“Se encuentra en terapia intensiva, estable, con lesión facial y requiere de una cirugía”, comentó el director del Hospital San Luis.

Ayer, el Gobernador de San Luis, Claudio Poggi, participó este jueves de la conferencia de prensa que se brindó en el Hospital de San Luis, donde se informaron las últimas novedades de la salud de la cadete de policía que se encuentra internada en grave estado, luego de recibir accidentalmente un disparo del oficial Walter Miranda durante una actividad desarrollada el día miércoles. En la oportunidad, informaron que la paciente está compensada, estable y con pronóstico reservado. Será intervenida quirúrgicamente y se definirá el nivel de daño neurológico.

En primer lugar, el Gobernador transmitió tranquilidad, se puso a disposición de la familia y destacó el operativo realizado para que la cadete pudiera arribar al nosocomio donde esta siendo atendida por el equipo de profesionales. “Hay un tema de investigación judicial por la causa del accidente, producto del disparo que se dio por parte de un oficial de policía que acompaña este tipo de practicas y procedimientos”, comentó Poggi, quien luego destacó la eficiencia de los operativos, tanto el que desarrollaron arriba del cerro, como así también el operativo desde tierra, que contó con la colaboración de baqueanos del Suyuque, policía y bomberos, entre otros.

Por su parte, el jefe del Programa de Seguridad y Planeamiento, dependiente del Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad, Diego Masci, informó durante al conferencia de prensa el detalle de los operativos realizados que permitieron el traslado de la cadete al Hospital San Luis. Además informó sobre la actividad que este grupo de uniformados realizaba en el cerro.

“A las 20:34 se toma conocimiento de un accidente en una práctica en el Cerro Retama, cercano al Suyuque, donde se estaba realizando actividades de demostraciones de técnicas. Al oficial, Walter Miranda, cuando estaba realizando una demostración se le disparó su arma, una 9 milímetros, y hiere de bala a la cadete”, informó Masci.

El funcionario además indicó que, a partir de entonces, se trabajó de modo coordinado con el Ejercito Argentino para ver la posibilidad de rescate y por una cuestión de que el helicóptero no estaba preparado para vuelos nocturnos y, para no poner en riesgo a los pilotos y a los que se encontraban en el lugar del hecho, se realizó el rescate por vía terrestre, hasta que este jueves a primera hora de la mañana se trasladó a la cadete en helicóptero.

El funcionario destacó la labor del enfermero Eduardo Morales y del kinesiólogo Eduardo Arce, quienes brindaron la primera asistencia hasta las 4 de la mañana, horario en llegó el equipo médicos. Este escalamiento se inició a las 23, con la colaboración de bomberos de Villa de la Quebrada, de la ciudad de San Luis, la División Canes y baqueanos del Suyuque.

Sobre como se disparo el arma, Masci indicó que un equipo de criminalística está en el lugar haciendo las investigaciones y estudios preliminares, mientras que ya están descendiendo el resto de los cadetes del cerro.

Luego, con respecto a la salud de Casandra Fernández, el director del Hospital San Luis, Jorge Sergio Allende, indicó que la cadete ingresa con perdida de conocimiento pero compensada, destacando el trabajo de la Dra. García, que, sin estar de guardia, accedió a escalar el cerro y estuvo toda la noche en el lugar.

“Se le están haciendo los estudios de rigor con el seguimiento de los especialistas. Se encuentra en terapia intensiva, estable. Con lesión facial y requiere de una cirugía. Se evaluará el estado neurológico de la misma”, dijo Allende, quien además hizo hincapié en el trabajo realizado en el lugar del hecho, donde se logró mantener sus signos vitales, lo que le permitió
ingresar al hospital estable. Además, informó que la bala hizo un orificio de entrada y salida en la zona facial y que, luego de practicada la tomografía, se determinó que debía ser intervenida quirúrgicamente.

