La diputada opositora Fernanda Spinuzza denunció públicamente estar viviendo una persecución política luego de que el diputado oficialista Carlos Pereira solicitara una sanción para que no pueda hablar durante tres sesiones consecutivas en la Cámara de Diputados. Spinuzza cuestionó fuertemente la solicitud de Pereira y señaló que este tipo de medidas forman parte de una estrategia del oficialismo para silenciar las voces críticas y desviar la atención de temas prioritarios.

“Sí, lamentablemente son las situaciones que venimos teniendo en la Cámara de Diputados desde que Poggi es gobierno, no solo en diputados, lo vemos en su permanente accionar buscando judicializar y esquivar su responsabilidad, que es gobernar”, expresó la diputada.

La situación se produjo en el contexto de una sesión en la que se discutía la declaración del Tanque Elevado en Villa Mercedes como patrimonio. En medio de un ambiente relativamente tenso, con personal de salud manifestando su enojo desde las gradas, Spinuzza mocionó para que el proyecto vuelva a comisión, argumentando que era necesario reevaluar las prioridades legislativas. Según la diputada, mientras el oficialismo insistía en tratar el tema del tanque, el pueblo presente pedía que se legislara sobre temas más urgentes, como las tarifas eléctricas y la ludopatía digital.

En respuesta, Pereira solicitó una sanción para Spinuzza por haberse levantado en el momento de la votación, un acto que, según ella, está permitido dentro del ámbito legislativo. “La semana pasada el oficialismo se levantó y se fueron, dejaron sin quórum la sesión, ellos tienen quórum para sesionar, que nosotros nos levantemos no altera lo que ellos quieren hacer y la semana anterior logramos la habilitación de tablas para debatir ludopatía digital y la misma diputada Gallardo como no tuvo los votos para rechazar el proyecto emocionó, igual que lo hice yo ayer, que el expediente vuelva a comisión. Por eso hablamos la doble vara de Poggi”, señaló la legisladora.

Spinuzza además vinculó esta situación con lo que considera una persecución política en su contra, mencionando un episodio relacionado con un concurso docente que ganó en abril para un cargo en el Instituto de Formación Docente. La diputada afirmó que cumplió con todas las instancias evaluativas y que el expediente fue enviado al Ejecutivo para su designación. Sin embargo, cuando llegó el momento de la firma del gobernador Claudio Poggi, este intervino para que su nombramiento fuera revertido, a pesar de que sus ministros no habían encontrado observaciones en el proceso. están buscando ahora un suplente por fuera de lo que dice la ley de concursos, siendo un concurso público, por supuesto que hice los descargos y las apelaciones, pero evidentemente una persecución política, en mi caso personal”, denunció.

Spinuzza indicó que, aunque el presidente de la Cámara comunicará su decisión sobre la sanción el próximo lunes, esto no la amedrenta. “No, bajo ningún punto de vista, por supuesto que en el caso que en mi caso sea sancionada, yo haré silencio tres sesiones en la banca, eso no quita mi trabajo que hago diariamente en las escuelas, eso no quita lo que hable con ustedes y eso no quita lo que yo pueda hablar escrito”, declaró con firmeza.

Finalmente, la diputada recordó que la única vez que se aplicó el artículo 139 del reglamento, que es el que se invocó para pedir su sanción, fue cuando un exdiputado fue detenido en estado de ebriedad. En este sentido, Spinuzza criticó que a ella, a diferencia de Irusta, no se le dio la oportunidad de explicar su postura antes de que la moción de Pereira se llevara a votación.

La versión de Pereira
El diputado oficialista Carlos Pereira explicó las razones detrás de su pedido de sanción para Fernanda Spinuzza, calificándolo como una medida disciplinaria necesaria para mantener el orden en la Cámara de Diputados. Según Pereira, la solicitud de sanción surgió después de que el bloque opositor se levantara durante la discusión de una ley que buscaba declarar como patrimonio provincial un símbolo relevante para la comunidad de Villa Mercedes.

“Hubo un pedido de una sanción disciplinaria, velando el debido proceso legislativo, que tuvo que ver con solicitarle a la presidencia un apercibimiento o un cese en el uso de la palabra, por tres sesiones, que es lo que prevé el reglamento”, explicó Pereira, quien consideró que la actitud del bloque opositor fue “agraviante para el cuerpo, para los legisladores, para la comunidad de Villa Mercedes.”

Pereira rechazó las acusaciones de autoritarismo y defendió su postura, argumentando que es necesario mantener un “debido orden en las sesiones.” El legislador subrayó que, en su evaluación, la conducta del bloque opositor fue ofensiva y despectiva hacia el proyecto en cuestión, lo que motivó su decisión de solicitar la sanción.

Respecto a los reclamos de Spinuzza sobre la falta de tratamiento de proyectos socioeconómicos, Pereira fue contundente: “Nosotros no le podemos hacer la campaña a Spinuzza ni que ella nos marque la agenda del oficialismo. Tenemos otras iniciativas, otras urgencias”. Añadió que, si bien ciertos temas pueden ser importantes, el oficialismo tiene prioridades establecidas que deben ser respetadas.

Finalmente, Pereira expresó su esperanza de que, con la renovación de la Cámara el próximo año, puedan surgir dirigentes más razonables que permitan un mayor consenso en la legislatura. “Pero, como sucedió ayer, desestimar o demonizar un proyecto porque tenga una referencia cultural me pareció grave e injusto”, concluyó.

