La emergencia económica municipal contempla el cobro de servicios a través de empresas privadas

En el proyecto de emergencia económica, financiera, administrativa y del servicio público de transporte, se trata esta tarde en el Concejo Deliberante, no solo se incluye la quita de subsidios para el boleto estudiantil gratuito y jubilado, sino también la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda “celebrar convenios de recaudación y percepción de tributos y rentas diversas con organismos nacionales, provincial o municipales y/o con entidades públicas o privadas que perciben tarifas por el cobro de servicios”.

Si bien se habla de organismos nacionales, provinciales o municipales, este tipo de normas se utilizan principalmente para cobrar las tasas y servicios municipales a través de entidades privadas, siendo lo más habitual la utilización de empresas de energía eléctrica.

Esto se debe a que, generalmente, poco más del 50% de la población de la ciudad paga las tasas municipales, ya que servicios como el barrido y la recolección de basura nunca se dejan de prestar, a la vez que el agua es un derecho humano, por lo que rara vez se produce el corte del líquido elemento por falta de pago.

Sin embargo, la luz, al estar privatizada, es otra cuestión. La gente sabe que si no paga la luz, se la cortan y por eso el nivel de cumplimiento es muchísimo más alto.

Esto ha llevado a que muchísimos municipios, a lo largo y ancho del país, hayan celebrado convenios con distribuidoras de energía eléctrica para el cobro de sus servicios. De hecho, en San Luis también se aplica desde diciembre del año pasado, con municipios como Juana Koslay, San Jerónimo, El Morro, Estancia Grande, Alto Pencoso, Balde, Beazley, El Trapiche, El Volcán, La Toma, La Punta y Potrero de los Funes que implementaron esta medida.

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