Ayer por la noche, desde la UTA (Unión Tranviarios Automotor) comunicó que este martes y miércoles se realizará un paro de transporte, al cual adhieren las empresas Transpuntano, Sol Bus, Panamericana y María del Rosario “debido a la falta total de voluntad conciliatoria frente a nuestros reclamos”.
Por otro lado, UTA comunicó que estos 2 días “que el resto del sector empresarial —BLANCA PALOMA SRL, PANAHOLMA SRL, JUANA KOSLAY SRL- han arribado a un acuerdo por lo que el servicio de los corredores a su cargo serán prestados con total normalidad”.
En este sentido, la UTA, claramente no felices por la no adhesión de este sector, finalizó su comunicado con las siguientes palabras: “Instamos al Sector empresarial disidente a retomar el camino del dialogo y consenso respetando no solo a nuestros afiliados sino a todos los usuarios sanluiseños”.
Por el lado del Gobierno, la secretaría de Transporte exige que el transporte opere al 50% durante el paro de la UTA, destacando además que el mismo afecta a unos 160.000 trabajadores.
“En medio de una semana ya recortada por los feriados de Semana Santa, el transporte se ve aún más comprometido por la decisión de la UTA de llevar a cabo un paro, a pesar del aumento que sufrió el boleto y de que la Provincia se hizo cargo de los subsidios que dejó de enviar la Nación. Esta medida dificulta el desplazamiento de los usuarios para cumplir con sus obligaciones diarias, tales como ir al trabajo, estudiar, acudir a consultas médicas, trasladarse entre localidades por motivos específicos y atender asuntos particulares, generando un impacto significativo incluso en la economía de San Luis”, comunicaron desde el Gobierno.
“Dado que se trata de un servicio de importancia trascendental para la ciudadanía, es imprescindible que el funcionamiento de la frecuencia de colectivos no sea inferior al 50%, tal como lo establece la ley N°25.877, modificada por el art. 97° del DNU que emitió el Presidente de la Nación. Por esta razón, la dirección de Transporte intimó a las empresas prestatarias del servicio para que presenten un Plan de Emergencia para garantizar el cumplimiento de esta normativa. En caso de incumplimiento, las autoridades competentes podrían aplicar sanciones”, agrega la nota publicada en la Agencia de Noticias gubernamental.