En su primera declaración como nuevo defensor del Pueblo de San Luis, Guillermo Belgrano Rawson expresó el honor que siente por haber sido designado para ocupar este importante cargo, subrayando la relevancia constitucional de la institución que ahora dirige. “Demás está decir que me siento muy honrado por la propuesta y la designación como defensor del pueblo. Es una institución muy cara a los sentimientos constitucionales de la provincia y hace a la calidad institucional”, afirmó.

Belgrano Rawson resaltó la ausencia prolongada de un Defensor del Pueblo en la provincia, recordando que el último en ejercer el cargo antes de Enrique Ponce, fue Jorge Sopeña, hace casi dos décadas. “Le he pedido al doctor Sopeña incluso que me ayude porque él llevó a la defensoría a un punto muy importante”, comentó.

Al ser consultado sobre la continuidad de los temas abordados por su antecesor, Belgrano Rawson aseguró que se mantendrán las líneas de acción existentes, en especial en lo que respecta a las denuncias por excesos del Poder Ejecutivo. “Voy a respetar las acciones que ha llevado adelante la Defensoría del Pueblo, voy a tratar de no innovar en ese sentido”, expresó.

En relación con la situación tarifaria, un tema que ha generado gran debate en la provincia, el nuevo defensor señaló que aún no ha tenido contacto con Enrique Ponce, pero que planea hacerlo para conocer su enfoque y los trámites en curso, no solo de este tema, sino de otras políticas de la Defensoría. También mencionó la importancia de abordar temas medioambientales, anticipando que serán una parte relevante de su gestión.

Sobre su independencia para enfrentar al gobierno provincial, Belgrano Rawson fue contundente: “No tengo condicionamientos de ninguna índole, si yo no formo parte del partido del gobierno. Nadie, ningún legislador me ha dicho una palabra de que hay que hacer tal o cual otra cosa. De ninguna manera”.

Finalmente, Belgrano Rawson reconoció que su mandato de un año es un desafío, especialmente porque deberá armar un equipo de trabajo y adaptarse rápidamente al cargo. Sin embargo, dejó claro que su objetivo es fortalecer la Defensoría del Pueblo, extendiendo su alcance a toda la provincia, incluyendo la creación de delegaciones en zonas clave como Merlo y San Francisco.

En una asamblea legislativa celebrada hoy en la ciudad de San Luis, se eligió por unanimidad al abogado Guillermo Belgrano Rawson como nuevo Defensor del Pueblo, luego de que el mandato de Enrique Ponce terminara el pasado 31 de julio. Este nombramiento tiene una duración de un año y marca la segunda designación de un defensor en la provincia después de un largo período de 19 años en el que el cargo estuvo vacante.

El senador opositor Hugo Olguín fue el primero en tomar palabra y, a pesar de que su espacio político fue el que decidió dejar este puesto vacante por 19 años, destacó la relevancia de la Defensoría del Pueblo como un pilar en la defensa de los más vulnerables. “Este organismo no es sólo un intermediario entre el Estado y los ciudadanos, sino una verdadera trinchera en la defensa de los más vulnerables. La misión del Defensor del Pueblo, tal como está definida en nuestra legislación, es clara. Salvaguardar los derechos fundamentales, velar por el interés común y asegurar que la administración pública provincial actúe dentro de los límites de la ley. La independencia de esta institución es indispensable para que pueda cumplir su función de manera efectiva, sin temores ni condicionamientos, siempre en defensa de aquellos que más lo necesitan”, afirmó Olguín.

Por su parte, la diputada opositora Claudia Pinelli subrayó las diferencias entre los distintos espacios políticos en relación a la institucionalidad, ya que el año pasado, cuando el poggismo era oposición, no acompañó el nombramiento de Ponce. Pinelli enfatizó la necesidad de que Belgrano Rawson actúe como la voz de aquellos que “están sufriendo en una de las épocas más difíciles para el pueblo”.

“Tendrá la enorme tarea de representarlos ante un Gobierno Nacional que se jacta de su insensibilidad, que disfruta hasta con morbo y placer genuino el sufrimiento de algunos sectores. Tendrá que mediar con un Gobierno provincial que carece de ideas, pero sobre todo que parece no haber comenzado. Que se lo ve desorientado y sin demasiadas políticas más allá del marketing y hablar del pasado. Tiene enfrente la defensa de la salud pública y el reclamo de los gremios por medidas que se quieren tomar. Los reclamos salariales de todos los sectores. La situación de los policías en actividad y los que quieren ingresar. La ausencia de política de género. Las denuncias que pesan sobre varios funcionarios ante esta situación. Los grandes aumentos tarifarios y el enorme desafío de pelear contra el monopolio económico de Edesal”, dijo la legisladora.

Finalmente, el diputado Ricardo Giménez, de la Unión Cívica Radical, manifestó su apoyo al nuevo defensor, recordando el éxito de Belgrano Rawson al frente del Colegio de Abogados de San Luis. “Estamos convencidos de que lo va a hacer con el mayor de los éxitos”, expresó Giménez.

Tras la aprobación por unanimidad de la designación de Belgrano Rawson, se produjo la designación de un defensor adjunto, cuya oficina funcionará en Villa Mercedes. Por unanimidad, fue electo para el cargo Jonathan Velázquez Lucero.