Este lunes, en declaraciones al programa Nada Secreto de radio Universidad, la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis (CAPSL), Flavia Molina Arlandi, se refirió al escándalo que atraviesa el Poder Judicial con la designación de sus fiscales y defensores provisorios.
En primer lugar, la presidenta del CAPSL que estos nombramientos provisorios se realizan en base a una cláusula transitoria, que es el artículo 118 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de San Luis, la cual, cabe destacar, fue aprobada por unanimidad. “En un principio, esta norma tuvo un voto en disidencia de los 3 colegios de abogados de la provincia, por esta cuestión de la constitucionalidad que nos hace ruido. Ahora, la práctica nos decía que Córdoba y las demás provincias del país que implementaron el sistema tuvieron que tener una cláusula transitoria porque no había manera práctica y términos para llamar a un concurso ordinario que lleva tiempo y, a su vez, empezar a ejecutar el sistema”, explicó Molina Arlandi.
Una vez aprobada la ley, los colegios profesionales de San Luis elevaron al Poder Ejecutivo una lista de más de 250 matriculados en condiciones de ocupar estos cargos de manera provisoria. De esa lista, el Poder Ejecutivo elevó al Senado un listado de 30 personas, muchas de las cuales tienen fuertes vínculos con el oficialismo provincial. “Ahí es donde está el abuso de la buena fe. Realmente vemos un poder de disposición, que fue dado en un momento determinado, particular y necesario para continuar con este cambio del sistema; que claramente ha sido vulnerado y abusado si se continúa con la ejecución de los nombramientos de quienes han sido evaluados”, opinó la presidenta del CAPSL.
En paralelo a esto, un grupo de los que han sido designados fiscales provisorios decidió, por su cuenta, rendir el examen para ocupar el cargo de manera definitiva y lo desaprobaron. Técnicamente, son dos procesos distintos, pero Molina Arlandi advirtió que sería “una gran incongruencia” que asuman aquellos abogados que rindieron mal el examen para el cargo definitivo.
“Estamos evaluando qué va a pasar con esos exámenes y damos por hecho que no van a asumir los que no están capacitados, porque está en juego nada más y nada menos que la seguridad jurídica de las personas. Me parece que el Ejecutivo tiene que hacer un mea culpa y dejarlo sin efecto y hacer un nuevo llamado, o por lo menos un nuevo nombramiento”, concluyó Molina Arlandi.
