Un violento episodio ocurrido el pasado sábado 22 de febrero en Balde de la Isla volvió a poner en evidencia las fallas del sistema judicial y policial en la provincia. Julio Ceferino Bordón, de 46 años, sufrió una brutal golpiza a manos de Roque Lucero, un hombre que se encuentra en libertad condicional tras haber sido condenado a 14 años de prisión por homicidio, aunque solo cumplió ocho. A raíz del ataque, Bordón estuvo días en terapia intensiva, con fractura de cráneo y el riesgo de perder un ojo.

El hecho ocurrió cuando Bordón se dirigía junto a su hijo Junior y otros acompañantes a la Cancha Hípica El Paraíso. En el camino, se detuvieron en el establecimiento educativo del paraje para usar wifi. Fue en ese momento cuando llegó una camioneta Ford Ranger gris de la que descendió Lucero, quien comenzó a golpear salvajemente a Bordón con piedras e inclusive un látigo. Mientras tanto, otros atacantes golpearon a su hijo con rebenques para impedir que auxiliara a su padre. Bordón quedó inconsciente y con graves heridas que lo llevaron a ser sometido a una cirugía de urgencia. Junto con Roque, también fue denunciado Daniel Lucero con las agresiones.

Además de la violencia del ataque y de los antecedentes de Lucero, la familia de Bordón denuncia la inacción de la Justicia. En declaraciones a este medio, el abogado de la víctima, Jorge Sosa, señaló que la causa estuvo “dormida” en la Oficina de Abordaje y que, tras insistentes gestiones de su parte, finalmente se logró que se realizaran allanamientos y la causa avanzara a la fiscalía de gestión. “Es insólito que la policía haya caratulado inicialmente el caso como ‘lesiones leves en riña’, cuando mi cliente tiene fractura de cráneo, posibilidad de perder un ojo y múltiples heridas en el cuerpo”, expresó Sosa.

El operativo policial realizado este miércoles 26 de febrero permitió secuestrar la camioneta utilizada en la agresión, además de un rebenque y una fusta con cabo de madera y cuero vacuno. Sin embargo, hasta el momento, Lucero sigue en libertad.

Este no es el único antecedente violento del agresor. En julio de 2024, Gilda Bordón, hermana de Julio Ceferino, denunció haber sido golpeada brutalmente por Lucero en una fiesta. La dejó inconsciente, con hematomas en el rostro y la boca, además de romperle dos dientes. La denuncia fue radicada en la Comisaría 17 de El Trapiche, pero solo se otorgó una medida de restricción por tres meses y la causa nunca avanzó.

Además, el abogado de Bordón recordó que Lucero también estuvo involucrado en un caso de abigeato, cuando la policía lo encontró transportando carne de animales faenados de manera ilegal en un vehículo. “Esa causa jamás llegó a la Justicia”, sostuvo Sosa. “No sé cuántos delitos tienen que cometer para que estén presos”, agregó, en referencia a la reincidencia de Lucero y la falta de acción judicial.

Sosa también apuntó contra la falta de respuesta del Ministerio de Seguridad y la oficina que reemplaza a la Secretaría de la Mujer. “Cuando les conviene aparecen, cuando no, no”, criticó. Según el abogado, las víctimas de sectores más humildes y de zonas rurales quedan desprotegidas, sin recibir la atención que les corresponde por parte de las autoridades. “Si han hecho estos allanamientos ha sido por solicitud mía y por la buena voluntad de algunos fiscales, no precisamente por la Oficina de Abordaje, que recién empezó a actuar después”, subrayó.

“Lamentablemente, estamos en una Justicia donde tenemos excelentes magistrados, excelentes fiscales y excelentes empleados, pero también otros que nada que ver, que son todo lo contrario. Lamentablemente es así, como también hay personal policial que es excelente. Vengo de un debate oral donde el personal policial y el personal científico trabajó día y noche, pero a la vez tenemos los otros que hacen caso omiso, como es este caso de El Trapiche. Quizá haya buenos policías ahí, ¿pero qué pasa que no actúan en consecuencia, no se dan interés por las víctimas?”, se preguntó el abogado.

