El Poder Judicial de San Luis: ¿independiente o in the pendiente?

Casi desapercibido y como si todo diera lo mismo, nos encontramos ante un nuevo atropello sobre la ya bastardeada independencia del Poder Judicial de la Provincia de San Luis. Esta vez, los manotazos del Poder Ejecutivo Provincial se ciñen sobre las designaciones de los nuevos cargos para Fiscalías y Defensorías en las Tres Circunscripciones Judiciales de nuestra Provincia.

Ello, sucede en el marco de la implementación de las nuevas leyes de procedimientos sancionadas para regular el funcionamiento del Poder Judicial Provincial; específicamente en lo atinente a una adecuada implementación del novel Código Procesal Penal, que dispone que la investigación de los delitos deja de estar en cabeza del juez (como sucedía previo a la sanción de dicha normativa), para pasar bajo la órbita de las fiscalías.

Por tal razón, resulta alarmante la liviandad con la que se ha procedido a seleccionar a quienes encabezarán dichas Fiscalías, como así también a quienes tendrán a su cargo la defensa de aquellas personas que no cuenten con un sustento económico para contratar un abogado en forma privada (Defensorías).

Casualidades o causalidades de la vida, la mayoría de los nuevos fiscales y defensores cumplen con el requisito que pareciera más importante para el Ejecutivo Provincial: haber pasado por distintas reparticiones de dicho poder del estado.

Las recientes designaciones de funcionarios del Ministerio Público, se realizan en cumplimiento con la Ley Orgánica de Administración de Justicia (Ley IV-0086-2021), que en su art. 118 prevé que por un periodo provisorio de 18 meses, el Gobernador con acuerdo de la Cámara de Senadores, elegirán “a dedo” a los integrantes de las nuevas figuras de tal organismo. Aunque suene increíble, dicho artículo -claramente inconstitucional-, contó con el voto unánime de toda la Cámara de Diputados. Resulta dable preguntarse: ¿Cuál es el motivo de tan excepcional disposición?

Cabe recordar además, que las reformas judiciales recientemente sancionadas, fueron proyectos esbozados por algunos jueces (quienes deben encargarse de impartir la ley pero no de crearla), sin convocar a especialistas en la materia, jugando con las sanas expectativas de juristas locales, sin prever un lógico incremento de capital humano e edilicio al crear nuevos despachos y desoyendo los reclamos del gremio de empleados judiciales.  Por lo tanto, a estas alturas podríamos preguntarnos con cierta ironía: ¿Qué podría salir mal?

Luego de esta breve y necesaria descripción, de la situación de actual crisis del Tercer Poder del Estado, debe interpelarnos a todos los ciudadanos sanluiseños: ¿En qué manos estamos dejando la implementación de la Justicia? Y para hilar un poco más profundo: ¿Cómo puede todo lo relatado ser legal?

La Provincia de San Luis, exhibe una paulatina pero constante degradación de sus instituciones, desde las más básicas a las más complejas, que a la fecha constituyen en su totalidad: “tierra arrasada”.

Resulta dable poner de relieve, que la constante injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial de San Luis, se efectúa en flagrante violación de los principios republicanos a los cuales, sin dudas, adhiere nuestra Constitución Provincial (art. 1 Const. Prov.); pero dentro de un lamentable abuso de poder que dicha Carta Magna concede al Ejecutivo, a partir de su Reforma del año 1987.

Allí, no sólo se eliminaron las limitaciones a título personal y por parentesco  para la reelección de gobernador, lo que ha permitido la coronación del más rampante nepotismo, por sobre cualquier idea de meritocracia y/o idoneidad; sino que, además, se creó dentro del Poder Legislativo, una Cámara de Senadores, que no respeta el principio de representación de minorías y que con mayoría simple, cumple como única tarea la de servir de instrumento de convalidación de todas las iniciativas del Gobernador (funciona como una escribanía).

Por ello, las designaciones de los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público no escapan a este sistema de tipo autoritario más que republicano, impuesto por la reforma del ’87. Dado que sin perjuicio de contar con un organismo de control de cumplimiento de requisitos formales de parte de los candidatos, “Consejo de la Magistratura” (que en esta oportunidad ha sido lisa y llanamente desoído), todos los funcionarios judiciales son finalmente designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de “mayoría simple” de la Cámara de Senadores (art. 196 Const. Prov.).

Es decir, conforme a la composición actual de dicha Cámara, siempre el oficialismo –gobierne quien gobierne-, tendrá mayoría simple para designar a gusto y piacere a todos los miembros del Poder Judicial. Como consecuencia de lo expuesto, podemos afirmar que la Justicia difícilmente será independiente en San Luis, sino más bien dependiente del poder de turno.

A este grave panorama de cuasi constitucionalidad, debe sumarse que las instituciones encargadas de velar por los ciudadanos ante situaciones de vulnerabilidad como la que se describe, se encuentran galvanizadas (Colegios de Abogados, Partidos Políticos pseudo opositores) o literalmente anuladas (Defensor del Pueblo).

Ante un panorama tan desolador, el común denominador suele preguntarse con qué remedio legal contamos para revertir las circunstancias; y ante ello, cabe responder que no existen soluciones mágicas.

El primer paso comienza por la toma de conciencia ciudadana, por comprender la gravedad de contar con normativas que violan el Principio de Igualdad y eventualmente el Principio de Libertad, constitucionalmente consagrados. Lo que, inevitablemente deriva en una peor sociedad para todos los que participamos de ella.

La cercana asunción de los nuevos funcionarios judiciales, que se efectivizará el próximo Viernes 01 de Julio del corriente, en el marco de la concreción del sistema de selección “dedocrático”, “parcial” y sujeto a total arbitrio del Gobernador de la Provincia y la mayoría oficialista de Senadores, es sólo una muestra más de los desmanes que produce el abuso del poder y al cual, los ciudadanos de San Luis venimos acostumbrados desde hace décadas.

Las leyes deben hacerse para defender a los ciudadanos de los abusos del poder, que se producen, cuando se deja un amplio margen de discrecionalidad a quienes nos gobiernan. Buscar el imperio de la ley por sobre personalismos caudillescos, como así también un sano equilibrio de pesos y contrapesos entre poderes del Estado, es lo que nos permitirá progresar como sociedad.

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