De la información analizada y procesada tras las inscripciones, surge que un tercio de los inscriptos corresponde a grupos integrados por dos personas, otro de tres y el restante de cuatro o más personas. De igual manera, se destaca que el 25% de los inscriptos procede de otras provincias, en su mayoría de Mendoza y Buenos Aires. Otro dato obtenido indica que el 60% de los titulares cuentan con ingresos que van de los $2.000 a los $6.000 mensuales.
Tomando como promedio un grupo familiar de 3 personas, y multiplicándolo por el número de inscriptos, se puede fácilmente llegar a la conclusión de que en la provincia hay más de 40 mil personas que todavía no han logrado cumplir el sueño de la vivienda propia. Obviamente, decir que este número de personas vive en la calle sería una gigantesca exageración, pero sin lugar a dudas la realidad dista mucho del panorama que Alberto Rodríguez Saá y Poggi pintaron durante sus campañas, asegurando que en San Luis “no hay déficit habitacional”, y se acerca mucho al ofrecido por la oposición.
Por otro lado, cabe destacar que estos nuevos planes de viviendas sociales del Gobierno finalmente han recibido sus correspondientes nombres, Progreso y Sueños. De los 13.585 inscriptos, puntualmente, 10.101 personas escogieron el plan Progreso, cuya cuota es de $350, y 3.184 ciudadanos eligieron Sueños, de $500. De todos estos inscriptos, solo mil recibirán su casa este año, si todo sale bien.
Volviendo a D’Onofrio, el ministro procedió a explicar el 2do artículo del decreto firmado ayer, el cual fija los “parámetros generales de primacía para considerar, por la autoridad de aplicación, en la adjudicación de las viviendas”, los cuales “se van a establecer sucesivamente y por el orden indicado cuando existiera paridad de condiciones”. En pocas palabras, si hay empate en el primer criterio, se tomará en cuenta el segundo. Si la igualdad continúa, se considera el tercero, y así sucesivamente.
Los parámetros son los siguientes:
1- Familia numerosa: Prevalecerá el grupo que tenga mayor cantidad de integrantes.
2- Vulnerabilidad social: Prioridad a los grupos familiares que tengan a mujeres como jefas de hogar.
3- Niñez y adolescencia: Prevalece el grupo que mayor cantidad de niños y/o adolescentes tengan entre sus integrantes.
4- Vulnerabilidad económica: Prevale el grupo que menor ingreso per cápita tenga.
5- Arraigo: Prevalecerá el titular que tenga mayor tiempo de residencia en la provincia de San Luis.
A su vez, se ha fijado que el 10% de las viviendas sociales deberán destinarse a grupos que tengan entre sus integrantes a una persona con capacidades diferentes. Desde el Gobierno aseguran que toda la operatoria se rige bajo las normas ISO 9001, que reconoce el más alto grado de trasparencia a un acto administrativo que emana del Gobierno.
En ese marco, el próximo lunes 30 se llevará cabo, en San Luis capital, un acto en el cual se procederá a entregar los certificados de preadjudicación a las primeras 500 familias preadjudicadas. La actividad se desarrollará en el mismo sector en el cual prontamente se iniciará la construcción de las viviendas, la zona norte de la ciudad. Al día siguiente se hará lo mismo en la ciudad de Villa Mercedes, en el Complejo Urbanístico La Ribera. Ambas ceremonias se celebrarán a las 19:00.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Obra Pública, José María Emer, agregó que durante febrero se emitirán las boletas mediante las cuales los preadjudicatarios deberán ir abonando las cuotas correspondientes a sus viviendas. Las mismas serán enviadas a los domicilios declarados en la inscripción.