Ahora, la causa quedó en manos del fiscal Ricardo Barbeito, quien en los próximos días deberá resolver la situación procesal de Lucero. Sosa expresó su confianza en que esta vez la Justicia actúe con firmeza y ordene la detención inmediata del agresor. “Espero que no le den una de esas famosas prisiones domiciliarias que parecen ser la nueva norma”, concluyó el abogado.

Este miércoles, Paola y Celeste, dos de las mujeres que denunciaron a Jonathan Raúl Andrada Villagra por violencia de género y abuso, se manifestaron frente a los Tribunales de la ciudad. Lo hicieron para exigir que se rechace el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del acusado, quien permanece detenido tras varias denuncias en su contra.

Paola, una de las principales denunciantes, relató cómo se ha convertido en un referente para otras víctimas de Andrada Villagra. “Yo me contacté con muchas chicas, ya que soy la que sube las historias en los grupos. Muchas mujeres, e incluso hombres, me escriben, pero no se animan a denunciarlo”, explicó Paola, al referirse a la extensa red de víctimas del acusado. Según la mujer, el temor y las amenazas de Andrada Villagra han mantenido en silencio a muchas de las víctimas, que temen represalias. “Él siempre decía ser sobrino de (la fiscal Virginia) Palacios, y quien lo encubre también es su madre, que estaba al tanto de todo lo que nos hizo a todas”, agregó Paola, relatando cómo la madre del acusado incluso intervenía en las agresiones físicas que sufría, “cuando me golpeaba, la madre venía y me pegaba con la gotita a la cabeza, donde me dobló un dedo, y ella me sobaba la parte”, contó, visibilizando la violencia familiar que acompañaba sus sufrimientos.

El miedo de Paola, como el de muchas otras víctimas, es que Andrada Villagra sea liberado. “Pidieron la prisión domiciliaria y nosotros tememos que salga”, señaló, resaltando que ya hay un número importante de mujeres que han compartido experiencias similares. “En total tengo 30 personas que se han contactado conmigo”, relató, agregando que desde el caso de Celeste, la última víctima que dio a conocer su situación, comenzó a hacer publicaciones en redes sociales buscando a otras mujeres.

En cuanto al nombre del acusado, Paola detalló que Jonathan Raúl Andrada Villagra, a quien muchas de las víctimas identifican como “Jonás”, se hace llamar así en redes sociales y fuera de su entorno cercano, debido a su desagrado por su nombre real. “Se hace llamar Jonás, porque no le gusta el nombre de él realmente”, explicó Paola, quien también destacó que Andrada Villagra no tiene una ocupación fija y depende económicamente de su madre, lo que refuerza la imagen de un hombre que manipula a su entorno para encubrir su comportamiento violento.

Celeste, quien también fue víctima de Andrada Villagra, compartió su experiencia. “Fue en una discusión, él no me dejaba salir de su casa y me empezó a golpear, dándome cabezazos hasta pegarme en el ojo”, recordó, visiblemente afectada. La violencia a la que fue sometida le dejó secuelas físicas, y explicó cómo tuvo que esperar a que él se durmiera para poder enviarle la ubicación a su familia y que la fueran a rescatar. “No me dejaba salir, me quitó el celular”, relató. Celeste denunció a Andrada Villagra en octubre, y actualmente está detenido por su caso.

Al igual que Paola, Celeste también expresó su temor por la posibilidad de que el acusado obtenga prisión domiciliaria. “Está pidiendo la domiciliaria, cosa que no va a respetar, porque nunca ha respetado ni siquiera una perimetral de ninguna”, señaló, refiriéndose a las medidas de restricción que se le impusieron en varias ocasiones, pero que Andrada Villagra violó en reiteradas oportunidades. “Tiene varias perimetrales, todas las violó”, añadió.

