La semana pasada, La Gaceta Digital accedió en exclusiva a un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el cual constituye un nuevo capítulo en la larga disputa entre la gestión de Enrique Ponce en la Municipalidad de San Luis y el juez de Faltas, Alejandro Ferrari. Este round sin duda quedó en manos de Ferrari, ya que el STJ resolvió intimar al “Poder Ejecutivo Municipal para que en el término de (40) CUARENTA DÍAS presente ante el Superior Tribunal de Justicia un Plan de Acción que tienda a asegurar el adecuado funcionamiento del Juzgado de Faltas Municipal”.
El fallo, el cual habla de “un Juzgado que no cuenta con lo necesario para funcionar adecuadamente y prestar un servicio digno”, establece además que se van a aplicar “sanciones conminatorias por cada día de retraso en efectuar la requerida presentación”.
Este conflicto se originó en octubre del año pasado, cuando se conoció que la Municipalidad iba a iniciar un juicio político en contra del juez, ya que, informó el secretario de Hacienda, el juzgado recauda una tercera parte de lo que debería. Hoy en día, el pedido para iniciar este juicio se encuentra en un cierto estado de incertidumbre en el Concejo Deliberante, ya que la comisión Investigadora prácticamente no ha hecho nada en todo el año.
Por su parte, Ferrari contraatacó con esta demanda, la cual se resolvió en las últimas semanas, denunciando que la Municipalidad tiene al Juzgado de Faltas en un estado de abandono. “El juzgado es una mugre porque desde hace tres años que no tenemos personal de limpieza, tampoco notificadores, esto es una cargada permanente”, dijo el juez en declaraciones a radio Universidad. “Ellos han llevado al Juzgado de Faltas a la crisis que tiene, por ejemplo no pagando el sistema informático, no contratando a los notificadores necesarios y negándonos los recursos que necesitamos para funcionar bien”, le dijo Ferrari a El Diario de la República.
La instalación de este sistema informático se anunció con bombos y platillos a fines de 2016, en uno de los pocos, si es que no el único, momento de tregua entre la Municipalidad y el Juzgado de Faltas.
En esos mismos meses se conoció además que la Municipalidad “había dejado fuera” del aumento 2018 al juez y a los secretarios de Faltas. Si bien esto está establecido en la Carta Orgánica municipal, el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Esteban Pringles, argumentó que el aumento no llegaba al juzgado porque éste “no recauda para pagar los sueldos”.
“Un deficiente funcionamiento de la Justicia de Faltas por falta de personal y de elementos indispensables para el cumplimento de las funciones dadas por la Carta Orgánica Municipal, sin dudas afecta a la comunidad toda, por la deficiencia del servicio de justicia contravencional municipal, por cuanto impide la sanción de infracciones a las ordenanzas municipales, lo que trae como consecuencia la pérdida de conciencia del vigor de las normas en la ciudadanía, además del perjuicio al erario municipal en cuanto se impide el legítimo ingreso del producido pecuniario de las multas”, dice el fallo del STJ en sus considerandos.
En otra parte de los mismos, el STJ señala que el “conflicto descripto” produce una “debilidad institucional”, el cual afecta a los ciudadanos de San Luis, quienes “deben realizar trámites que, no es difícil advertirlo, serán de lenta expedición en un Juzgado que no cuenta con lo necesario para funcionar adecuadamente y prestar un servicio digno”; a la vez que señala que los empleados del juzgado “deben trabajar en las mentadas condiciones”.
De este modo, solo resta esperar que la Municipalidad presente el plan de acción para mejorar la situación del Juzgado y, lo que quizás sea aún más importante, ver de qué manera afecta el juicio político que la gestión Ponce impulsa en contra de Ferrari.
