Efluentes cloacales: “hitos de una promesa que el Gobierno provincial nunca cumplió”

La Dirección de Prensa de la Municipalidad da su versión de la turbia historia de la planta de efluentes cloacales de la Capital.

Ayer, a través de su gacetilla informativa, la Dirección de Prensa de la Municipalidad dio su versión sobre las razones por las cuales es el Gobierno provincial el que debe hacerse cargo de la construcción de la planta de efluentes cloacales de la ciudad de San Luis. A su vez, cabe recordar que el Estado alega que es responsabilidad del municipio, ya que este rompió, unilateralmente, el pacto Provincia-Municipios, el cual, según ellos, es lo que los obligaba a hacerse cargo de la obra. Finalmente, a final de la nota encontrará un breve video que explica el punto de vista de la Municipalidad. 

A continuación, reproducimos en su totalidad el parte de prensa municipal:

“El 28 de junio de 2006, los medios oficiales anunciaban eufóricos que el Gobierno provincial invertiría 240 millones de pesos en un “Plan Estratégico Sanitario” que remediaría la falta de políticas acertadas en materia de salud. Si bien parte de ese dinero luego se desvió a obras para fomentar el turismo, la idea inicial era reforzar dos servicios básicos: agua y cloacas.

Así, y dentro de otro plan, llamado “Hepatitis 0”, el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá prometió construir redes cloacales, plantas potabilizadoras de agua y una nueva planta de efluentes cloacales para la ciudad de San Luis. Al momento de anunciar la inversión, en la Provincia se habían detectado doce casos de hepatitis viral aguda, una enfermedad que se contagia cuando las condiciones sanitarias no son las adecuadas y el agua –que luego se ingiere o se usa para preparar alimentos- entra en contacto con restos de materia fecal o líquidos contaminados.

En 2005, según datos oficiales, se registraron 435 casos de hepatitis aguda.

Sin embargo, y frente a la supuesta preocupación por la salud, la prometida obra de la planta de tratamiento de efluentes cloacales no se construyó jamás.

En junio de 2007, cuando Alicia Lemme preparaba su plataforma electoral prometía la construcción de una planta de efluentes cloacales “porque la actual está colapsada”. La promesa de la arquitecta que luego fue electa intendenta nunca se cumplió.

¿Por qué hacer una nueva planta para tratar los líquidos cloacales? Porque la actual fue construida para una población que no superaba los sesenta mil habitantes. Luego la ciudad se estiró. Sufrió un descontrolado crecimiento demográfico provocado por la radicación industrial. Pero los desechos se seguían volcando en las mismas lagunas ya colapsadas.

El 27 de junio de 2008, Alberto Rodríguez Saá y Lemme firmaron el “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la Provincia de San Luis y el Municipio de la Ciudad de San Luis”. En la cláusula tercera del acuerdo, el Estado provincial “…en el marco del Plan Hepatitis 0, se compromete a ejecutar a su exclusivo cargo y gestión, la construcción de una nueva Planta de Efluentes Cloacales con sus correspondientes colectores y ramificaciones barriales, asumiendo el compromiso de la concreción de la misma en un plazo de cuatro años”.

¿Qué pasó después? ¿Qué hizo el Gobierno con semejante promesa? Lo mismo que en 2006. Nada.

Para silenciar su ineficacia, la Provincia pateó la pelota hacia el terreno que más le conviene: la Intendencia de la ciudad de San Luis. A pesar de las promesas y de los acuerdos firmados, fundamentalmente, el de 2008, ahora le echa la culpa del mal funcionamiento de la planta al intendente Enrique Ponce. Es más, el Gobierno intimó a la Intendencia para que construya una nueva planta, una obra que cuesta alrededor de 350 millones de pesos, cuando el presupuesto anual municipal para el 2013 es de 260 millones.

Además, a través de sus medios de comunicación, el
Estado provincial alegó que la falta de tratamiento adecuado de los efluentes cloacales está causando un severo daño ambiental, ya que contaminan el río San Luis.

Uno de los cuatro ramales que desembocan en la planta pasa por el Parque Industrial Sur. Según la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, quien debe controlar los desechos que las fábricas vuelcan en la red cloacal es el Gobierno provincial. La presencia en las lagunas de manchas de aceite o de coloración extraña indica que esa obligación es pasada por alto o efectuada con negligencia o desconocimiento.

En seis años, el Gobierno prometió dos veces hacer una planta de efluentes cloacales acorde a la población de la ciudad de San Luis. Pero nunca cumplió. La preocupación por la salud de los vecinos y el medio ambiente parecen ser apenas elementos de un discurso vacío de realidad”.

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