Lo dispuso el Superior Tribunal de Justicia. 
El Superior Tribunal de Justicia, por Acuerdo 574/12, dispuso instruir a la Policía de la Provincia para que proceda a secuestrar todo vehículo que circule en el territorio provincial sin la debida documentación y, exhiban o no autorización judicial para circular, expedida por Jueces de la Provincia de San Luis. Los vehículos los que serán guardados en la Jefatura de la Policía de la Provincia.
En dicha acordada también se ordenó que dentro del plazo de 24 horas de realizado el secuestro, la Policía deberá informar lo actuado (datos del vehículo secuestrado, de la persona que conducía, de la documentación que se exhibió, etc.) al Superior Tribunal de Justicia, de lo que se dejará constancia en el expediente, “Superior Tribunal de Justicia – Sol. Medidas S/ Vehículos y/o Bienes Muebles Registrables (Ac. 239/12)”, Expte. 22-S-2012, remitiéndose luego mediante oficio al Procurador General de la Provincia para su conocimiento, y al Juez competente, a fin de que, por vía incidental disponga y realice, en estricto cumplimiento de los plazos legales, las medida necesarias.
De toda documentación que se secuestre, y/o exista en los legajos de cada expediente, se correrá traslado a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) para que verifique si existe incumplimiento de las obligaciones fiscales y se expida sobre la eventual responsabilidad por evasión fiscal.
El procurador general conforme las atribuciones de ley, instruirá a todos los agentes fiscales de las tres circunscripciones Judiciales, para que se presenten en las causas detalladas en el anexo y requieran de manera inmediata y urgente, la revocación de toda medida cautelar y/o depósito de los vehículos allí individualizados.
Las medidas dispuestas surgieron a raíz de la preocupación del Superior Tribunal de Justicia, al advertir informes policiales y judiciales, que en la Provincia existe una elevada cantidad de vehículos entregados en calidad de depósito judicial y/o tenencia precaria de los mismos a presuntos damnificados que alegaron haber comprado de buena fe.
