El proyecto de ley de emergencia económica enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura ya generó fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición, a pocos días de que comience su tratamiento en la Cámara de Diputados, posiblemente el próximo miércoles. La iniciativa contempla, entre otros puntos, la creación de un fondo social y solidario equivalente a dos meses de sueldos estatales y erogaciones del Plan de Inclusión, como medida preventiva ante una posible mayor caída de la coparticipación nacional.

Desde el oficialismo, la presidente del bloque, Eugenia Gallardo, respaldó el proyecto y aseguró que su objetivo es resguardar el funcionamiento del Estado frente a la caída de los recursos nacionales que argumenta el poggismo. “Estamos viviendo una situación muy crítica a nivel de recursos, somos una provincia Nación dependiente. Los recursos de la coparticipación conforman más del 70% de nuestros recursos y estos recursos de coparticipación nacional están disminuyendo mes a mes. Se hace necesario implementar medidas de autoajuste ya no tanto de saneamiento como fue al principio, sino de preservar el no nombramiento, por ejemplo, de personas a la administración pública provincial. Esto ya estaba establecido desde que comenzó la gestión de Poggi.”

Gallardo también se refirió la creación del fondo social y solidario que plantea el proyecto: “La obligación que se auto impone el Gobierno la conformación de un fondo, una reserva que tiene un monto similar a todos los recursos que el Estado necesita para poder pagar sueldos tanto a la administración pública central, centralizada, a las escuelas que reciben subsidios para su funcionamiento y al Plan de Inclusión Social, suman un importe que es similar al importe que ustedes vieron reflejado en ese superávit que se mostró en la cuenta de inversión.”

La cuenta de inversión 2024 del Gobierno provincial tuvo un superávit cercano a $190.000 millones.

La titular del bloque oficialista considera que el proyecto de emergencia económica “es una cuestión de previsión, no es una situación crítica. Por ahora no está en riesgo pero vienen disminuyendo mucho los aportes, las transferencias que hace el Gobierno nacional a la provincia en concepto de coparticipación, se suma la posible reconfiguración de entes nacionales que hoy ya no van a estar en la provincia. Creo que se viene una situación tal vez más crítica de la que sospechamos.”

La visión opositora

Desde la oposición, la diputada Silvia Sosa Araujo cuestionó duramente la urgencia del gobierno de Claudio Poggi por aprobar una nueva ley de emergencia, cuando todavía está vigente el Decreto N° 150, que ya había declarado la emergencia pública en múltiples áreas hasta diciembre de 2024, con una prórroga de un año.

Sosa Araujo también cuestionó el procedimiento legislativo elegido por el Ejecutivo para prorrogar aspectos del decreto vigente: “Como está vigente este decreto, en el día de hoy (este miércoles) yo hacía la presentación de solicitar la derogación de ese decreto. Lo anuncié la semana pasada y el mismo día que anuncié, se arma el expediente para pedir una nueva prórroga de la ley de emergencia que dentro de la técnica legislativa no es correcto, porque ya la vigencia venció. Si quieren hacer una nueva ley tienen que hacerla nuevamente declarando una emergencia y no haciendo una prórroga de ciertos artículos que pretendían. Si la emergencia dura un año prorrogable por un año, no podías aplicarlo por cuatro”.

Finalmente, la legisladora apuntó contra la posibilidad de evadir procesos administrativos mediante la declaración de emergencia. “La emergencia le permite salir de la Ley de Contabilidad. Al haber una emergencia, vos te corrés de la Ley de Contabilidad, en este caso, teniendo en cuenta los los montos, debería hacerse una licitación pública y lo que se están haciendo en estas construcciones de vivienda, que recién está terminando las del período que él anunció 2011, 2015 y todavía no las termina.”

En una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y un empate inesperado, el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis aprobó este jueves las cuentas de inversión correspondientes al ejercicio 2024 de la Municipalidad, primer año de la gestión del intendente Gastón Hissa. La votación finalizó 7 a 7, y fue la presidenta del cuerpo, Laura Sánchez, quien desempató a favor del oficialismo con su voto doble. La abstención del concejal Mario Silvestri, integrante del mismo espacio político, fue determinante para el resultado y generó una nueva señal de tensión interna.

La primera en tomar la palabra fue la concejal oficialista Micaela Medina, quien defendió el despacho por mayoría y destacó que “es fundamental” que el municipio haya cerrado el año con un superávit de 3.465 millones de pesos. Según explicó, el ejercicio comenzó con un déficit de caja de más de 41 millones, que hacia fines de enero ya superaba los 2.000 millones, producto de obligaciones contraídas por la gestión anterior “que estaban impagas y sin fondos previstos”, como sueldos, aguinaldos, cargas sociales y aportes a Transpuntano. Medina valoró que se haya revertido esa situación y se haya alcanzado “un superávit gemelo, tanto presupuestario como financiero”.

