Este viernes, trece familias de los departamentos Junín y San Martín recibieron las llaves de sus nuevos hogares. Cinco corresponden a la localidad de Talita y ocho a Las Lagunas.

En Talita, las adjudicatarias fueron las hermanas Fátima y Florencia Brito, su prima Gabriela Brito, María Sandade y Ruth Ortiz. Fátima, la primera en ingresar, expresó su felicidad por concretar este proyecto familiar junto a su pareja y sus hijos. “A la brevedad vamos a empezar la mudanza”, contó.

Ruth Ortiz también relató la emoción de dejar atrás los años de alquiler: “Es un techo para mis hijos, que tanto soñaba. Nunca me imaginé que iba a salir mi número. Nunca tuve suerte en los sorteos, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de salir premiada con la casa”, dijo.

En Las Lagunas, las beneficiarias fueron Romina Escudero, Vanesa Pallero, Milagros Moya, Blanca Godoy Torres, Clara Faria, Belén Funes y Yazmín y Lía Godoy. Todas destacaron la importancia de acceder a un hogar propio en un contexto económico difícil. “Es un sueño, tener la casa propia. Tengo 26 años y dos hijos. Hoy en día está muy difícil hacerse una casa. Así que de todo corazón, le agradezco un montón”, señaló Belén Funes.

Otra de las vecinas, Milagros Moya, adelantó que planea instalar un kiosco en su nueva vivienda. Blanca Godoy Torres, en tanto, dijo que pensaba mudarse en el transcurso del día: “Creo que hoy ni voy a comer de la emoción”, afirmó.

Varias familias relataron que llevaban años esperando esta oportunidad. “Esperé 18 años mi casita y creo que todavía no caigo”, dijo Romina Escudero, mientras que Blanca contó que hasta ahora vivía en lo de su madre y que quizá se la lleve a compartir el nuevo hogar.

El gobernador Claudio Poggi, presente en ambos actos, remarcó la dimensión social de la política habitacional: “Se inscribieron 65 mil familias. Si multiplicamos por tres, hablamos de 180 mil personas, un tercio de la población sin vivienda propia”. También aseguró que las entregas continuarán: “Todos los años va a haber entrega de viviendas para alcanzar la totalidad de los inscriptos”.

Por otra parte, destacó el impacto económico de estas obras: “Cada vivienda genera por lo menos tres o cuatro puestos de trabajo”.

El jueves 21 de agosto, personal de la División Lucha contra el Narcotráfico (U.R.O.P. 6), en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, desarticuló dos centros de distribución y comercialización de drogas, en un operativo interjurisdiccional entre las provincias de San Luis y Córdoba.

Uno de los procedimientos se realizó en un domicilio ubicado en calle Cuesta del Tren al 600, en la ciudad de Villa de Merlo. El otro tuvo lugar en calle Pública s/n, paraje Cruz de Caña, departamento San Javier, provincia de Córdoba.

Entre los elementos secuestrados se detallan:
Florescencias con características similares a la planta de cannabis sativa, con un peso equivalente para la elaboración de 2.715 dosis, valuadas en $9.502.500 en el mercado ilegal.

• 36 plantines de cannabis sativa.
• 129 semillas de cannabis sativa.
• 9 plantas de cannabis sativa en proceso de secado.
• 1 balanza digital.
• 2 teléfonos celulares.

Por disposición de la Fiscalía Descentralizada de Villa Mercedes, se ordenó la detención del responsable del punto de venta al menudeo: un hombre de 32 años, con domicilio en el paraje Cruz de Caña, provincia de Córdoba, y residencia transitoria en la calle Cuesta del Tren al 600, Villa de Merlo, provincia de San Luis.

Este viernes, los docentes de la Escuela Pública Digital Albert Einstein informaron que levantarán el paro de 72 horas previsto para la próxima semana, tras recibir la promesa de un incremento salarial que comenzaría a aplicarse con los haberes de agosto. La decisión fue tomada luego de una asamblea en la que participaron los tres niveles de la institución: inicial, primario y secundario.

Según el comunicado difundido hoy, la propuesta fue transmitida por los directivos escolares y provino del Prof. Luciano Páez, Director de Capacitación y Enseñanza Escolar de la Universidad de La Punta (ULP). El plan contempla iniciar un proceso de recomposición salarial y mejoras laborales, con un primer aumento que se reflejaría el viernes 29 de agosto. El objetivo es alcanzar un 60% de incremento, correspondiente al desfasaje que existe entre lo que cobra actualmente el personal de esta escuela y lo que perciben otros docentes públicos o privados con igual carga horaria.

Sin embargo, la propuesta no llegó por escrito, sino que fue comunicada de manera oral. En un audio enviado a este medio por un docente que pidió permanecer en el anonimato, se explica que la cadena de comunicación fue informal: del gobernador al ministro de Educación, de este al rector de la ULP y, finalmente, a los directores de cada nivel. “Nos pedían un voto de confianza para que levantáramos la medida de la semana que viene, con la condición de que el viernes veríamos reflejado un cambio en los sueldos, un primer paso de la recomposición salarial, aunque no el total”, señaló.