Ambas mujeres coinciden en que el sistema judicial ha sido complaciente con Andrada Villagra, lo que ha generado un sentimiento de impunidad. “Creo que tiene impunidad desde la justicia”, expresó Celeste, quien subrayó que el miedo de las víctimas no es infundado. “Él no nos dejaba salir de la casa, nos tenía encerradas”, agregó. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando que el sistema judicial actúe con firmeza y rechace el pedido de prisión domiciliaria que podría permitir a Andrada Villagra salir de la cárcel y continuar con su ciclo de abuso.

Policías de la Comisaría Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara detuvieron este martes a un hombre de 25 años de edad acusado de ser uno implicados en rociarle alcohol y prenderle fuego a un hombre.

La detención se produjo en el marco de una causa judicial caratulada como caratulada “averiguación tentativa de homicidio”, en la cual interviene la Fiscalía de Instrucción de turno de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de Lucila Giampieri, según confirmó el Ministerio de Seguridad.

El hecho ocurrió el pasado sábado 22 de febrero a la madrugada, en inmediaciones de avenida Padre Tavolaro y calle Manuel Antonio Zalazar, en la localidad de Santa Rosa del Conlara.

De acuerdo a las averiguaciones policiales, y en circunstancias que aún se están investigando, en ese sitio unos sujetos rociaron con alcohol a un hombre y le prendieron fuego, causándole quemaduras en distintas partes de su cuerpo.

El hombre herido fue asistido en el lugar por personal médico del hospital de Santa Rosa del Conlara, quienes le brindaron las primeras atenciones. Seguidamente fue trasladado hacia ese centro de salud y posteriormente fue derivado al Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Villa de Merlo, donde se encuentra internado actualmente.

En base a diversas tareas investigativas, los efectivos policiales de la Comisaría Distrito 25° identificaron a los presuntos autores materiales del hecho: un hombre de 25 años y un adolescente de 17 años de edad (este último está próximo a cumplir los 18 años).

En ese sentido, desde la fiscalía interviniente se dispuso la detención del hombre de 25 años, el cual quedó a disposición de la Justicia provincial en el marco de la presente causa.

El intendente de Juana Koslay, Jorge “Toti” Videla, visitó al gobernador Claudio Poggi este miércoles por la noche para hablar sobre gestiones que están en marcha en la ciudad y que involucran también a la Provincia. Lo acompañó el Secretario de Gobierno municipal, Pedro Alejandro Tagliente; en tanto que junto a primer mandatario provincial estuvo Gonzalo Amondarain, ministro de Gobierno.

“Hablamos del presente y el futuro de Juana Koslay. El Gobernador va a estar el viernes en el barrio Malvinas para dar inicio a la obra que proveerá de gas natural a esas viviendas”, contó Videla, quien agregó que trataron “temas que tiene que ver con la ciudad, el crecimiento. Por ejemplo con el Centro de Monitoreo. Son acciones que nos hacen pensar en el futuro y en darle la tranquilidad al vecino de vamos a trabajar en conjunto, en equipo con la Provincia”.

Fuente: ANSL

El gobernador Claudio Poggi encabezó una reunión de trabajo para trazar un plan de mensura de terrenos a lo largo de 2025. El Gobierno ya trabaja con el Colegio de Agrimensores para registrar distintos barrios en la dirección de Catastro y que, a partir de ahí, cada familia pueda proceder a gestionar la documentación que le trae seguridad jurídica.

Básicamente le explicamos al Gobernador los procesos de medición y dibujo de los planos de mensura que hemos estado haciendo como parte del convenio por ‘Escriturá tu Casa’”, explicó el presidente de la institución que nuclea a los agrimensores provinciales, Pablo Da Rold, quien manifestó que es una tarea compleja porque “hay realidades jurídicas diferentes que debemos tratar y controlar”, aunque aseguró que van encaminados.

