Impulsan la inserción laboral de personas con discapacidad

El director de Relaciones Laborales del Ministerio de Gobierno, Alberto Lindow, mantuvo un encuentro con el secretario de Personas con Discapacidad, Luis Giraudo, en el que firmaron un pacto destinado a promover la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Lindow explicó los alcances y objetivos que se plantearon al diagramar la iniciativa. “Consideramos que para que haya una verdadera justicia social y un verdadero acceso al trabajo decente, debemos darle igualdad de oportunidades y de trato a todas las personas”, manifestó.

Señaló que, para lograr el cometido, deberán cumplir con cuatro metas estratégicas que guardan relación entre sí. “Tenemos que establecer normativas y leyes que aseguren la igualdad que sugerimos; generar condiciones para que todos tengan libertad para acceder al empleo; fomentar el diálogo social con representantes de trabajadores, empresas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales; y el último objetivo es garantizar la protección social a todos los ciudadanos”, enumeró el funcionario.

Giraudo destacó que la concreción del acuerdo “es un trabajo que venimos haciendo hace tiempo con Lindow. Habla de leyes, de inclusión, no es algo hecho a la ligera”. A su vez, indicó que la provincia carecía de política en esta materia. “Nadie nos escuchaba, pero hace seis meses que nuestro gobernador Claudio Poggi nos está escuchando. Que yo sea secretario con rango ministerial significa que me siento con él permanentemente para arreglar estas inquietudes. Entonces, que nos haya prestado el oído y nos dé voz es muy importante, estoy más que agradecido. Esto recién empieza”, aseguró.

El cierre estuvo a cargo del ministro de Gobierno, Facundo Endeiza, quien destacó que la propuesta “condice con uno de los ejes fundamentales de este Gobierno, que es la reconstrucción del tejido social. Sabemos que en San Luis estamos transitando una nueva etapa, en la que es fundamental integrarnos y trabajar codo a codo, sobre todo para los que más lo necesitan”.

El funcionario subrayó la importancia del trabajo mancomunado, la coordinación y la integración entre las distintas áreas de Gobierno. “Es importante estar a disposición en lo que sea para que podamos ir trabajando día a día por un servicio mejor, que es el objetivo de todos”, remarcó.

Respecto a los detalles del acta, Relaciones Laborales informó que buscará la vinculación e incorporación laboral de las personas con discapacidades, bregando por una real inserción. En su interior, tendrá definido situaciones y procedimientos de acción para que el sector público y empresas o comercios del ala privada puedan fomentar la inclusión.

A través de esta firma, las partes acuerdan llevar a cabo acciones que aborden la integración laboral con universidades nacionales y provinciales, organizaciones empresariales y gremios. Además, generarán espacios de capacitación sobre el tema destinado a personal de la administración pública.

Ambas carteras conformarán grupos de trabajo en conjunto para realizar evaluaciones de puestos de trabajo destinados a personas con discapacidad, detectando y eliminando aquello que sea considerado una barrera para la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Fuente: ANSL

 

Funcionarios municipales denunciaron un déficit de $1.400 millones en las cuentas de inversión del último año de Tamayo

Esta mañana, en una conferencia de prensa, Laura Ferreti, secretaria de Hacienda, Fabiana Malamud, secretaria General, y Andrés Heredia, secretario Legal y Técnica, anunciaron que el Tribunal de Cuentas municipal rechazó las cuentas de inversión correspondientes al ejercicio 2023, último año de gestión del exintendente Sergio Tamayo.

Laura Ferreti explicó que la cuenta de inversión, presentada el 30 de mayo tras una prórroga solicitada el 15 de mayo, es el resumen del presupuesto de 2023, detallando recursos, gastos y su ejecución. “Toda la documentación necesaria fue entregada al tribunal, incluyendo la situación del tesoro municipal, los estados contables de los entes y de una empresa municipal, y los gastos plurianuales”, detalló Ferreti. Pese a haber respondido a todas las notas complementarias solicitadas por el tribunal, la cuenta fue rechazada “unánimemente por los auditores”. Citó textualmente el voto del tribunal: “La mencionada cuenta de inversión no presenta razonablemente la situación presupuestaria, financiera y económica al 31 de diciembre del 2023”.