Aún más detalles del operativo de rescate

En diálogo con la Agencia de Noticias San Luis, Omar Terc, jefe de San Luis Solidario, explicó el trabajo que se efectuó ante el lamentable hecho ocurrido este miércoles. “Inmediatamente se tomó conocimiento de la situación, se conformó una especie de comando estratégico para tratar de que la cadete se mantuviera con vida, y poder trasladarla lo más rápido posible hacia un centro de mayor complejidad sanitaria”, mencionó.

Rápidamente, señaló el funcionario, se estableció contacto con los pilotos del helicóptero del Plan Nacional de Manejo del Fuego (servicio que brinda el Ejército Argentino) para realizar la evacuación aérea lo más rápido posible. “En ese momento se evaluó la situación y realmente resultó imposible realizar el vuelo en horas de la noche. Las características topográficas del terreno, hace imposible desplegar un operativo aéreo en el lugar del hecho en horario nocturno. Se debía ascender hasta los 2100 metros de altura aproximadamente. La parte alta del cerro Retana posee desniveles importantes de rocas que dificultan la operatividad de las aeronaves. Fue por ello que se tuvo que modificar el plan de rescate y se trabajo para estabilizar a la cadete, hasta que en las primeras horas de la mañana de este jueves se desarrollara el rescate aéreo”, relató el jefe de San Luis Solidario

“No podíamos poner en riesgo la vida de la tripulación y de quienes se encontraban en la cima del cerro, fue por ello que mientras se esperaba las condiciones climáticas necesarias para poder despegar y que quienes se encontraban en la cima acondicionaran un espacio para poder aterrizar, se comenzó con el ascenso terrestre nocturno”, sostuvo el titular de San Luis Solidario.

Terc destacó la colaboración de los intendentes de Nogolí, Gustavo Melián, y Villa de la Quebrada, Stella Maris Lobos, ya que a través de ellos se consiguió la ayuda de los baqueanos, como así también de los Bomberos Voluntarios de El Trapiche para cumplir con los primeros trabajos de auxilio.

“Hay que destacar la ayuda de todos, principalmente de los baqueanos, de los profesionales médicos y sanitarios, personal de la Policía, COAR, Bomberos de la Policía, quienes estuvieron cuatro horas de ascenso en lugares escarpadísimos con riesgos muchas veces de caer a algún precipicio en horas de la noche y de los pilotos del helicóptero que cuando asomaba el primer rayo del sol estuvieron prestos para partir”, sostuvo Terc.

Cada vez son más los testigos que señalan a Dola Videla como la principal agresora.

Ayer, en la Sala de Juicios Orales Nº 2, el Tribunal de la Cámara Penal Nº 2 de la Ciudad de San Luis continuó con el debate oral del “Caso Guadalupe”, por el cual están acusados Miguel Ángel Riquelme y Dora Alejandra Videla de homicidio, y Débora Di Falco por abandono de persona agravada por el vínculo y el resultado. 

El primer testigo de la jornada fue el Dr. Alberto Gómez del Piano, testigo ofrecido por Carlos Guillermo Salazar, defensor de Riquelme. Ante las consultas del Dr. Salazar, sostuvo que conoció al imputado hace varios años, y que éste le realizaba trabajos de herrería, y además era cliente del kiosco que el testigo tenía en el barrio, donde Riquelme concurría regularmente. El testigo afirmó que el imputado, en por lo menos dos oportunidades, le habría dicho que la Sra. Videla lo “habría abandonado y dejado solo con los niños”, pero que no conocía el motivo. “En ocasiones me consultó qué hacer ante estas situaciones”, sostuvo.

Al respecto, cabe recordar que ya ha habido testigos “favorables” a Riquelme, que, sin embargo, apuntan a su esposa, Videla, como la principal agresora y golpeadora de Guadalupe. A su vez, Riquelme mismo sostuvo en ocasiones anteriores que Videla lo golpeaba y que quería dejarla.

Volviendo a Gómez del Piano, el hombre afirmó que, en varias ocasiones, Débora, fue con la niña a comprar cigarrillos, pero que nunca notó que la menor presentara algún tipo de lesión. “Riquelme siempre fue muy correcto conmigo, nunca tuve problemas con el”, sostuvo.

