La Policía secuestró más de 702 aves que se encontraban en poder de cazadores oriundos de la provincia de Córdoba.

La Policía de la Provincia de San Luis secuestró en el puesto caminero de Baldecito, ubicado sobre la Ruta 79 en el límite con La Rioja, aproximadamente 702 aves que se encontraban en poder de cazadores oriundos de la Provincia de Córdoba.

El jefe de la Policía Caminera Sanluiseña, Marcelo Balbo, informó que, pasadas las 22 horas del miércoles, se realizó un operativo “que posiblemente sea el mas importante de los últimos tiempos contra el tráfico de aves realizado por la policía provincial”.

Pablo Bataglia, oriundo de Sampacho, provincia de Córdoba conducía un vehículo Peugeot Partner en dirección a La Rioja cuando fue detenido por tener en su poder, de modo ilegal, aves de especies protegidas, como Reina Mora, Pica Hueso, Jilgueros, Siete Colores, entre otras especies.

Además de las 702 aves liberadas, se secuestraron 16 que se encontraban muertas. El valor de venta en el mercado de las especies secuestradas oscila, según las características, entre los $500 y $1.000. Bataglia se encuentra demorado en la comisaría de la localidad de Candelaria

Las aves secuestradas fueron trasladadas al Centro de Conservación de Vida Silvestre en La Florida para su monitoreo. “Una vez allí, las clasificamos por sexo y especie, chequeamos que su estado de salud y las ponemos en cuarentena. Si están enfermas o necesitan atención médica por alas rotas, que es muy común u otro daño que puedan tener, las curamos y las llevamos luego a la jaula de musculación, que es el paso previo para ser liberadas y devolverlas a su hábitat”, explicaron desde el Ministerio.

Es importante destacar que, además de este operativo, hace menos de un mes el esfuerzo conjunto de la Policía y el Ministerio logró decomisar 200 aves en caminos y forrajerías de la ciudad de San Luis, Villa Mercedes y Merlo. De estos pájaros, 100 fueron secuestradas de un vehículo en las cercanías de Santa Rosa con destino a Córdoba, mientras que el resto fue decomisado en comercios. Todas ellas fueron trasladadas al Centro de Conservación en La Florida para recibir la misma atención.

Fue lo que declaró una perito en Tribunales sobre Débora Di Falco. También se conoció la pericia psicológica sobre la personalidad de Riquelme y Videla. En la audiencia de ayer por el crimen de Guadalupe Di Falco declararon cuatro peritos. Los profesionales dieron su informe sobre sobre las personalidades de Débora Di Falco, Miguel Ángel Riquelme y Alejandra Videla.

Fue lo que sostuvo la Lic. Miriam Bottino. Además, otros cuatro peritos sumaron sus declaraciones en la causa por el asesinato de la menor, Guadalupe Di Falco.

En esta ocasión, los peritos que prestaron declaración, fueron: la Lic. Graciela Raquel Rickard, María Verónica Fourcade, Miriam Elizabeth Bottino, Elida Beatríz Weinstock y el Dr. Cristian Gonzalo Mayor.

La Lic. Bottino reconoció la pericia psicológica realizada a Débora Di Falco, y sostuvo que la joven, al momento de realizar el estudio, se encontraba en un estado de conmoción emocional, en donde manifestaba “crisis de llantos, crisis nerviosas, enojos y mucho odio”.

Afirmó que la imputada presentaba los indicadores propios de lo que se denomina un “duelo complicado”, propio de la situación en la que se encontraba. “La Srita. Di Falco poseía un sentimiento constante de culpa y se sentía responsable de lo ocurrido a su hija”, afirmó la profesional. Afirmó que en su relato, la imputada fue coherente con las cosas que decía y sus manifestaciones físicas –rostro desencajado, temblores, ira, abatimiento, descompostura-.

“Manifestaba constantemente sus deseos de morirse, de irse junto con su hija, y la imposibilidad de tener un futuro”, expuso Bottino. Destacó también la alteración del sueño profundo por las pesadillas que al día de hoy mantiene la imputada y el sentimiento de “no servir para nada y de no haber podido cuidar a su hija”.