En su presentación, la concejal detalló que los ingresos corrientes se presupuestaron inicialmente en 33.489 millones y alcanzaron los 53.604 millones. De ese total, se ejecutaron 49.109 millones, lo que representa un 92%. También destacó que los ingresos tributarios ejecutados ascendieron a 31.212 millones, mientras que los no tributarios fueron de 16.602 millones, superando ampliamente lo presupuestado. Estos últimos incluyen recaudación por estacionamiento medido, rentas municipales e inversiones en fondos FIMA.

Medina también explicó una discrepancia advertida por el Tribunal de Cuentas en la liquidación de recursos coparticipables, producto de que la Contaduría General liquida conforme a la fecha de recepción, mientras que la Tesorería realiza la transferencia en fecha posterior. Según el oficialismo, el ingreso por anticipos de coparticipación fue correctamente presupuestado, y “queda claro que es un adelanto de un futuro cobro, o sea estamos adelantando en tiempo algo que es nuestro”.

En relación a los fondos FIMA, que la oposición tanto ha criticado el último año y medio, señaló que están depositados 5.576 millones y que han generado un rédito de 2.182 millones, “cuyo importe fue verificado con documentos de respaldo”. También remarcó un saldo positivo final de 4.410 millones en las cuentas de inversión, incluso considerando las 12 cuotas restantes a descontar por los anticipos de coparticipación.

Otro eje fue la comparación con el uso de entes descentralizados durante el último año de la gestión de Sergio Tamayo. Medina puso el foco en el Centro de Logística, que en 2023 había ejecutado 4.700 millones y en 2024 apenas 822 millones. También mencionó fuertes reducciones en los entes de Noticias y Comunicaciones, y el Cultural y Turístico. “Los entes presentan responsablemente la situación en su aspecto contable”, afirmó. En cuanto a Transpuntano, dijo que su déficit se redujo de más de 7.000 millones en 2023 a 3.345 millones en 2024.

La respuesta de la oposición no tardó en llegar. Andrés Russo, concejal del PJ y ex secretario de Gobierno durante la gestión Tamayo, sostuvo que “a un año y medio de la gestión Hissa, siguen hablando de la gestión Tamayo”. “Tienen una obsesión tremenda”, acusó, y cuestionó la narrativa de un “estado fundido”. Según Russo, desde el oficialismo “nunca pudieron certificar” las deudas heredadas, y recordó que la gestión Hissa intentó sin éxito que el Concejo aprobara un endeudamiento de 21.000 millones. “Como no les permitimos endeudarse, empezaron otro tipo de negocio”, dijo en referencia a la colocación de fondos en plazos fijos y al uso de los anticipos de coparticipación.

Russo enumeró depósitos realizados por el municipio en plazos fijos y fondos FIMA desde enero: 167 millones en el primer mes, 938 millones en febrero, 3.600 millones en marzo y montos aún mayores en los meses siguientes. “Propongamos al señor Hissa como Nóbel de economía. De un estado quebrado a tener en el primer trimestre 3.000 millones en plazo fijo. La verdad que es un genio o todo lo que dijo es mentira”, ironizó.

El concejal advirtió que el total de los anticipos de coparticipación recibidos fue de 5.900 millones, y que si bien la Secretaría de Hacienda consideró que no alteraban el presupuesto, hubo 1.885 millones que no se asentaron contablemente. “Esto significa que están disponibles para ser gastados y no están incorporados en la contabilidad”, denunció. “Cinco veces presentaron el cuadro de recursos y en ninguna parte se habla de los 1.885 millones de pesos”, añadió.

Según Russo, esos fondos fueron usados sin registrarse en el ejercicio correspondiente. También señaló que el municipio informó que quedaban 1.855 millones a devolver en 12 cuotas, pero que hubo una diferencia de 30 millones, que se explicó como un error de tipeo. “Pero se equivocaron acá, se equivocaron acá y acá”, dijo, mostrando planillas durante la sesión.

En cuanto a los fondos FIMA, sostuvo que “alguien está ganando con esto, si no sabemos de cuánto es el interés porque es dinámica, todos los días cambia”. También acusó al Ejecutivo de realizar compras directas a sociedades anónimas con los mismos dueños: “Le compran al más barato, pero los tres presupuestos son de la misma persona”. Y concluyó: “Celebramos que tengan un fondo anticrisis, pero que no sea a costa de los trabajadores y vecinos de la ciudad de San Luis”.

La concejal Paulina Calderón también se expresó en contra de la aprobación. Denunció recortes en partidas sociales como adultos mayores (44.000 pesos en todo el año), microemprendimientos (cero pesos), ayudas sociales y señalización (también cero). Criticó que se haya incrementado el presupuesto de Zoonosis en un 200%, afirmando: “Le sacaron a los discapacitados, a los adultos mayores, a la ayuda social, y se la dieron a los perritos”.

