Esta mañana, el Senado prestó acuerdo para la designación de la senadora nacional Eugenia Catalfamo, cuyo mandato vence este 10 de diciembre, como rectora de la Universidad de La Punta. La votación fue secreta, como cuando se designan miembros del Poder Judicial, pero es de estimar que salió 6 afirmativos a 3 negativos, ya que los opositores Adolfo Castro Luna, Sergio Guardia y Marcelo Debandi, que recientemente abandonó el oficialismo, adelantaron su voto negativo.
Previo al debate del tema, Castro Luna advirtió que “puede haber alguna consecuencia penal” si se prestaba acuerdo para designar a Catalfamo. En este sentido, el vicegobernador y presidente del Senado, Eduardo Mones Ruiz, con mucha categoría lo refirió al artículo 124 de la Constitución Provincial, el cual señala que “los miembros de cada Cámara no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o votos que emiten en el desempeño de sus mandatos”.
Zanjado esa cuestión, comenzó el debate propiamente dicho sobre la designación, durante el cual Castro Luna expuso la postura de la oposición, la cual se basa en el artículo 23 de la Constitución Nacional y el 54 de la Ley de Educación Superior, a la cual hace referencia la ley provincial de creación de la ULP “y su estatuto vigente”. Sobre esto último, el senador sostuvo que el estatuto está vigente desde 2004, según quedó establecido en el decreto 404-MP de 2004 y que el mismo se encuadra en la Ley Federal de Educación y la ya mencionada Ley de Educación Superior.
Sobre la Ley Federal de Educación, Castro Luna señaló que establece que la “Educación Superior debe ser gobernada por los docentes del sistema educativo”, mientras la de Educación Superior determina que el “ingreso a la carrera académica universitaria se hará mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición”. Asimismo, el opositor destacó el artículo 54, el cual fija que el cargo de rector durará como mínimo 3 años y que para acceder a él “se requerirá ser o haber sido profesor por concurso de una universidad nacional”.
Reafirmando este último, el opositor se refirió al estatuto 72 de este estatuto, que establece que “para ser designado rector o vicerrector, además de las calidades exigidas por la Ley de Educación Superior para acceder al cargo, se requerirá ser o haber sido profesor por concurso de una universidad nacional. Además, el estatuto agrega que se requiere, en su inciso D, ser o haber sido profesor titular ordinario de alguna universidad acreditada. Y en su inciso E, acreditar no menos de 5 años de actuación académica universitaria”.
Castro Luna luego manifestó que si se prestaba acuerdo para Catalfamo, el mismo iba a ser nulo y que se “pone en riesgo el funcionamiento institucional de la Universidad de La Punta”. “Luego, analizando el currículum de la postulante vemos que no tiene antecedentes docentes y no hay cursos de capacitación de posgrado y que no hay ningún cumplimiento de las normas”.
Por el oficialismo, quien habló y defendió la postura oficialista fue Diamela Freixes, apuntando a que la ley mediante la cual se creó la ULP, en su artículo 4, fija que el rector de la institución es propuesto por el Poder Ejecutivo y que el Senado debe prestar acuerdo. “Asimismo dispone que solo se aplica la Ley 24.521 (de Educación Superior) en aquellos temas que no estén contemplados en la ley provincial, y eso cuando no sea incompatible con la autonomía de la provincia. Asimismo es oportuno recordar que la ULP queda fuera del ámbito de aplicación de dicha ley, en virtud de que no forma parte del Sistema Educativo Nacional y sus títulos no se encuentran acreditados por la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)”, dijo Freixes.
La oficialista recordó además que los rectores que han sido previamente designados directamente por el Ejecutivo, incluyendo la gobernación de Poggi de 2011 a 2015, “no cumplían con los requisitos que ellos pretenden que cumpla Catalfamo”.
Para finalizar, Freixes sostuvo que el estatuto de la ULP no está vigente, razón por la cual los rectores anteriores fueron nombrados a dedo por el Ejecutivo, y que será tarea de la nueva rectora su creación y hacerlo cumplir.
Acto seguido, todos los presentes fuimos invitados a retirarnos para la votación secreta del acuerdo para Catalfamo. El resultado exacto de la votación nunca fue comunicado de manera oficial, más allá de que fue positivo para la senadora nacional.