Además, manifestó el sentimiento de Di Falco en relación a su vida y a la sociedad, en donde, desde la infancia se sintió “estigmatizada”, y el gran sentimiento de odio que la invade, hacia si misma, hacia su madre, y hacia Riquelme y Videla. Seguidamente, destacó su difícil historia de vida, en donde fue internada de pequeña en dos oportunidades en instituciones de menores, la primera vez a los 6 años porque era constantemente la dejaba encerrada en su casa, y a los 14 porque su propia madre la hacía ejercer la prostitución, pero en ambas situaciones, fue restablecida a la casa de su progenitora. Por último, destacó los avances realizados por la imputada, ya que ha retomado sus estudios, consiguió un trabajo matutino, y pudo dejar las drogas y el alcohol.

Preguntada por el tribunal sobre si la imputada pudo reinsertarse en la sociedad, sostuvo que “su reinserción está muy relacionada con el resultado de este debate oral”.

A la Lic. Rickard, se le exhibieron dos informes obrantes el expediente judicial, de los cuales reconoció firma y contenido. El primer informe, en donde se le requirió la realización de una autopsia psicológica a Guadalupe, -a través del método inferencial, en donde se debe, recolectar, a través de elementos escolares o personales, y datos colaterales de amigos, docentes, etc.- para así poder realizar un perfil psicológico de la víctima. Pero dicho informe, sostuvo, fue imposible de realizar, atento a que no había material para poder realizarlo.

En cuanto al segundo informe, sobre la evaluación psicológica –realizado junto al Médico Psiquiátrico Gonzalo Mayor- a Miguel Ángel Riquelme, informó que el imputado posee un nivel intelectual normal, un tipo de pensamiento concreto, y su pensamiento es coherente. En relación a su conducta, sostuvo, no se observó una capacidad crítica ajustada a las circunstancias, es decir, la incapacidad de realizar una autocrítica, y un nivel elevado de egocentrismo y narcicismo.

Además, se observó en su personalidad, la ausencia de capacidad
empática, escasa tolerancia a la frustración, conductas hostiles hacia el exterior, y relaciones interpersonales superficiales e inestables.  Rickard afirmó que estas últimas características, conforman lo que se denomina “trastornos de personalidad” y explicó que conllevan a que “no le importe o no interese el dolor del otro”. En función de esta descripción, afirmó, su personalidad encuadra en la posibilidad de la inclinación hacia las conductas delictivas y la violencia. Por último, sostuvo que Riquelme tuvo la capacidad de comprender y elegir la conducta al momento de actuar y que no presentaba síntomas de angustia.

Seguidamente, la Lic. Fourcade, también reconoció su informe obrante en los autos, y procedió a explicar su contenido. Dicho informe, explicó, fue una investigación retrospectiva realizada a la familia de los imputados. En una entrevista mantenida con la directora y la secretaria del colegio donde asistían los niños, la Licenciada sostuvo que éstas le informaron que los menores prácticamente no asistían a clases, y que en una oportunidad, Riquelme y Videla fueron al establecimiento y tuvieron una violenta discusión, en donde la Sra. Videla sacó un cuchillo y pretendió agredir a Riquelme. Además, informó que la directora le habría comentado que Videla era “una mujer apática y con poca predisposición para el cuidado de sus hijos”.

En relación a la declaración realizada por el Dr. Mayor, éste sostuvo que, en relación a los informes realizados a Riquelme y Videla, pudo concluir que ambos no presentan síntomas de enfermedades psíquicas, y que comprenden plenamente las acciones que realizan.

El último perito en prestar declaración, fue la Lic. Elida Beatríz Weinstock, quien reconoció el informe realizado a Videla y afirmó que ésta tiene un coeficiente intelectual inferior, dentro de la normalidad, que emocionalmente es una persona inestable y egocéntrica, y que está en condiciones de construir un discurso falaz y mantenerlo para su propia defensa. Además, afirmó que la imputada posee una personalidad impulsiva, en donde “puede pasar del deseo al acto, sin mediar la reflexión”, y que nunca demostró un sentimiento de angustia ni dolor ante la muerte de Guadalupe.

