“El pago de los alquileres no estaba incluido en el presupuesto 2013. Por eso se hicieron las correspondientes rescisiones con las inmobiliarias”, señaló Pringles.
El 28 de diciembre la Municipalidad dio por finalizado el contrato de locación con el obispado de San Luis por el inmueble ubicado en Colón 635, 2º piso, departamento 6, donde residía Barbaresi. Se pagaban $2400 mensuales.
Once días antes se hizo lo mismo con Carlos Daniel Amprino, propietario de la casa de la calle Alem 1171 donde vivió Hugo Silva, el secretario expulsado de la Municipalidad a comienzos de enero. El monto que se pagaba era de $6000 al mes.
El primer día hábil de este año, quedó sin efecto el contrato con Mario Ítalo Armando por el alquiler del inmueble ubicado en el piso 4 del edificio de Caseros y Pasaje Salta, sitio de residencia de Jacomet, cuyo monto mensual que se pagaba era de $4200.
Según el informe del Tribunal de Cuentas Municipal que La Gaceta publicó el año pasado, el pago de alquileres de funcionarios, donde habla del caso de Silva, “se trataría de un gasto no autorizado por la normativa legal, injustificado, contrario al principio de igualdad, al margen de la contribución del impuesto a las ganancias, que pone al estado municipal como obligado a responder frente a terceros por los actos del funcionario y su familia (cuidado y uso de la cosa) y que tampoco cumplió con el procedimiento previsto por la Ley de Contabilidad para el caso de las contrataciones autorizadas”.
“Sin duda, acá estamos ante una remuneración extraordinaria. La Municipalidad no le tiene que pagar el alquiler a ningún funcionario. Acá lo que técnicamente se está pagando es un sobresueldo y se está violando el artículo 12 de la Carta Orgánica Municipal”, dijo en una sesión en noviembre pasado el concejal opositor Carlos Rosso.
Por su parte, el edil kirchnerista Raúl Laborda consideró como una falta de ética el pago de los alquileres a los funcionarios, según declaró a este medio en octubre.
