Al igual que en el Concejo Deliberante, el oficialismo poggista, en busca de titulares, llevó a la Cámara de Diputados el caso de Ayelén Mazzina, con un insólito proyecto, aprobado por mayoría, donde se la “invitó” a la exministra de Mujeres de la Nación al recinto para que dé explicaciones sobre su rol con respecto a las denuncias por violencia de género de la exprimera dama Fabiola Yáñez.

“Elegía estar defendiendo los intereses de los amigos del poder de ese momento”, dijo Eugenia Gallardo, presidenta de la bancada oficialista, cuando presentó este proyecto, hablando de una “falta de empatía” por parte de Mazzina.

Obviamente, la oposición salió al cruce del poggismo, no solo defendiendo a Mazzina al destacar que “ella misma se presentó a la Justicia a declarar y a presentar toda la documentación”, sino también marcando lo insólito del proyecto oficialista. “El bloque del Poggismo no presentó ningún repudio contra los golpes y agresión que recibió la exprimera dama. Se han concentrado pura y exclusivamente en criticar, o juzgar directamente, a Ayelén Mazzina. No somos quiénes juzgamos”, les dijo Federico Berardo, destacando además como el poggismo nunca definió una postura clara sobre las cuestiones de género.

“Que vengan hoy a querer simular una preocupación por las políticas de género por el solo hecho de tener un rédito político. Se agarraron de gente muerta, gente que la ha pasado muy mal. Nosotros nos hemos equivocado un montón de veces, pero tenemos una postura clara”, continuó.

Por su parte, Silvia Sosa Araujo remarcó las denuncias de violencia contra las mujeres en el mismo seno del Gobierno, como las hechas en torno a los ministerios que están en manos del adolfismo.

A esto, el oficialista Carlos Pereira les respondió: “La causa de las mujeres ha sido usada como una herramienta de marketing político para validarse y legitimarse en otros órdenes de la mala praxis política. Que bueno sería que Mazzina de explicaciones en el ámbito local, donde pudo desarrollar su carrera política”.

“Esa es la casta que hace daño al sistema democrático, esa que quiere hoy convocar a un exfuncionario para que explique lo que por nuestro sistema democrático y republicano lo debe hacer ante un juez”, sentenció Petrino en relación a este proyecto que, de igual manera, el oficialismo logró aprobar por mayoría.

Otro momento más que interesante de la sesión fue cuando la opositora Fernanda Spinuzza logró la habilitación sobre tablas para el tratamiento de su proyecto de prevención y mitigación de la ludopatía digital, una de las iniciativas más interesantes y actuales, que abarca un problema real, que ha sido presentado por nuestros legisladores.

“Las infancias han naturalizado su vida cotidiana en el plano digital y esto genera un montón de situaciones”, comenzó diciendo Spinuzza, quien agregó que “el Estado en su conjunto no está llevando la educación digital, las campañas de protección de datos personales, ni hablar con el cumplimiento de las leyes de protección de datos personales en los entornos digitales”.

La legisladora, que claramente ha estudiado el asunto, explicó como esta problemática comienza desde muy temprana edad. “Las y los chicos de 5, 6, 7 u 8 años, que no apuestan en línea legalmente, si están en plataformas de juegos como Roblox, Freefire, Fortnite y Minecraft, donde la lógica de los videojuegos es la recompensa intermitente, es la gamificación de las partidas, que es cuando hay microtransacciones en las plataformas a cambio de ‘lootboxes’, que son las cajas de premios para obtener ventajas en el juego. Les estamos enseñando a los chicos que poner planta en las plataformas digitales de entretenimiento”, explicó Spinuzza.

A esto le sumó lo que manifestaron funcionarios del Gobierno que concurrieron a una reunión de comisión donde se trató este proyecto. Lejos de ocuparse del tema, los funcionarios dijeron que todavía no tienen casos de ludopatía digital, pero reconocieron que los casos “que las denuncias de los padres de los chicos que padecen un trastorno patológico les llega 4 o 5 años después de iniciado el comportamiento”. “Los chicos somos nosotros, la política ausente de regulaciones que los impulsa a que tengan un comportamiento en internet que puede desembocar en una patología”, añadió.

Para preparar este proyecto, Spinuzza realizó una encuesta con más de mil jóvenes, donde el 40% respondió haber apostado en línea, destacando que “lo reconocen como natural” y señalando la publicidad engañosa como uno de los motivos por los cuales lo hicieron.

La respuesta del oficialismo fue, más que insólita, preocupante. “Desde el Ejecutivo se están ocupando del tema. Queremos sacar la mejor ley para legislar sobre este asunto, es un asunto que nos excede, creo que como diputados con distintas formaciones no tenemos la capacidad técnica para poder, solos, legislar sobre un proyecto tan técnico”, dijo Eugenia Gallardo, olvidándose que, de los más de 4 millones de pesos que cobran por mes, más de la mitad corresponden a un módulo que debería ser destinado, entre otras cosas, a asesores que los ayuden a prepararse para tratar iniciativas como estas.

Con esta terrible alocución, Gallardo pidió el giro a comisión del proyecto, el cual se produjo con 22 votos afirmativos y 15 negativos, dilatando aún más esta iniciativa.

El presidente provisional del Senado de la Nación, Bartolomé Abdala, anticipa que los senadores votarán en contra del polémico aumento de las dietas se tratará en la sesión de este jueves. De acuerdo al senador nacional, los legisladores acordaron en la reunión de labor parlamentaria que todos voten en contra. Un senador nacional que los ítems de desarraigo y gastos de representación tiene un sueldo bruto de $7.800.000 mientras que el salario bruto del Presidente de la Nación está apenas por encima de los $4 millones.

