La presentación fue realizada el día de ayer, por el asesor letrado de la Municipalidad.
Por expresas instrucciones del intendente municipal Enrique Ponce, el asesor letrado de la Municipalidad, Ricardo André Bazla, presentó este martes un pedido de recusación contra tres jueces del máximo órgano judicial de la provincia que firmaron una sentencia contra el Municipio. Se trata de una causa judicial iniciada durante la dictadura de Onganía, hace 42 años.
Poco antes de las 9 de la mañana de este martes, Bazla se hizo presente en la sede del Superior Tribunal de Justicia, en calle 9 de Julio (ex Casa de Gobierno), para plantear la recusación de tres jueces y presentar la nulidad de la sentencia.
“El intendente municipal ha estado trabajando junto a nosotros y la convicción que nos ha transmitido es que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender el patrimonio y los bienes municipales. De ningún modo vamos a ceder ante esta circunstancia sospechosa que nos toca atravesar, de pretender que esta gestión se haga cargo del pago de un juicio millonario plagado de irregularidades”, enfatizó el letrado municipal.
La recusación planteada por la Municipalidad de San Luis es contra los jueces del Superior Tribunal de Justicia, Lilia Novillo, Omar Uría y Florencio Rubio, quienes intimaron al municipio al pago de $3.125.000 en la causa Arancibia y Bernaldez, iniciada en 1970.
“Más allá del respeto a la investidura de los jueces del máximo órgano judicial de la provincia, ellos no se encuentran en condiciones de resolver en forma ecuánime e imparcial el planteo de nulidad hecho por la Municipalidad, toda vez que son parte interesada en el caso”, dijo Bazla.
De acuerdo al funcionario, la sentencia recién podía tener ejecución en “febrero de 2014”, pero por una decisión que “no se ajusta a derecho”, se adelantó 15 meses, dejando a la Municipalidad sin posibilidades de prever el pago, “si así le correspondiera”.
“En este caso, el STJ dispuso una medida excepcional y dijo que cuando la Municipalidad pague, ellos se descontarán la tasa de justicia. Esto es insólito, le quieren cobrar a la Municipalidad lo que corresponde que pague la empresa demandante. Así avanzaron en la ejecución de la sentencia, aun cuando los demandantes no han terminado de pagar la tasa de justicia y eso significa violar el principio de igualdad y de proporcionalidad, en cuyo resultado está interesado el propio Superior Tribunal para engrosar sus arcas”, agregó Bazla.
De igual manera, Bazla recordó que la Municipalidad no pagará este monto, ya que la deuda no está contemplada en el Presupuesto 2013 que fue aprobado el pasado jueves por el Concejo Deliberante. “Esta intimación llega a la Municipalidad con posterioridad al envío del presupuesto al Concejo Deliberante. No ha habido forma de prever esto”, concluyó Bazla, asegurando que se tomarán todas las vías legales y se recurrirá al diálogo para evitar el pago de esta deuda contraída por un gobierno de facto.
