El Gobierno planea hacer un “Open Internacional” de este desconocido deporte.

Ayer, la Agencia de Noticias de San Luis publicó el avance de la construcción del “estadio” de trinquete, donde se celebrará “el Primer Open Internacional de Pelota Vasca – en Trinquete Modelo – Premio Gobierno de la Provincia de San Luis”.  

Lo obra, ubicada en la intersección de calle Hilario Ascasubi y avenida José Santos Ortiz, que debería estar terminada en noviembre de este año, registra un avance del 17,60%, y también un aumento en su costo superior a los 5 millones de pesos.

La obra se dio a conocer a fines del año pasado, en los últimos meses del segundo gobierno de Alberto Rodríguez Saá, y se le otorgó un presupuesto oficial de $7.766.376,75; un anuncio que por sí mismo despertó decenas de críticas entre una comunidad puntana que, en su mayoría, ni siquiera sabe exactamente en qué consiste este deporte. La polémica segura se reavivará ya que ahora, en pleno Plan de Austeridad, se ha confirmado que el monto de la obra ha sido ampliado a $12.796.471,42. Y ni hablar de los gastos que supondrá la realización del “Open Internacional” que Rodríguez Saá le legó a Poggi.

Desde el Gobierno aseguran que la obra “certificará para torneos provinciales, nacionales e internacionales, con las reglamentaciones y exigencias de la normativa para trinquete profesional”, razones que seguramente les servirán de poco a los contribuyentes puntanos cuando llegue el impuestazo del Plan de Austeridad.

Además, el abogado de la familia comentó cuáles son las pruebas que demuestran que el acusado conocía a sus víctimas.

El día de ayer, el abogado Miguel Ángel Orozco denunció que familiares de las víctimas del cuádruple accidente fatal recibieron amenazas telefónicas, exigiéndoles que saquen a su abogado y no sigan adelante con la causa. El hecho ocurrió el pasado domingo 10 de junio y Héctor Fernández, el hombre que embistió con su camioneta al auto de la familia Torres Gutiérrez, está acusado de homicidio simple. 

Según Orozco, la amenaza se produjo el día martes mediante unos llamados al domicilio de una de las hijas de Andrea Gutiérrez, fruto de una relación previa. “Puntualmente le dijeron que se apartara de la causa, que dejara de participar en el proceso, que sacara el abogado y que si no hacía eso, iban a ir a y los iban a matar a ella y el hermano. Puntualmente dijeron que los iban a matar degollándolos”, dijo el letrado, señalando que ya se radicó la denuncia policial correspondiente y que se aportó como prueba un audio que logró registrar la joven que atendió el teléfono.

Cabe señalar que las llamadas fueron realizadas al teléfono fijo de la familia, por lo que no quedó registrado el número de quien llamó. “Lo que me dijo mi cliente es que era una voz ‘aporteñada’, que era un porteño el que hacía las amenazas”, agregó Orozco, asegurando que sus clientes, Eric y Berenice Garraza, están aterrados y que consideran cerrar el negocio familiar ubicado en El Volcán.

El letrado también manifestó que, cuando se venza la prórroga solicitada por la defensa del acusado, va a aportar las grabaciones de la cámara del comercio que tenían Hugo Torres y Andrea Gutiérrez en El Volcán. “Conforme me refirieron testigos de ese día, se podría ver al imputado, Fernández, entrando al negocio y manteniendo un diálogo con Torres. Esto ocurrió aproximadamente una semana antes del incidente”, sostuvo Orozco, quien hizo hincapié en que esta filmación “hecha por tierra la afirmación de la defensa de que ni Torres ni Fernández se conocían entre sí”.

“Se trataría de un homicidio motivado por una deuda económica”, concluyó el abogado, quien también comentó que ayer se realizaron las pericias de accidentología vial y que hoy viernes se llevarán a cabo las primeras audiencias testimoniales.

Se realizó la reunión entre los ahorristas y autoridades de la mutual.

Como estaba previsto, ayer por la mañana ahorristas del El Club se reunieron con autoridades de la mutual. En el encuentro no se les dio solución para la devolución del dinero de los ahorristas, sólo les informaron que se encaró una auditoria para determinar dónde están los ahorros

La reunión comenzó pasadas las 11 de la mañana en el salón de COMESA, con la presencia de más de 50 ahorristas. Desafortunadamente, se les prohibió a la mayoría de la prensa presenciar la reunión, ya que una rubia empleada de El Club manifestó que no estaba autorizada la presencia de los medios.  Sólo se les permitió asistir a la reunión a los colegas del Diario de la República.

“Nos han dicho que estamos más lejos de lo que creíamos en el tema de soluciones.  Ellos siguen en una etapa de investigación de dónde están los fondos, por qué no están donde tienen que estar y estarían tratando de programar cómo sería la solución”, contó Sandra Gil, una de las ahorristas.