Una vez que un profesional realiza los procedimientos correspondientes, el terreno estudiado queda en condiciones de ser registrado en la dirección de Catastro, un requisito indispensable para luego poder avanzar sobre el trámite de escrituración. “Todo nace desde el plano de mensura, sin ese componente no se pueden regularizar los barrios y, por ende, no hay escritura. Es la primera etapa y una primordial, sin eso no se puede avanzar”, explicó Darío Crivello, director de Catastro.

Los avances en el convenio entre el Gobierno y el Colegio de Agrimensores implica un crecimiento importante del programa ‘Escriturá tu Casa’ y cumple con el deseo del Estado de llegar absolutamente a todas las familias que residen en una vivienda social. “Desde que firmamos el acuerdo a fines del año pasado, estimamos que vamos a lograr entre 1.000 y 1.100 parcelas mensuradas, en definitiva son familias que van a lograr estar en condiciones de escriturar en 2025“, resalto la subdirectora de Asuntos Legales y Regularización Dominial, Rosario Laborda.

La funcionaria añadió que cada barrio tiene particularidades que se traducen en diferencias legales, aunque todos desembocan en el mismo final: la escritura. “Hay distintos subtipos, por eso algunos barrios van a acceder inmediatamente a la escritura, otros tendrán que aguardar la finalización del trámite de prescricpión administrativa e incluso hay algunos pocos casos que van para expropiación”.

En total, el Gobierno trabaja en terrenos distribuidos en 19 localidades de la provincia, coordinando también las tareas con cada intendencia involucrada.

Fuente: ANSL

Dirigentes de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) se reunieron este martes con senadores provinciales para avanzar en la elaboración de un proyecto de ley que permita a los trabajadores de la salud jubilarse como tales y no como administrativos, como sucede en la actualidad. El objetivo final es que puedan tener el beneficio de una jubilación más alta a través de un mayor aporte jubilatorio. Los trabajadores de la salud pública en San Luis se jubilan con el 49% de su salario.

“Desde APTS estamos solicitando el reconocimiento de los trabajadores de la salud como trabajadores propiamente de la salud, porque nosotros somos considerados trabajadores administrativos y a la hora de jubilarnos, nos jubilamos como trabajadores administrativos comunes, lo que implica que percibamos una jubilación del 49%”, comentó Carola Piasco, secretaria gremial de APTS en declaraciones a LGD.

Las personas de APTS fueron recibidas por los senadores Alejandro Torres y Adolfo Castro Luna. “La verdad es que estuvieron muy abiertos al diálogo, muy atentos. De parte de ellos, nos dijeron que era muy viable la posibilidad de presentar un proyecto para que nos puedan considerar como trabajadores de la salud y no como trabajadores administrativos comunes”, contó Piasco.

Dentro de aproximadamente un mes, solicitarán una nueva audiencia con los senadores para que les den su respuesta respecto al proyecto. “La verdad es que nosotros estamos muy expectantes a poder lograr estos cambios que para la salud serían maravillosos. Queremos ver que realmente sean efectivos, que se efectivicen lo más pronto posible y que no sean promesas preelectorales”, consideró la gremialista.

En caso de que se logre una ley para que se los considere trabajadores de la salud, la profesional reveló que se deberá presentar otro proyecto para realizar mayores aportes jubilatorios que se traduzcan en una mayor jubilación. “Nosotros actualmente estamos aportando el 11% y es por eso que nos jubilamos con un 49% que implica ser trabajadores comunes de la administración”, reveló la secretaria.

“Tenemos que trabajar con los diputados y los senadores y aparentemente esto se debe tratar en el Congreso de la Nación. Sería importante en un primer paso que la Provincia nos reconozca como trabajadores de la salud y que a partir de ese reconocimiento podamos tener, cuando nos jubilemos, un reconocimiento especial desde la Provincia, mientras ir trabajando en un proyecto para poder tener otro tipo de jubilación”, comentó la profesional.

Piasco admitió que concretar la sanción de estos dos proyectos es un trabajo arduo y no es algo que se pueda lograr en el corto plazo. El porcentaje ideal de la jubilación es el 82% móvil, según la secretaria gremial.