Este mediodía, luego de una sesión express del Senado provincial el pasado lunes, la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que suspende la “vigencia del inciso b) del Artículo 2º de la Ley Nº VIII-0252- 2004 Permanente de Presupuesto para el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial para el ejercicio económico 2020 y para el Presupuesto Plurianual 2021-2023”.

Lo primero que hay que aclarar es que esta es la famosa ley del 50/50, que establece que el presupuesto provincial debe destinar una mitad del total del dinero a los gastos corrientes, como pago de salarios y servicios básicos; y la otra mitad a obras de capital. Lo otro que hay que aclarar es que los años que figuran en el párrafo anterior no son un error de tipeo de este medio, sino de nuestros senadores, que aprobaron el proyecto tan rápidamente que se les pasó este pequeño detalle.

En este sentido, Sonia Delarco, presidenta del bloque oficialista, argumentó que fue un error de tipeo, y que en realidad debería decir “ejercicio económico 2021 y para el Presupuesto Plurianual 2022-2023”. “En un día de asueto administrativo, el Senado se puso a trabajar y se equivocaron en la media sanción que dieron y ahora, por trabajar a las apuradas, nosotros tenemos que, una vez más, modificar y arreglar los errores graves”, le recriminó el diputado Juan Pablo Funes Bianchi, presidente del bloque Todos Unidos, al oficialismo provincial.

Dejando este “error de tipeo de lado”, otra cuestión que enojó a la oposición fue que el Frente Justicialista de Todos pidiera el tratamiento de este tema sobre tablas, algo que todos los bloques habían acordado no realizar este año. “Había una regla de convivencia de no tratar proyectos sobre tablas. Llegó una orden de Terrazas del Portezuelo y rompemos esa regla”, criticó Funes Bianchi.

En cuanto a los motivos detrás de este más que inusual tratamiento, Delarco manifestó que fue pedido sobre tablas porque el 31 de agosto próximo vence el plazo para que el Gobierno provincial presente el proyecto de presupuesto 2021. La oficialista además reconoció que ya van unos cuantos años en que el Gobierno no puede cumplir con la regla del 50/50 debido a la imprevisibilidad económica que reina en la Argentina.

“Quiero manifestar también que mucho de ustedes lo han manifestado y que se observa la imposibilidad de dar pleno cumplimiento a esta relación del 50% en gasto corriente y el 50% de gasto capital”, dijo Delarco, dándole la razón a la oposición.

“Es importante recalcar que vivimos en una república Argentina en donde tenemos fluctuaciones económicas desde hace años. Venimos con periodos recesivos, combinados con inflación y devaluación del peso”, agregó la diputada, quien reutilizó uno de los argumentos del oficialismo de cuando se trataron las deficitarias cuentas de inversión 2019, señalando el valor del dólar cuando en 2018 se confeccionó el presupuesto 2019, y el precio de la moneda extranjera cuando terminó el año pasado.

Por el lado de la oposición, Funes Bianchi recordó la más reciente visita a la Cámara del contador general de la provincia, Daniel Marone, quien adelantó que se estaba trabajando en la modificación del 50/50. “Nos pareció bueno y esperamos constantemente el llamado para participar, para opinar, claramente ese llamado no llegó. Un mes antes nos avisan que están trabajando, pero tienen que llegar a las apuradas”, criticó el diputado adolfista.

Luego, Funes Bianchi señaló que el 50/50 era uno de los pilares del “modelo San Luis, exitoso y lleno de alegrías para el pueblo de San Luis, lleno de desarrollo, donde pasamos de ser los últimos, los olvidados, a ser los primeros en todos los índices”.

El opositor además manifestó que las gestiones del exgobernador Adolfo Rodríguez Saá tuvieron un presupuesto equilibrado “a pesar de todos los vaivenes nacionales”. “No es la primera crisis la de Macri, pasamos varias antes, y sin embargo los puntanos supimos salir adelante. Con esta medida, terminan de romper un modelo, acaban de finalizar un modelo. Hoy, acá, va a comenzar otro. Yo no estoy de acuerdo con el nuevo modelo que inicia, pero sin embargo, deseo que las inversiones que tomen sean las mejores. No es el modelo histórico, no es el del presupuesto equilibrado, no es el modelo de las viviendas”, dijo Funes Bianchi.

Otro punto que destacó el adolfista es que, por más que Nación realice obras públicas de gran envergadura en San Luis, como la recientemente anunciada circunvalación; “la provincia debe seguir haciendo obra pública”. Funes también señaló que próximamente la provincia comenzará a cobrar el juicio ganado a Nación por la retención ilegal de fondos y que “justo cuando viene el primer pago, se suspende el 50/50”. “Podríamos hacer tantas cosas con esa plata”, dijo el legislador.

El presidente del interbloque San Luis Unido, Gastón Hissa, también defendió a capa y espada la regla del 50/50, ya que esta también fue uno de los pilares de la gestión de Claudio Poggi de la que él fue parte. “Están tomando el camino equivocado, no es la escuela, no es el modelo fiscal de San Luis”, le dijo Hissa a los oficialistas, y agregó que “esta cláusula siempre fue considerada una regla de oro en el manejo de las finanzas”.

“Nos sentimos atropellados por la ineptitud e ineficiencia de los funcionarios de este gobierno improvisado, sin planificación, sin rumbo claro. La provincia de San Luis no tiene un desarrollo estratégico, no tiene una estrategia integral. Las prioridades tendrían que girar sobre la reactivación del sector de la construcción, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la reactivación del consumo interno, el apuntalamiento de las familias sanluiseñas que han perdido su capacidad de generar ingresos”, agregó Hissa, quien además advirtió que, “con esta modificación, el Estado se va a dejar de autorregir legalmente, porque va a disponer del 100% para gastos corrientes y no va a tener ninguna obligación legal”.

Más allá de estos argumentos, el oficialismo, gracias al apoyo de bloques minoritarios como Institucionalidad, Sanluiseños por el Cambio y Raúl Alfonsín, logró aprobar tanto el tratamiento sobre tablas como la votación general del proyecto, convirtiéndolo en ley sin que siquiera pase por una comisión.