Según informó la Agencia de Noticias Gubernamental, el gobernador Claudio Poggi firmó un decreto, junto al flamante ministro de Educación, Guillermo Araujo; ordenando la intervención de la Universidad de La Punta, dejando sin efecto el nombramiento de María Eugenia Catalfamo “de parte de la gestión que acaba de dejar el poder”. En el mismo comunicado de prensa se menciona “el irregular nombramiento de María Eugenia Catalfamo de parte de la gestión saliente”.
En este sentido, cabe recordar que Catalfamo fue nombrada por el Senado, tras ser postulada por el Poder Ejecutivo. Uno de los ejes del debate cuando se trató su nominación fue el estatuto de 2004, encuadrado en la Ley Federal de Educación, la cual, a su vez, establece que el “ingreso a la carrera académica universitaria se hará mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición”. La oposición de aquel momento (hoy oficialismo) también destacó el artículo 54, el cual fija que el cargo de rector durará como mínimo 3 años y que para acceder a él “se requerirá ser o haber sido profesor por concurso de una universidad nacional”.
Catalfamo no cumple con estos requisitos, pero desde el sector de Rodríguez Saá siempre apuntaron que la ley de creación de la universidad se modificó en 2008 y que ahí fue cuando se estableció el método por el cual fue designada la exsenadora nacional. “Cuando se modifica en el 2008 establece cómo debe ser designado el rector, a propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado y no menciona nada más. Como sabemos, en orden de prelación, las leyes superan a los decretos”, explicó Catalfamo, en una nota que dio para La Gaceta Digital.
Claramente, el equipo de Poggi considera que este proceso no fue válido y decidió intervenir la ULP. En su lugar, ingresa Luis Guillermo Quintas como interventor, acompañado por María Eugenia Vergés como Secretaria General y Marcelo Neme como Secretario Legal y Técnico. Como Quintas afronta algunos problemas personales, por ahora Vergés quedará a cargo de la casa de estudios hasta que el interventor normalice su situación. Los tres fueron puestos en funciones por el escribano General de Gobierno, Juan José Laborda Ibarra.
“El decreto explica que la designación de Catalfamo fue irregular desde el momento que ocupa una banca en el Senado de la Nación, cuando el estatuto de la universidad exige dedicación exclusiva al cargo. Además, la flamante ex senadora nacional no cumple con tres requisitos indispensables, ya que no fue nunca profesor titular de alguna universidad acreditada, tampoco tiene cinco años de actuación académica universitaria ni cuenta con experiencia en la dirección y gestión de organismos públicos o instituciones privadas, ni participó en proyectos de alcance internacional, como exige el mismo estatuto.
“El gobierno justificó la intervención de la Universidad de La Punta, ya que solo de ese modo puede garantizarse el normal y legal funcionamiento de casa de altos estudios y la validez de sus actos en el orden académico, administrativo, de extensión universitaria y demás actos institucionales, a los efectos de salvaguardar derechos fundamentales de estudiantes, docentes, personal administrativo y terceros. Como está en receso la Legislatura, el plazo de la Intervención será de seis meses y ad referendum de lo que decida ese cuerpo luego de cumplido el plazo”, concluye el comunicado oficial del Gobierno.