La colonia funcionará del 2 de enero al 8 de febrero.

El próximo lunes, 3 de diciembre, comienzan las inscripciones para la temporada 2013 en la Colonia Municipal. Estarán abiertas hasta el 20 de diciembre. Las actividades organizadas por la Dirección de Deporte tendrán lugar desde el 2 de enero al 8 de febrero, y están destinadas a chicos de 6 a 12 años.

Para la inscripción deben presentarse en la Dirección de Deporte (Bolívar 672), de 8 a 20 hs, con fotocopia del DNI, certificado de aptitud física y luego completar una ficha que se le entregará al realizar la inscripción.

Cabe recordar que la Colonia Municipal fue recuperada y puesta en valor por la actual gestión del intendente Enrique Ponce. Como en la temporada 2012, los chicos podrán acceder de manera gratuita a la colonia. A su vez, el transporte de los niños correrá a cargo de Transpuntano y será completamente gratuito.

Asimismo, se ha dispuesto un cronograma para realizar inscripciones en los barrios:

Martes 4/12:
Barrio 9 de julio (9 a 13 hs).
Barrio Eva Perón (16 a 19 hs), en la ex base de colectivos.

Miércoles 5/12:
Barrio 1 de Mayo (9 a 13 hs), en el centro vecinal.
Barrios Aeroferro y Monseñor Di Pasquo (16 a 19 hs).

Jueves 6/12:
Barrio Rawson (9 a 13 hs), en el predio de la UNSL (25 de mayo y Neuquén).
Barrio José Hernández (16 a 19)

Viernes 7/12:
Barrio El Lince (9 a 13 hs), en la Escuela Industrial.
Barrio Hipólito Irigoyen (16 a 19 hs), las calles Don Bosco y Esteban Adaro.

Uno llamó al otro mentiroso y se desató la discusión. La sesión de ayer será recordada por la bochornosa discusión entre el edil Raúl Laborda y el ex concejal Francisco Rosales cuando se trataba remitir a Comisión de Investigación el tema referido a la ausencia de Carlo Barbaresi a la interpelación.

Mientras Laborda decía que no apoya el juicio político a Barbaresi, Rosales, quien fue a la sesión junto a empleados de Ser.ba, lo calificó de mentiroso. Al instante, Laborda retrucó y rosales no se quedó atrás. Ambos empezaron a gritarse, mientras el ex concejal se acercó a la banca de Laborda. Luego de discutir por pocos minutos y desafiarse en una elección para saber quién sacaría más votos, se realizó un cuarto intermedio de 20 minutos para que se calmaran los ánimos en el recito.

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La sanción afecta a 130 alumnos del establecimiento educativo. Las autoridades de la Escuela Normal Mixta decidieron suspenderle el acto de colación a los alumnos del último año por una serie de hechos de indisciplina que datan desde abril hasta hace pocos días, entre ellos una pelea entre los alumnos de 5º y 6º año. Ante la situación, los padres de los alumnos hicieron una propuesta alternativa como medida disciplinaria.

“No hay que usar a estos chicos que se van para que sea una medida ejemplificadora para los que quedan porque esto va a traer más violencia”, reflexionó Saúl Ortiz, padre de uno de los chicos que está por egresar, quien resaltó que la sanción impuesta a los 130 alumnos es inédita ya que no está contemplada por las normas del Consejo Superior.

Cuando se le preguntó a Ortiz el fundamento para tomar la sanción, contestó que en un primer momento por realizarle una serenata a un profesor. “Cuando fuimos a plantear el problema y llevar un video de nuestros representados, nos cambiaron la cancha. Trajeron una lista de citaciones de indisciplina que habían ocurrido desde abril de este año en donde algunos chicos habían recibido algunas amonestaciones. Se tomó el historial de este año para cometer este acto de “justicia” a los que ya no están en la escuela”, contó el padre.