Por su parte, Claudia Ibáñez, abogada defensora de Dora Videla, le consultó si recordaba el año en que la mujer se fue por última vez de la vivienda y si sabía con quien se quedaba Guadalupe, a lo que el testigo respondió que no recordaba exactamente cuando se fue por última vez la imputada, pero que creía que no coincidían estas situaciones con los meses en que Guadalupe se quedó en la casa de Riquelme.

Luego, a la tarde, fueron 4 las personas que prestaron declaración: Beatriz Palmira Domínguez, vecina de Riquelme y Videla, Ignacio Lucero, esposo de la testigo mencionada, Lila Dora González, madre de la imputada, y la oficial de policía Ruth Grisel Montecino.

Domínguez atestiguó que, en la mañana del 12 de septiembre de 2010, se enteró del hecho y fue hasta la casa de los imputados para averiguar lo sucedido. Al llegar al lugar, Riquelme y Videla le dijeron que la nena se había golpeado. La testigo entró a la casa y vio que la nena estaba acostada sobre una cama. “Cuando me acerqué, me di cuenta que la nena estaba muerta en la cama”, sostuvo. Además, observó que en ciertas zonas de la cabeza le faltaban pelos y también tenía sangre en la nariz y en la boca. Luego Riquelme llamó a la policía y el marido de la testigo trasladó a Dora Videla hasta la casa del hermano para pedirle dinero.

Seguidamente, Ibáñez solicitó al tribunal que no se tomen fotografías a la testigo Lila Dora González. Esta última declaró que se anotició a través de los diarios sobre la muerte de Guadalupe, ya que no tenía relación con su hija porque Riquelme la insultaba y la maltrataba.

También prestaron declaración testimonial Ignacio Lucero, quien sostuvo básicamente lo mismo que su esposa, y la oficial Ruth Grisel Montecino, quien ratificó las actuaciones en la causa.

La Dirección de Prensa de la Municipalidad da su versión de la turbia historia de la planta de efluentes cloacales de la Capital.

Ayer, a través de su gacetilla informativa, la Dirección de Prensa de la Municipalidad dio su versión sobre las razones por las cuales es el Gobierno provincial el que debe hacerse cargo de la construcción de la planta de efluentes cloacales de la ciudad de San Luis. A su vez, cabe recordar que el Estado alega que es responsabilidad del municipio, ya que este rompió, unilateralmente, el pacto Provincia-Municipios, el cual, según ellos, es lo que los obligaba a hacerse cargo de la obra. Finalmente, a final de la nota encontrará un breve video que explica el punto de vista de la Municipalidad. 

A continuación, reproducimos en su totalidad el parte de prensa municipal:

“El 28 de junio de 2006, los medios oficiales anunciaban eufóricos que el Gobierno provincial invertiría 240 millones de pesos en un “Plan Estratégico Sanitario” que remediaría la falta de políticas acertadas en materia de salud. Si bien parte de ese dinero luego se desvió a obras para fomentar el turismo, la idea inicial era reforzar dos servicios básicos: agua y cloacas.

Así, y dentro de otro plan, llamado “Hepatitis 0”, el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá prometió construir redes cloacales, plantas potabilizadoras de agua y una nueva planta de efluentes cloacales para la ciudad de San Luis. Al momento de anunciar la inversión, en la Provincia se habían detectado doce casos de hepatitis viral aguda, una enfermedad que se contagia cuando las condiciones sanitarias no son las adecuadas y el agua –que luego se ingiere o se usa para preparar alimentos- entra en contacto con restos de materia fecal o líquidos contaminados.

En 2005, según datos oficiales, se registraron 435 casos de hepatitis aguda.

Sin embargo, y frente a la supuesta preocupación por la salud, la prometida obra de la planta de tratamiento de efluentes cloacales no se construyó jamás.

En junio de 2007, cuando Alicia Lemme preparaba su plataforma electoral prometía la construcción de una planta de efluentes cloacales “porque la actual está colapsada”. La promesa de la arquitecta que luego fue electa intendenta nunca se cumplió.