Es importante recordar que desde hace más de 90 días, los ahorristas no pueden disponer libremente de su dinero invertido en la mutual. Los ahorristas empezar a intentar retirar sus fondos tras enterarse que El Club está bajo investigación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) porque se presume que la entidad no está autorizada para funcionar como financiera y prestamista, y también por ofrecer servicios que han sido autorizados debidamente, como el de Pago Fácil.

Por su parte, Hugo Marín, integrante de la comisión directiva de El Club dio su versión sobre el motivo para por el que no se devuelven los ahorros. “Hay problemas porque hubo malas inversiones. En algunos casos, malos préstamos, se ha producido una corrida que realmente ha producido unos descalces financieros y eso ha generado que no se pueda atender toda la demanda de la gente”, manifestó Marín, quien dijo que se le devolverá el dinero a los ahorristas.

El próximo miércoles a las 11 horas habrá una nueva reunión sobre el tema.

Es una idea del Gobernador que plasmará en un decreto. El gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció que prepara un decreto para devolver a esa localidad su nombre original. El mandatario ya había manifestado públicamente, en julio de 2016, el deseo de restituirle a la localidad ubicada a 80 kilómetros de la capital provincial su nombre original durante una inauguración de obras.

“Hoy recordaba que se la nombró así a principios del siglo XX, antes se llamaba Los Manantiales y sería lindo restituirle el nombre, conservando el actual por un tiempo, para que todos sepamos de qué se trata y no ser tan generosos con alguien que hizo tanto daño a las culturas originarias”, expresó Rodríguez Saá en aquella oportunidad.

El 20 de junio, luego de participar del acto por el Día de la Bandera en el Monumento de Reivindicación Histórica en Toro Negro, el Gobernador reiteró su idea. “Para que quede en la memoria y todos sepan de qué se trata, pondremos en los carteles Los Manantiales-Villa General Roca durante cuatro o cinco años, hasta que se fije el nombre histórico del pueblo”, explicó.

Serán por la mañana durante el fin de semana. Edesal dio a conocer que se realizarán dos cortes de energía programados en distintos puntos de la ciudad para realizar trabajos de mejoramiento en el servicio que afectarán a varios barrios de la ciudad de San Luis.

El primer corte será el sábado de 8 a 12 horas y abarca los barrios San Martin I, II y Anexo; Independencia, 1º de Mayo I, II, III y 9 de Julio.

El corte se debe al montaje de columna de hormigón armado, cambio de aisladores y poda preventiva en media tensión. También se renovarán elementos electromecánicos y tareas de mantenimiento general de las instalaciones.

El otro corte de energía será el domingo de 8 a 12 horas y la zona afectada será la comprendida entre calles República del Líbano, Av. Julio Roca, Av. Sarmiento y e Ituzaingó.

Los trabajos que se realizarán serán la instalación de nuevo elemento seccionador de maniobras, la renovación de elementos electromecánicos y tareas de mantenimiento general de las instalaciones.

Desde la empresa afirman que gracias a las tareas mencionadas que se ampliará la capacidad de energía y la confiabilidad eléctrica en las zonas donde se realizarán los cortes.

La concejal María José Domínguez opinó sobre la expropiación del barrio La República y de las críticas que le hizo Unidad Justicialista.

Durante el debate de ayer por la expropiación de los terrenos que hacen al barrio La República, la chicana más grande la recibió la concejal María José Domínguez, de San Luis Somos Todos, quien fue acusada de proponer un tratamiento “irresponsable” del proyecto que el Ejecutivo municipal había enviado el año pasado. 

“No fue de manera irresponsable, sino que ya llevaba un año y los vecinos realmente necesitaban una respuesta. Respuesta que hoy se les dio de manera unánime”, dijo Domínguez, orgullosa de que su pedido “irresponsable” desencadenara la discusión que condujo al tratamiento y aprobación del proyecto.

“Finalmente se llevó a cabo lo que nosotros pedíamos, que es la justicia para aquellos que están viviendo en una situación no digna, y devolver la dignidad y poder expropiar esas tierras para su utilidad pública y esas familias tengan su techo y poder llevarles los servicios de parte del municipio”, continuó la concejal.

Domínguez también consideró que “se hizo un uso político-partidario” del proyecto. “Se hizo un uso político cuando realmente fue un acto de gestión del actual intendente que impulsó este pedido”, opinó la edil.

A su vez, la concejal aseguró que el bloque San Luis Somos Todos va a seguir impulsando las otras expropiaciones que el intendente Enrique Ponce había pedido en el mismo proyecto que las del barrio La República. En total son tres predios que también se quieren expropiar y que fueron quitados por el oficialismo provincial del proyecto que se aprobó ayer.

Uno es parte del actual Tiro Federal, mientras que los otros pertenecen a particulares y están ubicados en el barrio Estrella del Sur y en la calle Franco Pastore. “Son para dar una solución habitacional a aquellos que la necesitan y que hoy son muchos realmente”, concluyó Domínguez.