Ortiz afirmó que los chicos que protagonizaron los violentos hechos que generaron la dura sanción son pocos. Incluso los más violentos fueron denunciados judicialmente.

Los padres presentaron una alternativa a la sanción de la suspensión del acto de colación. La propuesta consiste en que los alumnos vuelvan a clase hasta el 5 de diciembre y realicen la limpieza de la escuela.

“Del análisis en cuestión se observa valores de coliformes totales por encima del límite permitido en el decreto 2092-MNIR-2006, lo que implica que hay contaminación de origen fecal que podría provocar enfermedades en el ser humano. Otros valores que no cumplen con la normativa son el armonio y los nitratos. Los cuales podrían provenir generalmente de los detergentes de uso domiciliario”, dice el estudio sobre las muestras tomadas por Dos Anclas en Rotonda de Pescadores.

El estudio realizado por el bioquímico Eduardo Petrino sobre las muestras de agua tomada en la Planta de Efluentes Cloacales dice lo mismo que lo señalado anteriormente.

A partir de los resultados de los estudios, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece que la Municipalidad deberá poner en funcionamiento las piletas de oxidación de la Planta de Afluentes Cloacales previendo las partidas presupuestarias en 2013.

A mediados de septiembre, trabajadores de Dos Anclas hicieron llegar al Concejo Deliberante su preocupación de que los contaminados efluentes cloacales llegaron a las Salinas del Bebedero. Casi un mes después, la mayoría de los concejales visitaron la Planta de Afluentes Cloacales y encargaron un estudio bioquímico.

A fines de octubre, el Ministerio de Medioambiente intimó a la Municipalidad para que en el plazo de 30 días ponga en óptimas condiciones la planta.

Desde la Municipalidad se alega que el Gobierno se comprometió en 2008 en el marco del Plan Hepatitis 0 que no forma parte del pacto Provincia-Municipios que el intendente Enrique Ponce rompió. A partir de ello, la Municipalidad demandó al Gobierno ante el Superior Tribunal.

La presunta homicida dijo que Riquelme ahogaba la niña en un tacho y que la golpeaba con un chicote.

Ayer a la mañana, en la audiencia que se realizó por el Caso Guadalupe, fue el turno de declarar de Dora Alejandro Videla, quien, junto a su pareja, Miguel Ángel Riquelme, está acusada del homicidio de la niña. Cabe recordar que, durante la primer semana de audiencias, varios testigos apuntaron a Videla como la principal autora de las agresiones hacia la niña.

Al iniciar el debate, Claudio Ibañez, defensora oficial de Videla, solicitó al Tribunal que se le tome declaración testimonial a su defendida. La imputada relató que, el día del hecho, ella se encontraba cocinando, mientras los chicos estaban en el patio con Riquelme. De repente, según Videla, su hija mayor entró a la casa y le dijo, “mamá, Guadalupe se desmayó”. Inmediatamente salió al patio, oyó un suspiro y vio a la nena desvanecida. Ante esta situación, Riquelme le dijo que la niña se estaba “haciendo la víctima” y le ordenó a Videla que fuera a buscar plata para llevar la nena al hospital.

Con respecto a su pareja, Videla declaró que en varias oportunidades vio a Riquelme golpeando a Guadalupe, e inclusive metiéndole la cabeza en el tacho con agua en el que la bañaban. “Miguel la metía en el tacho y le pegaba con un chicote que él había fabricado, porque le molestaba que Guadalupe se orinaba”, dijo Videla, quien aseguró que si ella intervenía a favor de la niña, también era golpeada por Riquelme.

A su vez, la mujer también repitió ante el jurado las versionas que ella y su pareja le dieron a la gente que vio y preguntó sobre algunas de las heridas de la nena. “Guada se pellizcaba las manos y yo le preguntaba porqué lo hacía y me respondía que estaba nerviosa”, declaró la imputada, antes de añadir que a la nena se le caía el pelo y que cuando consultaron un médico al respecto, éste le indicó que se debía a los nervios que padecía.