¿Por qué hacer una nueva planta para tratar los líquidos cloacales? Porque la actual fue construida para una población que no superaba los sesenta mil habitantes. Luego la ciudad se estiró. Sufrió un descontrolado crecimiento demográfico provocado por la radicación industrial. Pero los desechos se seguían volcando en las mismas lagunas ya colapsadas.

El 27 de junio de 2008, Alberto Rodríguez Saá y Lemme firmaron el “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la Provincia de San Luis y el Municipio de la Ciudad de San Luis”. En la cláusula tercera del acuerdo, el Estado provincial “…en el marco del Plan Hepatitis 0, se compromete a ejecutar a su exclusivo cargo y gestión, la construcción de una nueva Planta de Efluentes Cloacales con sus correspondientes colectores y ramificaciones barriales, asumiendo el compromiso de la concreción de la misma en un plazo de cuatro años”.

¿Qué pasó después? ¿Qué hizo el Gobierno con semejante promesa? Lo mismo que en 2006. Nada.

Para silenciar su ineficacia, la Provincia pateó la pelota hacia el terreno que más le conviene: la Intendencia de la ciudad de San Luis. A pesar de las promesas y de los acuerdos firmados, fundamentalmente, el de 2008, ahora le echa la culpa del mal funcionamiento de la planta al intendente Enrique Ponce. Es más, el Gobierno intimó a la Intendencia para que construya una nueva planta, una obra que cuesta alrededor de 350 millones de pesos, cuando el presupuesto anual municipal para el 2013 es de 260 millones.

Además, a través de sus medios de comunicación, el
Estado provincial alegó que la falta de tratamiento adecuado de los efluentes cloacales está causando un severo daño ambiental, ya que contaminan el río San Luis.

Uno de los cuatro ramales que desembocan en la planta pasa por el Parque Industrial Sur. Según la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, quien debe controlar los desechos que las fábricas vuelcan en la red cloacal es el Gobierno provincial. La presencia en las lagunas de manchas de aceite o de coloración extraña indica que esa obligación es pasada por alto o efectuada con negligencia o desconocimiento.

En seis años, el Gobierno prometió dos veces hacer una planta de efluentes cloacales acorde a la población de la ciudad de San Luis. Pero nunca cumplió. La preocupación por la salud de los vecinos y el medio ambiente parecen ser apenas elementos de un discurso vacío de realidad”.

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El mes pasado murieron dos personas. Ahora, un operario quedó en terapia intensiva.

El pasado miércoles se produjo un nuevo y trágico accidente en la obra de construcción del dique de Estancia Grande. Esta vez, la víctima fue un mendocino, Walter Espejo (34), quien cayó al vertedero del muro, por unos 20 a 30 escalones de un metro de alto cada uno. A raíz de la caída, Espejo, obrero de la empresa Metalúrgica Metales Pesados, subcontratista de Rovella Carranza, quedó internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, en el Sanatorio Rivadavia.

Cabe recordar que este es el segundo accidente que se registra en la obra en lo que va del año. El primero ocurrió el sábado 6 de octubre, cuando dos operarios de la empresa Rovella Carranza murieron al caer unos 50 metros, desde la pluma mecánica que estaban desmontando, e impactar contra unas piedras. Además, dos operarios resultaron heridos, uno de los cuales sostuvo lesiones de alta gravedad.

La actividad está destinada a quienes que poseen dificultades en sus roles parentales en cuanto a la crianza de sus hijos. La jefa del Programa Desarrollo y Protección Social, María Rosario Bragagnolo, a través de una conferencia de prensa. La actividad está destinada a Padres y Madres que poseen dificultades en sus roles parentales en cuanto a la crianza de sus hijos.

“Entendemos que es un trabajo en conjunto con familias multiproblematicas para que puedan trabajar mejor con sus hijos. Vamos a trabajar con familias que tenemos oficio del juzgado para hacer seguimiento a efectos que puedan ellos desplegar sus capacidades para ser mejores padres”, explicó Bragagnolo, quien resaltó que en principio se trabajará con 20 personas.