Por su parte, Fabiana Malamud profundizó en el significado del rechazo, indicando que no fue aprobada la gestión de 2023 del exintendente Sergio Tamayo debido a inconsistencias contables, financieras y económicas. “El presupuesto que estaba aprobado por el Concejo no se gastó adecuadamente en todos los objetivos planteados ni en la modalidad especificada por la ley de contabilidad”, afirmó Malamud.

La secretaria también aclaró que, al asumir la nueva gestión el 11 de diciembre, se encontró un saldo bancario mínimo y un déficit de 2.000 millones que, tras una revisión contable, se determinó en 1.400 millones de pesos. “Nos encontramos con una municipalidad quebrada, con un déficit crónico que se gastaba más de lo que la municipalidad podía recaudar”, señaló Malamud, quien repasó las medidas de ajuste y reordenamiento que se tomaron, como el desdoblamiento del pago de sueldos y el pago de aguinaldos en enero debido a la falta de fondos en diciembre.

Malamud enfatizó que, en 2023, “se gastó con inconsistencias, se desviaron fondos a través de los entes y se gastó más de lo que se podía recaudar”, y añadió que estas prácticas perjudicaron a los servicios municipales y, por ende, a los vecinos. “Esto perjudicó a la familia municipal y al vecino que no vio contemplado en los servicios que debían prestarse en enero, febrero, marzo y abril, que fueron muy deficitarios por parte del municipio”, aseguró la funcinaria, reconociendo una de las principales críticas que se le ha hecho a la gestión de Gastón Hissa.

Finalmente, Andrés Heredia indicó que, al asumir la nueva gestión el 10 de diciembre, se realizaron denuncias contra los funcionarios de la administración anterior, incluyendo al exintendente Tamayo y otros altos cargos como el exsecretario de Hacienda Nicolás Carpio, el exsecretario de Gobierno Andrés Russo, y el exsecretario de Cultura Matías Follari. “Cada una de las causas están denunciadas, todos los altos funcionarios de la gestión anterior, y ahora le vamos a pedir a la justicia ampliar esas denuncias incorporando el informe certificado del Tribunal de Cuentas”, señaló Heredia.

Las denuncias apuntan a la malversación de caudales públicos y el incumplimiento de deberes de funcionario público. “Por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas estamos hablando que el ente de Cultura tenía un presupuesto de 20 millones y se gastó 200 millones donde nunca se rindió eso”, explicó.

Además, Heredia mencionó irregularidades en la rendición de cuentas del expresidente del Concejo Deliberante, Gastón Témoli, quien no cumplió con la rendición correspondiente tras finalizar su mandato. “Lo que se ha podido corroborar últimamente con este informe del Tribunal de Cuentas es que el expresidente del Consejo, Gastón Témoli, tampoco ha hecho la rendición correspondiente y por ende esta intendencia también lo va a denunciar”, afirmó Heredia.

Cabe señalar que este medio, que hoy publicó un detallado informe sobre las cuentas de inversión provinciales, todavía no ha tenido acceso al informe del Tribunal de Cuentas municipal. Asimismo, todavía no hay funcionarios de la gestión anterior que se hayan pronunciado respecto a las denuncias hechas.

Los gastos reservados de la Gobernación llegaron a $784 millones en 2023. Más de $2.100.000 por día

Una de las cifras que se desprenden de las cuentas de inversión son los polémicos servicios no personales de la Secretaría General de la Gobernación, más conocidos como “gastos reservados”. Estos gastos están cada año en el centro de la polémica cuando se tratan las cuentas de inversión en la Legislatura porque son gastos que no están sujetos a rendición, según establece una ley provincial, por lo que el gobernador los puede gastar en lo que quiera.