En relación a la madre de la niña, Débora Di Falco, dijo haberla conocido cuando Riquelme le dio asilo en su casa porque no tenía donde quedarse y estaba embarazada, esperando su segunda hija, Fátima. Cuando fue a dar a luz, como Débora había perdido su documento, Videla le prestó una constancia de su DNI, asegurando que no sabía que hacer esto era ilegal. Cuando la joven volvió a su casa, Videla declaró, dejó a la bebé bajo su custodia, por lo que Riquelme se encargó de realizar los trámites para el documento de Fátima.

Luego, Videla declaró que Di Falco a veces volvía de trabajar borracha y drogada y con la plata que ésta le daba a Riquelme, Videla le compraba leche a la bebé. “Miguel me dijo que íbamos a dar a la bebé cuando tenía 5 o 6 meses porque no tenían plata para mantenerla y se la entregó a una señora”, expuso. Cabe recordar que esta mujer, tras el asesinato de Guadalupe, se presentó de manera voluntaria en la Policía, junto a la bebé que se le había entregado.

Finalmente, atestiguó que la última vez que vio a Débora fue en agosto de 2010, para el cumpleaños de Guadalupe. Ese día, Videla dice haberle sugerido que se llevara a la menor porque Riquelme le pegaba y la maltrataba, pero, al parecer, Di Falco no creyó que fueran ciertas las palabras de la mujer.

Por último, la defensa de Riquelme solicitó que se pase a un cuarto intermedio hasta el día de hoy, para tratar de lograr que el imputado declare, tras haberse negado a hacerlo en la primera audiencia del caso.

El ministro de Vivienda habló al respeto y sobre el proceso de selección de preadjudicatarios y la nueva Ley de Viviendas.

El ministro de la Vivienda, Eduardo D’Onofrio,  se mostró preocupado ante la falta de colaboración en el cruzamiento de datos con el Gobierno por parte de la Municipalidad. El funcionario habló también habló sobre el proceso de selección de preadjudicatarios y la nueva Ley de Viviendas.

Al ser consultado sobre en entrecruzamiento de datos con la Municipalidad de San Luis, para no repetir preadjudicatarios, D’Onofrio aclaró que desde su repartición se contactaron con el Municipio para acceder al listado de preadjudicatarios y así realizar los chequeo pertinentes. Ante esto, el Municipio se comprometió  a enviarlos pero nunca los envió.

En ese sentido, el ministro de Vivienda indicó que pudieron acceder al listado recién cuando fue publicado por el Municipio Capitalino y al analizarlo detectaron varias personas que actualmente están inscriptas en los planes provinciales.

Según explicó el funcionario, a las personas que figuran en las dos listas, se las llama por teléfono para constatar si renuncian a la inscripción del Gobierno o las continúan pagando y renuncian a las casas que construye el Municipio.

Respecto a la nueva Ley de Viviendas, el funcionario señaló que a través de esta Ley, el plazo de habitabilidad es inmediato, “tienen 30 días para ocupar las casas” y agregó que una vez cumplidos los 5 años de habitabilidad, recién podrán cancelarla y poder venderla o alquilarla.

En lo referido al modo de selección de los preadjudicatarios, D’Onofrio indicó el criterio utilizado es privilegiar la cantidad de ocupantes, además el 10% de las casas que se construyen van destinadas a familias con algún integrante discapacitado, “en ninguna Provincia se prioriza esta cantidad de casas a discapacitados”.

Una nueva nota de opinión sobre el tema de Tochi Moreno. El 30 de noviembre de cada año finaliza el período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo de San Luis (Art 114 de la Constitución). Y en este período 2012 tampoco los legisladores provinciales cumplieron con su obligación legal de designar al Defensor del Pueblo, cargo vacante desde noviembre de 2004. Vacancia ésta que tuvo la particularidad de contar con un defensor trucho hasta 2008, algo incomprensible y que sólo puede ocurrir allí donde la Constitución y las instituciones de la república no se respetan.