Además, la funcionaria destacó que todas aquellas familias que sientan que necesitan esta capacitación, también podrán asistir.

Las cinco limpiarán distintos espacios públicos de la ciudad Capital.

Bajo la sombra de los arboles que crecen en el Parque de Las Naciones, uno de los pulmones verdes de la ciudad, se realizó un acto que marcó el inicio de un camino de sueños y progreso para un nutrido grupo de trabajadores de Inclusión Social. Allí y con la presencia del gobernador de San Luis, CPN. Claudio Poggi, se firmaron cinco contratos con nuevas cooperativas conformadas por beneficiarios del Plan de la Ciudad capital.

La firma de los contratos se concretó con emoción y fue seguida de cerca por los familiares de los trabajadores y ministros del Ejecutivo provincial que asistieron al acto. A partir de la rúbrica de estos documentos y del decreto de homologación de los convenios suscriptos, los beneficiarios comenzarán a trabajar en parques y dependencias; en mantenimiento, cuidado y limpieza de los mismos.

Este plan de cooperativas puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano, tiene 2 meses y conformó cooperativas que generan 100 puestos formales de trabajo.

La ministra de Turismo y Las Culturas, Cecilia Luberriaga, rubricó los convenios con los referentes de las cooperativas: “Parque Soñado Limitada”, “Valle Puntano Limitada” y “Rincón Esperanza Limitada”. Por otra parte, el titular de DOSEP, Gastón Hissa, hizo lo propio con la cooperativa “Limpieza Puntana Limitada” y finalmente la ministra de Deportes, Adelaida Muñiz, rubricó el convenio con la cooperativa de Trabajo, “Servicio Integrales Puntanos Limitada”. A las firmas se sumó la rúbrica por parte del gobernador, Claudio Poggi del decreto de homologación de los convenios.

Los trabajadores nucleados en estas cooperativas, de ahora en más, se desempeñarán en las tareas de limpieza y mantenimiento del Parque Las Naciones, Parque IV Centenario, Complejo Ave Fénix y edificio de DOSEP.

La ministra de Turismo y Deportes, luego de firmar los documentos se dirigió ante los presentes, destacando la labor que tendrán de aquí en más las cooperativas que trabajarán en el cuidado y mantenimiento de los parques V Centenario y de Las Naciones, como así también del Complejo Ave Fénix.

“Hoy son los valiente los que están incursionando en el mundo de las cooperativas. Vamos a transitar juntos este camino nuevo. Sabemos que San Luis no tiene este espíritu cooperativista como otras provincias, pero vamos a ir aprendiendo el significado y la aplicación de los principios del cooperativismo. Siempre tengamos abierto el dialogo, para ir marchando juntos. Corregir, sobre la marcha, sobre los hechos, no está en nuestro diccionario la palabra fracaso, vamos para adelante y tengamos siempre presente el principio de la solidaridad. Siempre el dialogo y la capacitación constante para que esto sea un triunfo”, reflexionó Tula Barale.

Finalmente el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, cerró la actividad. “Estamos empezando un camino nuevo, y es un camino que tenemos que transitar juntos y creo que es una gran oportunidad, es un progreso en la vida de cada uno de ustedes y es una oportunidad, porque esto que acordamos de formar una cooperativa de trabajo para mantener un parque o el otro parque, o mantener en condiciones la obra social, o mantener el complejo deportivo del Ave Fénix”, señaló.

“Cuando se remitieron los informes de esta obra, no vino de manera completa. Desde el Ejecutivo Municipal se adujo que era por una cuestión de tiempo porque estaban terminando con la adjudicación de la obra. Otras cuestiones, es que se han hecho públicas pagos que se han realizado en lo que no se correspondería con el avance de la obra”, explicó el concejal opositor Jorge Pereira.

La interpelación también incluye que Barbaresi debe brindar información sobre todo su equipo de trabajo.

Además, también se aprobó un pedido de informe para que la Municipalidad en un plazo de dos días, remita toda la documentación referida a la obra de Paseo del Padre. El plazo del pedido de informe radica en que los concejales pretenden conocer la información para tener un mejor conocimiento cuando se interpele a Barbaresi.

