AdemĂĄs, convocaron a una manifestaciĂłn para hoy a la tarde en plaza Pringles.

El dĂ­a de ayer, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Luis, el Partido Justicialista, la Municipalidad de San Luis y el Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS) fueron algunas de las tantas agrupaciones que repudiaron el fallo de la Corte Suprema que declarĂł aplicable el cĂłmputo del 2×1 para la prisiĂłn en un caso de delitos de lesa humanidad. La decisiĂłn de la mayorĂ­a, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cĂłmputo de la prisiĂłn, porque se trata de la ley mĂĄs benigna.

En conferencia de prensa, desde la APDH no dudaron un segundo en incluir a este fallo en el marco de “los hechos aberrantes que estĂĄn sucediendo en este periodo del gobierno de Macri”. “Van sacando medidas, de a una, de a ratos, pero van avanzando contra todo lo que habĂ­amos avanzado en el tema del juicio y castigo y la bĂșsqueda de la verdad de los hechos sucedidos en la dictadura”, comentĂł Lilian Videla, destacando ademĂĄs el rol de la iglesia CatĂłlica, que “intentĂł hacer un llamado de reconciliaciĂłn entre vĂ­ctimas y victimarios”.

Durante la conferencia de prensa, Videla ademĂĄs invitĂł a una manifestaciĂłn en contra del fallo, a realizarse hoy a las 17.30, en el Monolito de la Memoria ubicado en plaza Pringles. “40 años nos ha llevado toda esta lucha. Si las madres salieron durante la dictadura y resistieron a los militares, ÂżcĂłmo no vamos a seguir ahora? Estamos seguros ademĂĄs de que el pueblo nos va a acompañar porque creo que a esta altura el pueblo ya ha tomado conciencia de lo que fueron los crĂ­menes de la Ă©poca”, subrayĂł Videla.

A su vez, los abogados de la APDH, Carlos Pereyra y Norberto Foresti, señalaron que la ley del 2×1 no es aplicable a los delitos de lesa humanidad, ya que se trata de una ley “que tiene carĂĄcter procesal y que fue hecha circunstancialmente por la gran cantidad de detenidos que habĂ­a en esa Ă©poca en Argentina con prisiĂłn preventiva y sin condena”. Si dudarlo, los letrados calificaron el fallo de la Corte Suprema, basĂĄndose en una ley derogada, como “un fallo polĂ­tico”.

A este fallo de la Corte Suprema hay que sumarle el hecho de que, como informĂł La Gaceta en diciembre pasado, 21 de los 29 condenados en San Luis gozan de algĂșn beneficio, como salidas transitorias o una prisiĂłn domiciliaria con escasos controles.

Por el lado del PTS, la dirigente Johana GĂłmez destacĂł en particular que “Rosenkrantz y Rosatti fueron designados gracias a los votos de la bancada mayoritaria del Partido Justicialista y el Frente para la Victoria, entre ellos, los senadores nacionales de San Luis, Daniel PĂ©rsico, Adolfo RodrĂ­guez SaĂĄ y Liliana Negre de Alonso, junto a Cambiemos y hasta el GEN de Stolbizer, mientras que Highton de Nolasco fue impulsada por el propio kirchnerismo”.

“No debemos olvidar que para las elecciones de octubre, todo el peronismo se va a unir en listas comunes con quienes no sĂłlo votaron a estos jueces, sino tambiĂ©n todas las leyes de ajuste y entrega que impulsĂł el macrismo. Por eso, si bien estamos por la mĂĄs amplia unidad contra el nefasto fallo de impunidad para los genocidas, vamos a marchar de manera independiente con nuestras propias banderas”, dijo GĂłmez.

A su vez, el Partido Justicialista de San Luis consideró que “que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta a todas luces repudiable, porque en los hechos consagra la impunidad sobre la justicia, frente a lo cual las instituciones de la democracia están llamadas a continuar enarbolando las banderas de memoria, verdad y justicia, en resguardo de la vigencia irrestricta de los derechos humanos”.

En
cuanto al Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis, que fue el primer en manifestarse, remarcaron “que al permitir que se aplique la ley del dos por uno, ley derogada en 2001 y que se dictĂł para resolver una coyuntura en 1994, equipara un delito de lesa humanidad con un delito comĂșn”.

“El fallo exige que nos pongamos en alerta ya que refleja solapadamente una amnistĂ­a encubierta cuya gĂ©nesis viene vislumbrĂĄndose con varios otros fallos precedentes que ha dictado la Corte con la nueva integraciĂłn, entre ellos el que desconoce la autoridad de las decisiones de la ConvenciĂłn Americana de Derechos Humanos, como fue el fallo Fonteveccia”, continĂșa el comunicado del observatorio, el cual pide un “inmediato pronunciamiento de los legisladores nacionales que representan a San Luis en el Congreso Nacional, como son Adolfo RodrĂ­guez SaĂĄ, Liliana Negre de Alonso, Daniel PĂ©rsico, Berta Arenas, Ivana Bianchi, Luis Lusquiños, Claudio Poggi y JosĂ© Riccardo”

“Esta determinaciĂłn nos ofende porque los crĂ­menes de lesa humanidad son una ofensa para la sociedad y este fallo nos ofende doblemente”, dijo Francisco Ledesma, hermano de Pedro ValentĂ­n Ledesma, quien fue desaparecido durante la dictadura militar. “Creemos que hay que estar alerta porque esto es muy peligroso para las conquistas obtenidas con tanto esfuerzo durante 40 años por los organismos de derechos humanos. Hay que recordar que despuĂ©s de 30 años pudimos llevar a juicio a los genocidas y hoy graciosamente la Corte aplica esta ley de dos por uno aplicable a delitos comunes, pero no para lesa humanidad”, agregĂł.