De acuerdo a lo transmitido, el incremento será escalonado y se completaría en diciembre. Pese al gesto de buena voluntad, el cuerpo docente advirtió que, si la promesa no se cumple o no se presenta un plan claro de mejoras, retomarán las medidas “con mayor firmeza”.

El comunicado también confirmó que no se retomarán las actividades de jornada extendida hasta contar con una resolución formal y favorable. Entre los reclamos que siguen vigentes, los docentes destacaron la estabilidad laboral real, la reconsideración de la carga horaria y el reconocimiento pleno de la antigüedad.

Finalmente, agradecieron el acompañamiento de las familias durante el conflicto, subrayando que su compromiso “fortalece y motiva” a los equipos educativos. “Nuestra prioridad sigue siendo el dictado de contenidos y el cierre de trimestres, siempre poniendo en primer lugar a nuestros alumnos”, remarcaron.

Hasta el momento, ni la ULP ni el Gobierno provincial han emitido declaraciones públicas sobre este acuerdo.

Este viernes se promulgó una ordenanza que dispone la reducción del 50% del salario bruto de la intendente Antonella Macías, los funcionarios de su Gabinete, concejales de la localidad y los asesores políticos del cuerpo legislativo como una medida de “contención presupuestaria” ante la emergencia económica que atraviesa el municipio ante la baja en la coparticipación municipal. Un artículo de la ordenanza establece que la medida no incluye a los trabajadores de planta permanente ni contratados.

La medida se concreta a través de la ordenanza IV-017-2025 denominada “reducción de haberes y dietas”. Tiene como fundamentos que la Municipalidad de Quines atraviesa una emergencia económica, social, administrativa y financiera ante “la notoria y sostenida disminución en los ingresos de la coparticipación provincial, la cual ha comprometido el cumplimiento regular de las funciones del Estado Municipal”. Por lo tanto, “corresponde implementar medidas de contención presupuestarias que recaigan exclusivamente sobre los niveles jerárquicos de la estructura política, sin afectar en forma alguna los derechos adquiridos ni las condiciones laborales del personal de planta permanente”.

El artículo 3 la ordenanza establece que se la medida de reducción salarial no “alcanza ni afectará en forma alguna a los trabajadores de planta permanente y contratados”.

La ordenanza de reducción de haberes y dietas se enmarca por las facultades otorgadas por la ordenanza Nº IV-016-2025. Esta normativa declaró el estado de emergencia pública en la Municipalidad de Quines y “ha facultado tanto al Departamento Ejecutivo Municipal como al propio cuerpo legislativo, a adoptar medidas excepcionales y urgentes que garanticen el equilibrio presupuestario, la prestación de servicios básicos y la continuidad institucional.

La ordenanza de reducción de haberes y dietas fue aprobada por el Concejo Deliberante de Quines el jueves 14 de agosto, la intendente Macías dispuso su promulgación este martes y hoy se publicó en el Boletín Oficial.

Un trascendido indica que el salario de la intendente era de $7 millones y los concejales cerca de los $3 millones.

En una reunión ampliada el jueves por la noche en el Círculo Médico de San Luis (CMSL), profesionales nucleados en el institución se comprometieron a no convertirse en prestadores directos de DOSEP. Hace unos días, la obra social provincial decidió rescindir el convenio el CMSL en un contexto de falta de acuerdo en el aumento de las prestaciones.

“Durante el encuentro, se explicó detalladamente el camino recorrido en las negociaciones y se destacó la clara voluntad de la institución de alcanzar un acuerdo que garantice condiciones justas para todos los profesionales. También se analizaron distintas opciones que permitan avanzar en una solución sostenible. De manera unánime, los presentes ratificaron su apoyo a la Comisión Directiva y el compromiso de no convertirse en prestadores directos de DOSEP, entendiendo que la unidad resulta fundamental para defender la dignidad profesional y la calidad del servicio a los pacientes”, dice parte de un comunicado del Círculo Médico.

Desde hace más de tres meses que había negociaciones entre las partes para acordar un aumento en el valor de las prestaciones. El Círculo Médico de San Luis decidió esta semana implementar el pago de un plus de $1.000 que es el equivalente al 6% de aumento salarial de un empleado público. Ante esa medida, DOSEP decidió rescindir el contrato con CMSL al considerar que hubo un incumplimiento por el cobro del plus, y se anunció la contratación directa de los profesionales.

En una conferencia de prensa brindada este jueves, el director de DOSEP, Arturo Vergara, manifestó que el CMSL no aceptó la propuesta de una suba del 10% graduar en las prestaciones.

Por su parte, el CMSL pretendía que el aumento salarial del 6% a los empleados públicos se aplicara a las prestaciones y que se implementara un 10% de incremento pendiente antes de las elecciones provinciales de mayo.

