó a recibir $140 millones extra al mes.

El máximo tribunal también ordenó la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan otorgando un plazo de 120 días desde que las partes acuerden el monto a pagar.

“Que no se pueda resolver esto rápido, por lo menos en un mínimo de instrumentación, es porque falta una decisión política. Por la importancia de los números, sabemos que es algo que no se va a cobrar mañana. Hay distintas formas de pago, con bonos de deuda, obras”, expresó el fiscal.

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