“Va a ser rechazado este aumento por parte de todos los senadores. Es lo que se habló en labor (parlamentaria) y lo que seguramente se va a ver en el recinto. Brindar la tranquilidad y la conciencia que los senadores también están entendiendo el mensaje de la gente. Como senadores de La Libertad Avanza, que votamos oportunamente en contra, estamos tranquilos de que este nuevo aumento no se va a producir”, aseguró Abdala en declaraciones a Prensa del Senado.

El 18 de abril, los senadores aprobaron por mayoría el aumento de las dietas. Pasaron de cobrar $1.700.000 en bruto a la suma actual. De los tres senadores por San Luis, uno votó a favor, el peronista Fernando Salino. Esta aprobación generó críticas en la sociedad e incluso del presidente Javier Milei.

“Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos”, fue el posteo de la vicepresidente Victoria Villarruel hace un par de días.

Este miércoles, la Cámara de Diputados convirtió en ley la creación de una comisión que tendrá como objetivo realizar un análisis e informe para luego proceder con una reforma de la Constitución Provincial, tal cual lo anunció Claudio Poggi desde que asumió como gobernador. El debate fue similar al de la comisión para la reforma del sistema electoral, con la oposición cuestionando más que nada la burocracia que conlleva esta idea.

El debate comenzó con una alocución del oficialista Carlos Pereira, quien realizó un repaso de la historia constitucional de San Luis y luego planteó los puntos que el Gobernador ha propuesto incluir en una posible reforma, como por ejemplo la eliminación de las elecciones de medio término y del Senado, ampliar el periodo de sesiones ordinarias, la incorporación de la “cláusula de consanguinidad” para el ejercicio de la titularidad del Poder Ejecutivo, limitar a DOS (2) periodos, continuos o alternados, el ejercicio de cargos electivos, sean estos de carácter legislativo o ejecutivo, provinciales o municipales; y otros puntos más.

El legislador oficialista explicó que la comisión estará conformada por el presidente de la Cámara de Diputados, cinco diputados por la mayoría y cinco por la minoría; el presidente del Senado (que es el vicegobernador), dos senadores por la mayoría y dos por la minoría; y dos representantes designados por el Poder Ejecutivo, quienes podrán ser reemplazados según se considere necesario. A esto se suma la posibilidad de invitar a participar a partidos políticos, miembros del Superior Tribunal de Justicia, magistrados, ministros del Ejecutivo, legisladores nacionales, provinciales y municipales; intendentes, asociaciones, colegios de profesionales, universidades públicas y privadas, y organizaciones de la sociedad civil. La comisión funcionará en la Legislatura, tendrá un plazo de 120 días para realizar su análisis y emitir a los 3 poderes de la provincia.

“Las únicas leyes que sacamos en esta Legislatura es creando comisiones cuando la Constitución es muy clara en cuanto a cómo se tiene que reformar una Constitución”, dijo la opositora Silvia Sosa Araujo, señalando que se quiere “con una ley ir en contra de lo que dice la Constitución”.

Acto seguido, leyó los artículos 281 y 283 de la Constitución, los cuales hablan, justamente, de que la Constitución se debe modificar a través “de una Convención especialmente al efecto por el pueblo”, detallando quienes la pueden integrar. “Queremos armar una comisión con quienes no pueden ser parte ni miembro de una convención constituyente”, señaló Sosa Araujo.

Por el lado del poggismo, la respuesta fue más que nada chicanera, preguntando si “está bien o está mal” discutir los temas planteado por el Gobernador, y no centrándose en las críticas concretas de la oposición.

Ante este panorama, el opositor Federico Berardo destacó que no se oponen a la reforma constitucional, sino a la creación de esta comisión y el hecho de que la misma requiera dinero. “Sigo sin entender para qué necesita plata. No paran hablar de la crisis y del caos económico que recibieron”, dijo Berardo, quien además destacó que este proyecto es “exactamente igual” al de la comisión de reforma electoral.

A esto, Gloria Petrino le sumó que, al no ser vinculante el informe de esta comisión, “lo único que quieren es instalar temas, a lo mejor para medir, para tener un termómetro. Está bien, pero uno se cansa de la hipocresía. Este proyecto es la nada misma”, sentenció.

Por su parte, Pereira retomó la palabra y, al igual que en otras ocasiones, apuntó directamente a los comentarios de la oposición, aclarando que el dinero es “a requerimiento de la comisión”, la cual va a estar equilibrada en su composición y que sus integrantes deben ser responsables, ya que “van a estar siendo mirados por nosotros y por la sociedad civil en este contexto”.

A pesar de las críticas opositoras, el proyecto terminó siendo aprobado por unanimidad. Para ese entonces, ya iban 6 horas de sesión y parecía que estaba por terminar, pero Berardo pidió el tratamiento sobre tablas el tratamiento de su proyecta que solicita “ministro de Hacienda y Obras Públicas que informe sobre el estado de las finanzas
públicas de la provincia de San Luis”. Aparentemente, en la reunión parlamentaria previa a la sesión, el oficialismo le pidió realizar este pedido luego del tratamiento del proyecto de la comisión de reforma. Berardo cumplió y, cuando empezó a fundamentar su proyecto, los oficialistas se retiraron, dejando la sesión sin quórum. “Se escapan como ratas”, les dijo Berardo, visiblemente molesto por la jugada oficialista.