Como es habitual en las sesiones, Néstor Menéndez es el edil que defiende a la Municipalidad. El concejal planteó que no era necesaria la interpelación teniendo en cuenta que se podía invitar a Barbaresi al Concejo, como ya se a hecho con funcionarios municipales de otras áreas.

“Es el único concejal que defiende los intereses del intendente. Él plantea que no estamos ni facultados y que no hay causales para a los secretarios para que nos vengan a informar. Ha sido demostrado por el resultado de la votación que no lo entendemos de esa manera. Los pedidos de informe vienen incompletos o se gastan ríos de tinta explicando mal las cosas denostando la imagen del Concejo Deliberante”, sentenció Pereira.

Se trata del régimen de inasistencia para alumnas de escuelas públicas, de protección de usuarios contra el telemarketing, y el de abastecimiento de combustible responsable. En la sesión de ayer, la Cámara de Senadores transformó en ley varios proyectos entre los que se pueden destacar el de régimen de inasistencia para alumnas de escuelas públicas, de protección de usuarios contra el telemarketing, y el de abastecimiento de combustible responsable.

Régimen de inasistencia

Para acceder al beneficio, las alumnas y los alumnos en condiciones de acogerse al mismo, quiénes deberán presentar certificado médico en la escuela pública que acredite el estado y período de gestación y fecha de nacimiento.

Las alumnas embarazadas gozarán de un plazo máximo de inasistencias justificadas, continuas o fraccionadas, no computables a los fines de la reincorporación, de 45 días y podrán ser utilizadas antes o después del parto. Además, las alumnas que certifiquen estar en el período de amamantamiento, gozarán del derecho a retirarse de la institución educativa durante 60 minutos diarios, continuos o fraccionados, durante los 12 meses siguientes al nacimiento del lactante.

Los estudiantes varones que acrediten su paternidad contarán con 10 inasistencias justificadas continuas no computables a idénticos fines, a partir del día del nacimiento.

En caso de interrupción del embarazo o fallecimiento del feto, acreditado mediante comunicación fehaciente, los alumnos respectivos contarán con siete días de inasistencias justificadas continuas no computables a los fines de la reincorporación.

Si el bebé está enfermo, Las alumnas madres y los alumnos padres de niños de hasta un año de edad contarán con DIEZ (10) días anuales, continuos o fraccionados, de inasistencias justificadas por razones de enfermedad para el cuidado de los mismos.

Protección de usuarios contra el telemarketing

La iniciativa prohíbe realizar la actividad de telemarketing en el territorio provincial con respecto a las personas que lo manifiesten en un registro que se creará cuya inscripción será gratuita.

Las excepciones a la prohibición es en los siguientes casos:

a) Se  hubieran  consentido  a  través  de  una  manifestación  previa,  e inequívoca, por  medio  escrito  u  otro  equiparable,  de  acuerdo  a  las circunstancias.
b) Sean  realizadas  por   empresas  u   organizaciones  con   las  que  el usuario  haya  establecido  una  relación contractual,  que  lo  autorice expresamente en el contrato.
c) Sean hechas por organizaciones sin fines de lucro, o en nombre de éstas y no tengan objetivos comerciales o publicitarios.
d) Aquellos Entes Públicos o Privados debidamente autorizados para fines de estudios   u estadísticos.

Abastecimiento de combustible responsable

Se exigirá a todas las estaciones de servicio que informen, mediante un medio gráfico que tenga las mismas dimensiones que tenga el cartel de precios, la inexistencia de un determinado tipo de combustible que habitualmente sea comercializado. El mencionado cartel deberá estar ubicado al lado del de los precios de los combustibles.

Otro aspecto de la ley se refiere al abuso de la posición dominante que viene dada por la única o pocas estaciones de servicio e un pueblo. La iniciativa prevé una sanción para quien “manipule abusivamente, en acuerdo con los competidores o individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de compra de combustible”. Por otra parte, se prohíbe el cobro del “derecho de playa” o adicionales en todo el territorio provincial.