En 2023, estos gastos ascendieron a $784.577.445, a pesar de que solo se había presupuestado $350.000.000. Esto da una cuenta de $2.149.527 diarios que el exgobernador Alberto Rodríguez Saá no tuvo que rendir.

En cuanto al destino de estos fondos, a fines de septiembre de 2019, el excontador general de la Provincia, Daniel Marone, acudió a la Legislatura para contestar un pedido de informe vinculado a las cuentas de inversión 2018. La Gaceta Digital preguntó tras la reunión a Marone el motivo por el que la ley estipula que no se informan los gastos reservados. “Son gastos de seguridad, incluyen un montón de ítems que pueden incluir situaciones de seguridad y emergencia, la gente que se llega a la Secretaría General pidiendo por situaciones puntuales, el Gobernador tiene la facultad de satisfacer esas demandas a través de los gastos reservados”, respondió el exfuncionario.

Si bien el gobernador Claudio Poggi usó estos gastos reservados en su primera gobernación (2011-2015), para este periodo prometió que los va a eliminar.

La tendencia de la ampliación presupuestaria
Otra arista de los polémicos gastos reservados es que históricamente el monto ejecutado superó al presupuestado debido a las ampliaciones presupuestarias. La diferencia entre ambos montos se conoce prácticamente con un año de diferencia, cuando en la Legislatura se trata las cuentas de inversión, que es la rendición de cuentas del Gobierno que deben aprobar las cámaras de Diputados y Senadores.

Solamente en 2020, el año que se desató la pandemia de Covid 19, los gastos reservados ejecutados fueron menores a los presupuestados. En el presupuesto de ese año el monto fue de $79.800.000 y se gastaron $50.600.000. Fue un – 36,59%, pero fue la excepción a la regla.

Cuentas de inversión: Rodríguez Saá dejó $5.500 millones de “superávit”, pero liquidó el fondo anticrisis y los bonos de deuda

Esta semana ingresaron a la Legislatura Puntana las cuentas de inversión 2023, el documento donde el Gobierno informa los ingresos y los gastos que tuvo el año anterior. Inmediatamente, el documento se filtró y los medios pertenecientes a los distintos sectores políticos realizaron la lectura que, obviamente, más perjudica a su adversario político. De ese modo, El Diario de la República tituló que Alberto Rodríguez Saá dejó un superávit de 93.590 millones de pesos, mientras que El Chorrillero publicó que dejó un déficit de 93.125 millones. ¿Quién dice la verdad? O mejor dicho, ¿alguno dice la verdad?

Los titulares de los medios partidarios

La Gaceta Digital dialogó, off the record, con distintos miembros del Tribunal de Cuentas, el organismo que elabora este informe todos los años, quienes explicaron las distintas cifras que figuran en el informe. Una de estas cifras es un déficit presupuestario de $-20.995 millones. Esto se debe a que la provincia presupuestó 546.930 millones y tuvo erogaciones presupuestarias por 567.925 millones. A ese monto, el poggismo le suma 72.130 millones que la provincia obtuvo mediante la venta de bonos de deuda que le pagó Nación, y obtiene el déficit de 93.125 millones que tanto está difundiendo.

Esta es una postura que el poggismo viene manteniendo desde hace muchos años. Ellos consideran que si vendiste algún tipo de recurso (en este caso los bonos de deuda) o usaste tus ahorros para pagar una deuda, seguís teniendo déficit. Por el lado del albertismo la postura es otra. Ellos sostienen que, justamente, los ahorros y recursos como los bonos de deuda están para eso y que solo tenés déficit si quedaste debiéndole plata a alguien.

En este sentido, cabe destacar que la realización de un presupuesto, más aún en un país inflacionario como Argentina, no es una ciencia cierta. La provincia presupuestó 546.930 millones, pero según consta en la cuenta de inversión sus ingresos financieros (o sea el dinero que efectivamente entró) fueron $591.295 millones. A su vez, las erogaciones financieras fueron por $593.679 millones. Por ende, se podría decir que la provincia tuvo un déficit financiero de $2.384 millones.

