Se refiere a la convocatoria para reemplazar a los cuatro legisladores electos impugnados. 
Diputados opositores de los bloques Radical, Participativo Sanluiseño, Movimiento Ciudadano, Más Vocación Sanluiseña y Acuerdo Cívico y Social presentaron un proyecto de declaración para que se derogue el decreto que convoca a elecciones en los departamentos Dupuy y Belgrano. El objeto del decreto es reemplazar a los cuatro diputados electos en 2009 del Acuerdo Cívico y Social cuyos títulos fueron impugnados y por lo tanto, no asumieron en sus bancas.
Además del pedido de derogación del decreto, el proyecto contempla el repudio al llamado a elecciones para diputados en Belgrano y Dupuy. Por otra parte, los artículos de la iniciativa, se remitirá los tres poderes a nivel nacional y al resto de las provincias, el proyecto
Los fundamentos sintetizados del proyecto dicen textualmente:
El 28 de junio del año 2009 se celebraron elecciones para renovación de cargos legislativos en todo el país. En nuestra Provincia le correspondió renovar las bancas de diputados provinciales a cinco departamentos: General Belgrano, Gobernador Dupuy, Junín, Coronel Pringles y La Capital.
Tras la presentación de candidatos de las distintas listas que participarían de la elección, los apoderados de los distintos partidos, alianzas y frentes pudieron realizar las impugnaciones que consideraron procedentes, luego se oficializaron las boletas, y se desarrolló el acto eleccionario con total normalidad, efectuándose el escrutinio provisorio en las mesas de votación y posteriormente la Secretaría Electoral con la presencia de fiscales y apoderados procedió a efectuar el escrutinio definitivo.
Todo este proceso que es controlado por el Poder Judicial con competencia electoral culminó con el acta final que elaboró la Secretaría Electoral con los resultados finales y definitivos del acto eleccionario, siendo dicha acta suscripta por los apoderados de los distintos partidos, alianzas y frentes que participaron de la elección. Como consecuencia de dichos resultados el Tribunal Electoral Provincial procedió a proclamar a quienes habían resultado elegidos para ocupar las bancas correspondientes de cada deparmento, haciéndoles entrega de los respectivos diplomas.
El propio juez con competencia electoral emitió oportunamente un comunicado aclarando que la proclamación de los candidatos electos era un acto jurídico firme, consentido por los apoderados de las listas que participaron de la elección y que el término para cualquier tipo de apelación estaba absolutamente precluido. Esto daba por tierra cualquier argumento que se pretendiera esgrimir como excusa para negarle al pueblo de los departamentos Belgrano y Dupuy el elemental derecho a tener en esta Cámara a sus legítimos representantes.
De lo antedicho queda absolutamente en claro que quienes fueron proclamados por la Justicia Electoral y recibieron sus respectivos diplomas debían jurar sus cargos en la Sesión Preparatoria del 07/12/09. Pero para sorpresa de quines confiamos en la buena fe de los integrantes de la Comisión de Poderes, los miembros del oficialismo en la misma, se negaron a aceptar los diplomas absolutamente válidos de los diputados electos de los departamentos General Belgrano y Gobernador Dupuy, por el sólo hecho de haber tenido los mismos el atrevimiento insoportable de ganarle las elecciones a las listas patrocinadas por los hermanos Rodriguez Saa.
Y poniendo por encima de sus deberes democráticos, republicanos y constitucionales, su ciega obediencia a las
órdenes de quienes recrean con estas actitudes un comportamiento mitad monárquico, mitad tiránico, sólo consiguieron ser la punta de lanza de un nuevo golpe de estado perpetrado por los hermanos Rodriguez Saa en nuestra Provincia.
Dicho golpe de estado se concretó el 23/06/10 cuando por dieciocho (18) votos a favor y diecisiete (17) en contra, la Cámara de Diputados (a la que cada día cuesta más llamarla Honorable), aprobó el aberrante despacho de la Comisión de Poderes elaborado tras seis meses de arduo estudio, y que en sus escasos ocho renglones no contiene un solo fundamento legal, jurídico o constitucional.
Es hora de preguntarnos: ¿Vivimos en San Luis en un estado democrático? La respuesta es No, porque no se respeta la soberanía popular. ¿Vivimos en San Luis en un estado republicano? La respuesta es No, porque el sometimiento del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo lleva al primero a renunciar a su más importante obligación constitucional, que es representar al pueblo que los eligió y no a obedecer órdenes para realizar actos inconstitucionales. ¿Se respeta en San Luis la soberanía popular? La respuesta es No, porque se le niega al pueblo de dos departamentos el derecho a que ocupen sus bancas los representantes que legítimamente eligió. ¿Qué calidad institucional tiene hoy San Luis en el contexto nacional?
La respuesta es que tenemos la peor calidad institucional del país, es decir que San Luis es la peor provincia argentina por su calidad institucional, ya que no hay antecedentes de que en otras provincias se niegue el primer derecho que tiene el pueblo en un sistema democrático, que es el de elegir y ser elegido.
El Artículo 29.- de la Constitución Nacional establece: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Aquellos que ocupando una banca y aprovechándose de una mayoría circunstancial se alzaron contra la voluntad popular por obedecer la orden del gobernador y de su hermano, renunciado a toda dignidad en el ejercicio de sus funciones y otorgándoles de esta manera la suma del poder público y las sumisiones y supremacías por las que el honor de los sanluiseños quedó a su merced, lo que hicieron fue producir un acto que lleva consigo una nulidad insanable y que sujeta a los dieciocho (18) diputados oficialistas a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.
Es decir que se pretende hacer una elección para elegir diputados que ya fueron elegidos por el pueblo y cuyo mandato vence el 09/12/13, con el agravante de que quienes perdieron la elección hicieron jurar los cargos a los integrantes de la minoría de ambos departamentos y ahora se pretende convocar solo por dos diputados, de forma tal que si el oficialismo vuelve a perder igual puede conseguir una banca y darse el insólito e inédito hecho de que debiendo elegirse tres diputados por un departamento, un partido pierde las dos elecciones y termina ganando 2 a 1 en cantidad de diputados. ¿Viveza criolla? ¿Picardía electoral? No, simplemente estafa a la voluntad popular y anulación definitiva del estado de derecho.
