Inmediatamente, el juzgado en cuestión libró un oficio, ordenando al jefe de la Comisaría Cuarta que proceda “a identificar a todos los ocupantes que permanecen en dicho establecimiento, labrando el acta contravencional correspondiente”; y también a intimarlos a que desalojen el edificio en el plazo perentorio de 3 horas desde la notificación y labrado de acta.
Al momento de escribir estas líneas, Martín Aragón, cuyo caso fue el detonante de esta protesta, informó que se ha tomado la decisión de cumplir la orden judicial y desalojar el edificio, pero emitiendo un comunicado para dejar en claro su disconformidad con la medida y la actitud del Gobierno provincial.
