La Municipalidad logró en el Concejo la aprobación del crédito para el pago de sueldos

Este mediodía, la Municipalidad de San Luis logró la aprobación, por 8 votos positivos a 7 negativos, de un crédito del banco Supervielle para así poder pagar los salarios municipales en una sola vez. El crédito es por una nómina salarial, por lo que asciende a unos 1.700 millones de pesos, según detalló la secretaria de Hacienda, Fabiana Malamud, en un contacto con la prensa previo a la sesión.

El tratamiento del proyecto empezó con una alocución del oficialista Mario Silvestri, quien fue prácticamente el único concejal de Cambia San Luis que habló en la sesión de hoy. Silvestri enumeró las siguientes “deudas impagas”:

– Proveedores y prestadores por $200 millones
– Combustible YPF por $51 millones
– Aporte de diciembre a Transpuntano de $300 millones
– Aportes de ART y seguros por $115.000 millones
– Liquidación de haberes del personal municipal por $1.653 millones
– Ayudas económicas por $30.000.000
– Liquidación del aguinaldo por $853.000.000

De acuerdo a Silvestri, “en poco más de 30 días se han podido gran parte de esos compromisos generados y no atendidos por la gestión de Tamayo”, pero todavía no alcanza para abonar los salarios en un solo pago, a pesar de las “medidas de austeridad” tomadas por la Municipalidad, como reducción de planta y de “gastos superfluos”. Por otro lado, Silvestri comentó que cuando se rechazó el empréstito, se “obligó a desdoblar”, lo cual simplemente no puede ser así, porque el desdoblamiento se anunció el 19 de diciembre, mientras que el empréstito se rechazó el 22.

Esto lo señaló en un monto la opositora Paulina Calderón, quien agregó: “Nos quieren tirar a nosotros la liquidación de los salarios. Pagar los sueldos es una decisión exclusivamente del Ejecutivo y tiene que priorizar qué gastos hace y que gastos no”, señaló.

Por el lado de la oposición, hablaron casi todos. Por ejemplo, Juan Martín Divizia dijo que “es gravísimo lo que está pasando” y que los concejales opositores son “víctimas de persecución”. En varias ocasiones también remarcó que el presupuesto 2024 fue “confeccionado por la secretaria Malamud” y aprobado por unanimidad. Otro eje de la oposición fue el Tratado de La Toma, pidiendo que la gestión de Gastón Hissa lo reclame.

A esto, Silvestri respondió: “En los papeles se aprobaron cosas con un presupuesto que la realidad en las cuentas bancarias no era lo que está planteado en ese presupuesto escrito”. De acuerdo al oficialista, la gestión iba a dejar 900 millones, pero “solo había 147”, por lo que estaríamos ante un faltante de 753 millones.

La respuesta llegó de la mano de Andrés Russo, ex secretario de Gobierno en la gestión Tamayo, quien comenzó diciendo que “hay que diferenciar entre lo que es una deuda y un gasto corriente”, señalando cuestiones como el consumo de combustible.

“No dejamos deuda, dejamos un municipio con una cuenta de 140 millones, porque la coparticipación empieza a entrar después del 10 de diciembre”, dijo el concejal, quien señaló que en diciembre deben haber entrado, como mínimo, “1.000 millones de recaudación”, lo que sumado a la coparticipación, debería alcanzar para cubrir la masa salarial de 1.600 millones, más aún con los despidos de gente que se han producido en las últimas semanas. “Los fondos alcanzan para pagar los salarios. Lo que pretenden es endeudar a los vecinos sin aclarar absolutamente nada, porque el proyecto no habla en ningún momento de qué monto”, sostuvo Russo.

Otra opositora que tomó la palabra fue Agustina Gatto, quien señaló que “en 40 años en la provincia de San Luis jamás se pagaron los sueldos desdoblados”, que el plan del actual oficialismo “es terminar el peronismo” y que “no han respondido por qué el intendente no reclama” el Tratado de La Toma.

Además, se refirió a un decreto publicado el pasado 12 de enero en el Boletín Oficial, donde se dispone, en el artículo 3, que la Municipalidad incorpora un ítem, equivalente al 86% del sueldo básico correspondiente a la categoría 24, a modo de reemplazo del Tratado de La Toma. “Si se hacen cargo del tratado de La Toma, tienen la plata”, dijo Gatto, señalando que a este artículo lo “incorporan por propia voluntad”.

“¿Cuál es el fin de todo esto? Nuestras fotos mañana en El Chorrillero. No nos van a amedrentar. Para ustedes, el Estado de derecho no existe. No hay otro municipio que esté en las mismas condiciones que la ciudad. Lo que hace la provincia hace la ciudad de San Luis. Hemos perdido la autonomía municipal”, fueron otros argumentos de la concejala opositora.

Continuando con la oposición, Gastón Témoli remarcó que “no se conoce la tasa de interés” del crédito, por lo que aprobarlo equivale a “un cheque en blanco”. Otro punto del opositor fue que este proyecto es “un empréstito” y que se “necesitan 10 votos (mayoría especial)” para aprobarlo. “Si quieren sancionarlo con mayoría simple, estarían cometiendo un delito” y un “fraude a la carta orgánica municipal”, argumentó.

La oficialista Johana Medina fue quien le respondió, refiriéndose al artículo 44 de la Carta Orgánica, el cual habla de “empréstitos y operaciones de crédito”. “Este proyecto es un crédito entre dos partes, donde aclara quiénes son los que toman el préstamo y quienes son los que dan el préstamo y es para un fin específico”, señaló la concejala.

Cabe señalar que, literalmente, la Carta Orgánica solo dice que forman parte de los recursos municipales “los empréstitos y operaciones de crédito”, pero no hace ninguna diferenciación al respecto. Luego, el artículo 45 habla solo de empréstitos, y señala que deben ser aprobados con dos tercios de los votos.

Medina, ante tantas manifestaciones de los opositores señalando que los empleados municipales hoy cobran por debajo de la línea de la pobreza, comentó que antes del Tratado de La Toma, estos mismos trabajadores estaban, valga la redundancia, “por debajo de la línea de la pobreza”.

La sesión culminó con la presidenta del Concejo cerrando el debate luego de que hablaran todos los oficialistas, a pesar de que algunos de ellos querían repetir, con la votación y aprobación del proyecto, y los opositores asegurando que recurrirán a la Justicia para que determine si era un empréstito o no.

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