En una conferencia de prensa realizada el pasado martes, Enrique Ponce, Defensor del Pueblo de San Luis, presentó ante la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica una impugnación al aumento tarifario del 24% otorgado a la distribuidora de energía eléctrica Edesal. Ponce argumenta que la solicitud de aumento se basa en “gastos simulados, no reales”, y destacó que desde la Defensoría han solicitado al regulador que reconsidere su decisión.
“Hicimos una presentación pidiéndole al ente regulador que vuelva sobre sus pasos, como se dice en la jerga usual de los recursos de reconsideración, a los efectos de que no dé lugar al aumento tarifario que pide Edesal y eso lo hacemos con sustento de lo que dice la propia ley”, declaró Ponce.
El defensor del Pueblo fundamentó su impugnación en el artículo 30 del contrato de concesión, que establece que las revisiones tarifarias integrales deben basarse en parámetros reales respecto de las inversiones, gastos y costos. Según Ponce, Edesal ha utilizado un cálculo que simula ser una empresa nueva en un mercado monopólico, considerando datos como el crecimiento de la población y la cantidad de potencia necesaria para los próximos cinco años, basados en gastos teóricos.
“El contrato de concesión dice que tienen que pedir la revisación tarifaria integral en base a datos reales. ¿Qué gastos reales tienen? ¿Qué inversiones son necesarias? ¿Qué inversiones realizaron? Entonces eso es lo que no se está cumpliendo”, sostuvo Ponce.
El Defensor del Pueblo también criticó la falta de acceso a la información, señalando que la Comisión Reguladora no ha cumplido con el artículo 2 de la ley 24.065, que establece la obligación de proporcionar toda la información necesaria y que debe estar disponible en la página web.
“Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que venir y dar esa información, cosa que no se está cumpliendo. Entonces, justamente, hay dos informes que son el informe que se hizo después de la audiencia pública y el informe final en el cual basan sus argumentos para tomar la resolución”, afirmó Ponce.
En cuanto a los plazos, Ponce explicó que la ley establece un plazo de 20 días para que la Comisión Reguladora resuelva, y en caso de rechazo, la autoridad del Ministerio de Obras y Servicios Públicos deberá tomar la decisión final. “Queremos la respuesta y la queremos cuanto antes. O sea, que no significa que tengan que esperar 20 días hábiles para responder. Pueden hacerlo mañana mismo”, enfatizó el Defensor del Pueblo.
La impugnación de Enrique Ponce se suma a la preocupación de diversos sectores de la sociedad de San Luis, que cuestionan la transparencia en la toma de decisiones y exigen una revisión justa de las tarifas eléctricas. La Comisión Reguladora deberá ahora evaluar los argumentos presentados por Ponce y decidir si procede el aumento tarifario otorgado a Edesal.