Si bien se espera que ningún gobernante, ni ningún legislador ignoren  sus responsabilidades y  para que nadie dijera “me olvidé”, este año le envié dos cartas documentos al Vice Gobernador de la provincia Ing. Jorge Raúl Díaz  pidiéndole que les recuerde a los legisladores que deben cumplir con el procedimiento que marca la ley para proponer primero y designar después al Defensor del Pueblo. También le envié carta documento a la Presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Graciela Mazzarino. Y una nota a los presidentes de los distintos bloques de diputados: Amitrano, Ponce, Haddad, Ceballos y Giraudo.

El Sr. Vice Gobernador pese a que le recordé la vigencia del Art 17 de nuestra Constitución que le obliga a responder por escrito al peticionante, no me respondió. Por lo que parece ser que eso de respetar la Constitución no es para él.  Formuló declaraciones a la prensa oral en las que demostró no tener idea de qué es un Defensor del Pueblo. Hay referencias a que una de mis notas pasó a Comisión en la Cámara de Senadores. Quizás así  los senadores  sepan de qué se trata.

La Lic. Mazzarino  me respondió  eludiendo su responsabilidad como Presidente de la Cámara de Diputados, sin asumir que  le cabe  recordar a sus presididos  las  obligaciones que les son propias.

El Diputado Amitrano no contestó como era de esperar ya que es la voz oficialista en la cámara y  uno de los principales  responsables de no mover un dedo para cumplir con la Constitución y la Ley en este tema.

Los presidentes de los bloques de diputados de la “oposición” no  contestaron,  ni tengo noticias de que hayan formulado algún planteo sobre el tema en alguna sesión, tampoco sé de  declaraciones a la prensa.

La causa penal que abrí en el 2007 en el Juzgado de Instrucción Penal Nº 3 está a resolución de la jueza desde hace bastante tiempo. Se me ocurre pensar que si la denuncia no tuviese sustento o si estuviese mal planteada ya se habría expedido rechazándola.

La prensa oficialista ha desarrollado  una extraordinaria capacidad para tapar el tema. Sabe muy bien que de eso… NO SE HABLA.  ¡Pero se auto alaban como informadores!

Así las cosas. Tenemos una situación de flagrante incumplimiento de la Constitución (Art. 235)  y de la ley que la reglamenta  (Ley  VI -0167-2004).  Pese a la gravedad institucional que esta situación reviste,  a ninguno de  los responsables se les mueve un pelo.

La mayor responsabilidad le corresponde al oficialismo ya que son los únicos legisladores que pueden reunir el número suficiente de firmas para proponer un candidato.  También es responsable el  Poder Ejecutivo porque es el Vice Gobernador quien debe convocar a la Asamblea Legislativa para elegir al Defensor. También es dable esperar que en una democracia republicana  un  Gobernador se preocupe para que funcionen todas las instituciones en su provincia, aun cuando a él no le quepan responsabilidades directas.

Se ha conocido una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la
cual ratifica que los jueces y demás funcionarios judiciales pueden y deben actuar de oficio ante una inconstitucionalidad.

¿Servirá esta sentencia para que la justicia provincial se ocupe de las inconstitucionalidades que venimos sufriendo en San Luis? ¿Servirá para que mueva el tema de la no designación del Defensor del Pueblo desde noviembre de 2004?

Es evidente que sigue imperando el capricho antidemocrático de  los señores feudales, los hermanos Rodríguez Saá.   Éstos no quieren Defensor del Pueblo, han dado muestras de ello y sus lacayos cumplen temerosos de molestar a los amos de la política provincial.

Eso está bien para el oficialismo.

Pero, ¿y los “opositores”? ¿No deberían al menos instalar el tema permanentemente ante el pueblo todo de la provincia, como muestra acabada del accionar totalitario de todas las expresiones de este gobierno?   Su inacción me duele más que la del oficialismo gobernante.

Unos y otros, todos han jurado cumplir con la Constitución y las leyes.

Muchos de ellos, además,  aspirarán a representarnos como legisladores municipales, provinciales o nacionales en el año venidero.

Entre los principales se encuentran el protocolo para la reglamentación del aborto no punible en la provincia, la tasa a los cigarrillos para financiar la medicina de alta complejidad y la ley de monotributo social.