Vergara hizo un repaso de las subas otorgadas a los profesionales del Círculo Médico. “Tomando un año para atrás, hablamos de un aumento del 172% por ciento de la orden de consulta versus una inflación interanual del 42% por ciento. O sea, más de cuatro veces la recomposición en el último año. Si tomamos solamente este año, el aumento fue del 26% por ciento contra un 17,28% por ciento de inflación acumulada. Si tomamos la facturación en los últimos seis meses, en enero fueron $550 millones y en junio, $1.045 millones, más de un 80% más”, dijo Vergara.

El director afirmó que “todos los profesionales siguen trabajando de forma normal con la obra social”. La relación con los profesionales es directa y están todos inscritos en la obra social como prestadores, pueden emitir sus órdenes. Este caso, con esta situación con el Círculo, lo único que cambia es la forma de pago directa a los profesionales que elijan seguir trabajando con nosotros”.

Por su parte, la ministra de Salud, Teresa Nigra, fue crítica respecto a la relación con la Comisión Directiva del Círculo. “Con la Comisión Directiva actual se nos hace imposible seguir la relación”, dijo.

El conflicto entre DOSEP y el CMSL está lejos de terminar y habrá novedades en las próximas horas.

El conflicto en 2025

Los conflictos entre la obra social y el Círculo es algo que sucede prácticamente todos los años y 2025 no es la excepción. Hay que recordar que en enero, el Círculo Médico de San Luis amenazó con cortar las prestaciones a la obra social ante la falta de pago de expedientes desde la última semana de octubre hasta el 24 de noviembre. Un par de días después, DOSEP pagó la deuda.

Este jueves, el gobernador Claudio Poggi encabezó una ceremonia de asunción de nuevas autoridades del gabinete del Poder Ejecutivo en el Salón Blanco. Puso en funciones a Hugo ‘Pipo’ Rossi al frente de la recientemente creada secretaría de Política Habitacional, a Natalia Carranza como secretaria de Legal y Técnica y a Fabiana Zárate en el cargo de fiscal de Estado.

Poggi inició la ceremonia con la toma de juramento a Rossi. “¿Jura por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo por el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la Constitución y las leyes?”, preguntó el Gobernador, a lo que recibió como respuesta un contundente “¡Sí, juro!”. La asunción como nuevo secretario de Política Habitacional fue oficializada a través de la lectura y firma del escribano de Gobierno, Juan José Laborda Ibarra, además del mismo Rossi y Poggi.

Luego, replicaron el procedimiento para poner en funciones a Carranza y, finalmente, a Zárate. En cada rúbrica, las demás autoridades y los allegados, familiares y seres queridos de cada funcionario irrumpieron en celebración. “Los felicito por este desafío, todos los éxitos para lo que viene y les agradezco también la tarea que desempeñaron hasta hoy”, enfatizó el Mandatario.

Poggi se refirió específicamente a cada uno de los que asumieron nuevos cargos. Sobre Zárate, quien hasta este jueves ocupó el rol de secretaria de Legal y Técnica, tuvo palabras elogiosas, remarcando con especial énfasis lo logrado en materia del Boletín Oficial Digital. “Realizó un trabajo muy intenso de servicio a otras áreas, porque ella fue quien supervisó previamente los más de 17.000 decretos que firmé, que son ni más ni menos que acciones públicas que se inician, para garantizar que no existiera un error”, explicó el Gobernador.

En la misma línea, destacó la labor que venía realizando Carranza, quien se desempeñaba hasta ahora como secretaria de la Sala Administrativa de la Fiscalía de Estado y ahora ocupará el rol de secretaria de Legal y Técnica. “Ella también cumplía la labor de observar, tanto antes como después, cada decreto firmado. Hay una obligación legal de que tengan las vistas de Contaduría, por tema presupuestario, y de Fiscalía por el tema legal, para que no sea declarado nulo. Estamos sumando a una persona con mucha experiencia en derecho administrativo y muy comprometida. Bienvenida”, expresó el Mandatario.

Por último, se refirió a ‘Pipo’ Rossi, quien cumplió un rol preponderante en cumplir con los 1.500 inscriptos pendientes de los planes ‘Progreso’ y ‘Sueños’, quienes ya recibieron su ansiado hogar o lo recibirán en los próximos meses. Ahora, a través de la promulgación de la ley de Emergencia Habitacional, tendrá la misión de continuar con las políticas de escrituración, readjudicación y protección de la vivienda, además de encarar la siguiente etapa del nuevo plan habitacional ‘Tenemos Futuro’, cuyas inscripciones cerraron el 21 de julio.

El Gobernador recordó que a partir de la declaración de Emergencia Habitacional, la mitad del presupuesto destinado a infraestructura sería invertido en soluciones habitacionales. “Rossi tendrá la tarea de articular con Obras Públicas y Desarrollo Humano y administrar en forma transparente las adjudicaciones que vamos haciendo. El acceso a la vivienda ha vuelto a San Luis para quedarse”, concluyó Poggi.

Fuente: ANSL