Entre otras cosas, Walter Ceballos destacó la comitiva de 70 personas que viajó a Capital Federal para el sorteo de los Juegos Panamericanos.

Ayer, tanto la presidencia como el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical enviaron sendos comunicados dando a conocer su punto de vista sobre el polémico Plan de Austeridad e impuestazo que anunció que Gobierno hace dos semanas. 

“El Gobierno mantiene gastos superfluos que no están siendo recortados. Queremos aunar opiniones, y alertar que el plan no es así ya que hay gastos del Gobierno que no están siendo recortados, como por ejemplo publicidad y gastos personales del Gobernador”, explicó el diputado Walter Ceballos, quien destacó, como lo hizo La Gaceta en su momento, que todo los ministros del ejecutivo y varios jefes de programas integraron la comitiva que viajó a acompañar la designación de La Punta como sede Argentina para los Juegos Panamericanos. En total, estaríamos hablando de unas 70 personas.

Los legisladores y el presidente del partido, Alejandro Cacace, también coincidieron en señalar que el impuestazo se podría llegar a sentir fuertemente en materia de construcción, donde hay de una suba del 52% de las alícuotas, en la venta de combustibles líquidos y garrafas, donde el aumento es del 100%, y también en las provisiones de electricidad y gas. “No siempre más impuestos significa más recaudación”, dijo Ceballos.

A su vez, el legislador reconoció un nivel de cumplimiento “muy elevado” por parte de los contribuyentes sanluiseños, “que se refleja en ingresos tributarios reales por encima de los calculados presupuestariamente en 36,6 millones de pesos”, pero, por el otro lado, destacando “que las transferencias del Gobierno Nacional han tenido un comportamiento por debajo de lo calculado presupuestariamente en 43,1 millones de pesos”.

“En estas circunstancias, desde el bloque de diputados radicales estamos convencidos que aumentar la tasa de Ingresos Brutos, para todos los sectores económicos, acarrearía aumento de precios y probablemente la salida como tributantes de muchos contribuyentes de pequeño y mediano tamaño, produciendo un impacto aun más negativo en la economía provincial y tal vez disminuyendo la recaudación a niveles por debajo de los actuales”, concluyó el radical.

Las inspecciones se extenderán por más de un mes.

La Secretaría de Vivienda realiza inspecciones en viviendas sociales de en San Luis y La Punta en el marco del Regularización de Títulos. Las inspecciones se extenderán por más de un mes y el martes próximo comenzarán en Villa Mercedes.

“La finalidad de esta visita, que se hace con gente que está debidamente identificada por la Secretaría de la Vivienda acompañada de inspectores y un funcionario por manzana, es recabar datos para el proceso de regularización”, señaló la secretaria de la Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto.

La funcionaria recordó que a principio de la gestión se habló de falta de datos, por lo que ahora se generó un sistema de información con el que se están actualizando datos sobre cada casa, grupo familiar y las modificaciones que existen; pero, a su vez, informándole a la gente sobre los planes de regularización de deudas y de cancelación anticipada.

Con estos casos, en la ciudad de San Luis ya se generaron más de 3.000 expedientes para regularizar la titularidad, ya que ahora la ley lo permite: “Con estos relevamientos en los barrios también hacemos las verificaciones, porque para regularizar estos títulos es condición estar viviendo en la casa”.

“Estas visitas también sirven para ayudar a gente que ocupa una vivienda y que no ha regularizado su título; hay dos obligaciones que tiene una persona cuando se le adjudica una vivienda: habitarla y pagar las cuotas”, aclaró la secretaria.

Respecto a las cuotas, la funcionaria dijo que se inició el plan de oportunidad para refinanciar y regularizar la deuda y aclaró que otro tema es cuando se presentan situaciones como las de quienes ocupan una casa sin ser adjudicatarios directos, ya sea porque estaba a nombre de una pareja que se separó o porque los padres fallecieron y eran los titulares y quedó un hijo viviendo. “Todos casos en los que necesitan la tranquilidad de que esa casa seguirá en sus manos”, señaló.

La irregularidad continúa en la falta de implementación de la libreta de trabajo para los choferes.

Tras un nuevo operativo en la Terminal, llevado a cabo por funcionarios del Gobierno, se detectaron que dos empresas de transporte interurbano reincidieron en la falta de implementación de la libreta de trabajo para los choferes. Las empresas reincidentes son María del Rosario y Sol Bus.

“Nos encontramos nuevamente algunas empresas con irregularidades. El chofer no tenía la libreta o si la tenía no estaba con la firma de la autoridad de aplicación. Se procedió a labrar un acta de infracción”, relató Andrés Salas, delegado de Relaciones Laborales.

El funcionario recalcó que los operativos son para cuidar al pasajero, ya que si el chofer no tiene las horas de descanso establecidas, hay más probabilidades de que suceda un accidente.