Con el paro de ayer y la falta de quórum para sesionar comenzó el extensísimo periodo de 4 meses de vacaciones que tienen los legisladores provinciales. Y al igual que todos los años, esto significó que una gran cantidad de proyectos de la oposición queden durmiendo en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. La oposición solicitó una prórroga de las sesiones hasta el 14 de diciembre, para así poder tratar una gran cantidad de temas que tienen “preferencia de despacho”, pero el pedido no fue escuchado por el oficialismo. 

El principal tema, claro está, que quedará sin ser tratado es el protocolo para aplicar el aborto no punible en la provincia de San Luis. El primer proyecto al respecto fue presentado por el villamercedino José Giraudo (foto), en abril de este año. Un mes después, el radical Fidel Haddad presentó un proyecto de su autoría.

Después de que el gobernador, Claudio Poggi, condenara y se lavara las manos del tema, ya que el Gobierno tranquilamente puede dictar un protocolo, los diputados del oficialismo, siempre temerosos de desafiar al Ejecutivo, decidieron convocar a una serie de audiencias públicas para debatir el tema, pero no sin antes dilatar el asunto por más de 2 meses, aduciendo que era muy complejo armar la lista de oradores. Las audiencias comenzaron a principios de agosto y se extendieron hasta septiembre, e inclusive Alberto Rodríguez Saá fue uno de los oradores a favor del dictado del protocolo del aborto no punible.

Sin embargo, las semanas comenzaron a transcurrir desde la última audiencia, sin que el tema volviera al recinto, confirmando que las mismas no fueron más que una especie de pantomima democrática de un oficialismo que no se anima a tratar un tema que sí o sí va a acarrear algún tipo de condena social por uno u otro sector de la sociedad puntana.

De igual manera, los principales legisladores del oficialismo, junto a los autores de los proyectos, fueron convocados a una reunión, que no fue hecha pública, con la ministra de Salud, Teresa Nigra, quien habría dicho que el protocolo iba a salir a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Nuevamente, las semanas corrieron, y el decreto no salió, mientras los diputados oficialistas se encargaron de dormir ambos proyectos.

Otro proyecto de Giraudo, presentado a fines del mes pasado, que se tomará unas largas vacaciones es el que busca establecer una tasa a la venta de cigarrillos, para así poder financiar la construcción y funcionamiento de Instituto Médico de Alta Complejidad, a crearse en el parque La Pedrera del barrio La Ribera de la ciudad de Villa Mercedes.

El proyecto tuvo una gran aceptación para parte de algunos sectores de la sociedad, e inclusive dentro del oficialismo legislativo, y también una importante repercusión a nivel nacional. Inclusive, se presentaron proyectos similares en otras provincias del país, que hasta podrían llegar a aprobarlos antes de que el proyecto local sea siquiera vuelto a tratar.

Por el lado del bloque Frente Para la Victoria, el diputado Carlos Ponce se refirió a los proyecto de su sector que fueron dormidos. El primero que destacó fue el proyecto de ley de monotributo social, ya implementado por la Nación, en el cual le solicita a la Provincia que le deje de cobrar ingresos brutos a
aquellas personas que están dentro de esta categoría.

También dormirá una ley de adhesión a la ley nacional de habilitación y rehabilitación de discapacitados, al igual que un pedido de informe al ministro de Inclusión Social sobre el cumplimiento de ley provincial que establece la igualdad laboral frente a las personas con discapacidad. “Acá, todo pedido de informe muere en la comisión de Legislación General, porque pareciera que está prohibido preguntarle a un ministro sobre algún problema o tema de su área”, opinó Ponce, señalando que el proyecto de su compañero Sergio Amieva para que instrumente en San Luis el voto a los 16 también quedó en comisiones, por lo que prácticamente sería imposible que, en el milagroso caso de que el oficialismo aprueba esta ley, se aplique en las elecciones del año que viene.

Finalmente, Ponce señaló que la presidenta de la Cámara, Graciela Mazzarino, puede prorrogar las sesiones por resolución a referendum del cuerpo, pero, de igual manera, duda que la oficialista lo haga.