Calderón también cuestionó al Ejecutivo por haber pagado 780.000 pesos para que Pía Pagano, integrante del Tribunal de Cuentas, asistiera a un congreso, cuando el organismo tiene presupuesto propio. Y señaló que el oficialismo no criticó en esta oportunidad cuestiones que sí había objetado en las cuentas de 2023, como el uso de los entes.

Por su parte, el concejal oficialista Diego Videla defendió la estrategia financiera adoptada por el Ejecutivo. Explicó que el uso de los fondos FIMA se justifica “en contextos inflacionarios altos” y agregó que “no se trata de gastar todos los recursos, también tiene que haber previsiones ante ciertas contingencias y eventualidades que puede llegar a haber”. Luego apuntó contra la gestión Tamayo: “En el año 2023 se la fugaron toda con los entes, no hay una factura, no hay un comprobante, no hay nada”.

Si bien ya hubo asperezas con el resto el resto de su bloque en sesiones previas, la intervención más sorpresiva de la sesión fue la de Mario Silvestri, quien, a pesar de pertenecer al oficialismo, se abstuvo de acompañar las cuentas. Consideró que, si bien se celebró el superávit, “los sobrantes deberían haber sido administrados de un modo que pudiera haberse usado para cubrir las necesidades de los vecinos”. También expresó que no pudo acceder a documentación clave como facturas, proveedores o datos de sociedades. “Hubiera sido muy bueno para mí poderlas ver”, señaló. Y agregó que el Tribunal de Cuentas hizo observaciones sobre inconsistencias, errores, prórrogas y pedidos de informes. “No son significativas, pero entiendo que no deberían existir, no deberían ocurrir”, concluyó.

Silvestri señaló que los entes se usaron de forma más “discreta” que en la gestión anterior, pero cuestionó que el análisis del Tribunal se haya hecho “sobre bases selectivas”, sin revisar en profundidad todos los datos. “Poco tiempo para hacer una evaluación exhaustiva” lo llevó, según explicó, a tener que basarse únicamente en los informes del Tribunal. “Adelanto mi voto y me voy a abstener”, anunció.

La concejal Agustina Gatto fue otra de las voces críticas: “Quiero que le pongan gas a la gente, que mejoren el agua, que limpien la ciudad, que generen puestos de trabajo, que le aumenten el sueldo a la gente. Eso se hace. Si te sobró plata, usala para la gente. Y si te sobró plata, la gestión anterior no fue una mala gestión”.

La presidenta del bloque oficialista, Lizbeth Huatay, defendió enfáticamente la reducción del gasto en entes descentralizados y afirmó: “En el 2023 se chorearon todo”. Apuntando contra el Ente de Cultura y Turismo que durante la gestión Tamayo dirigía Matías Follari, marido de la concejal Calderón, Huatay dijo que cada ente rindió cuentas y que “queda en evidencia por donde se fugaba gran parte del dinero de los contribuyentes”. También sostuvo que “la gestión del intendente Gastón Hissa está devolviendo la dignidad a los vecinos de San Luis” y que “la plata alcanza cuando no se la roban”.

Gatto le respondió que, si tenía conocimiento de delitos, debía hacer las denuncias correspondientes, y le recordó que hay concejales y políticos denunciados tanto en el PJ como en el oficialismo. Y por más que Gatto pidió poner un freno a las alusiones personales, desde ese punto, el debate se tornó más personal.

Por su parte, Juan Martín Divizia, presidente del bloque del PJ, planteó cómo le puede explicar a un comerciante, a quien le subieron las tasas municipales más de un 300% en un año, “que el intendente está poniendo la plata en un fondo FIMA”. “Espero que le puedan dar más claridad a este tema del desequilibrio financiero y expliquen por qué apenas ingresaron pusieron el dinero a plazo fijo. Si tenés un estado fundido, no podés agarrar la plata apenas te entre y meterla a un plazo fijo o fondo de inversión”, dijo Divizia.

Luego, la presidenta Laura Sánchez, que hasta ese entonces llevó con mucha calma una sesión que duró más de 5 horas, tildó de “impresentable” a Andrés Russo y luego apuntó contra Juan Martín Divizia, a quien acusó de ocupar una banca “por ser hijo de” Zulema Rodríguez Saá. También defendió que Huatay haya mencionado al esposo de Calderón.

Con este cierre tenso y un bloque oficialista “dividido”, la votación fue 7 a 7, pero se logró la aprobación de las cuentas de inversión 2024 con el voto de desempate de Sánchez. El resultado no solo dejó heridas abiertas entre oficialismo y oposición, sino también un gran interrogante con respecto a la figura de Silvestri y rol dentro del oficialismo municipal.