Sin embargo, esos $591.295 millones que ingresaron en 2023 no era todo el dinero con el que contaba el Gobierno el año pasado. Según consta en la página 6 del informe del Tribunal de Cuentas, el Gobierno también contaba con un saldo financiero de $100.478 millones que, dicho en criollo, sobraron de 2022. Este dinero es lo que la gestión de Rodríguez Saá llamaba el fondo anticrisis. Por ende, el Gobierno contó con $691.774 millones en 2023. Si a este monto le restamos las erogaciones financieras por $593.679 millones, más una serie de pequeños ajustes por diferencias de fondos, llegamos a los $93.590 millones de superávit que impulsa el albertismo.

No obstante, la gran mayoría de esos $93.590 ya tenían su afectación, entre lo que se destacan $27.892 millones destinados a “órdenes de pago sin pago y/o no conciliadas”. Estas órdenes de pago incluyen el pago de salarios, razón por la cual el albertismo sostiene que la gestión de Claudio Poggi no tenía ningún motivo por el cual desdoblar el pago de salarios de diciembre de 2023.

De estos $93.590 millones, luego de ser afectados a distintos pagos, quedaron $5.510 millones de libre disponibilidad. Esta cifra podría considerarse como el verdadero superávit de 2023, pero no hay que olvidar que la gestión de Alberto Rodríguez Saá utilizó todo lo que sobró de 2022 ($100.478 millones), incluyendo  bonos de deuda por 72.130 millones para cubrir los gastos que tuvo el año pasado.

En lo que el informe del Tribunal de Cuentas no da mucho margen para la interpretación política es con respecto a las deudas del Estado provincial. “La provincia de San Luis no tiene deuda pública por préstamos a organismos nacionales ni internacionales y no ha emitido obligaciones a cargo del Tesoro”, reza el informe del Tribunal.

A pesar del cambio de dueño, aseguran que en la fábrica de Pampers en Villa Mercedes no habrá despidos y producirá con normalidad

La noticia del cambio de dueño de la planta de Procter & Gamble (P&G) en Villa Mercedes (se fabrican productos de las marcas Pampers y Always, entre otros) generó preocupación en los trabajadores. Este lunes, un representante de la firma se comunicó con el director provincial de Relaciones Laborales, Alberto Lindow, para llevar tranquilidad. Le confirmó que conservarán los 115 puestos de trabajo, respetarán los derechos adquiridos, las antigüedades y continuarán la producción con normalidad, resumió Lindow.

P&G vendió el 100% de su paquete accionario y firmó un acuerdo de licencia y distribución exclusiva con el grupo local Newsan. La noticia de la salida del mercado argentino de la firma fue informada por la propia empresa a través de un comunicado y tuvo una fuerte repercusión en el delicado escenario económico nacional.

Lindow recapituló que el 10 de diciembre, cuando Claudio Poggi asumió como gobernador y él se hizo cargo de Relaciones Laborales, recibió instrucciones precisas y claras del primer mandatario. “Teniendo en claro que heredamos una situación compleja en materia laboral, tanto a nivel nacional como provincial, la instrucción fue que, en estos momentos de recesión, era necesario velar y cuidar los puestos de trabajo, a la espera de la reactivación, que es lo que todos queremos, para erradicar o disminuir la brecha de la pobreza”, dijo.

Ante ese pedido, la Dirección puso en marcha una estrategia, que incluyó establecer diálogo con sindicatos y con las cámaras empresarias, los empleadores, las empresas. “También hicimos visitas a distintas fábricas, porque no es lo mismo cómo impacta la situación en el sector metal-mecánico, la alimentación, la construcción, las textiles. Incluso con el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, fuimos a varias empresas para tomar el pulso de la situación”, contó.

Respecto a P&G, a las autoridades provinciales llegaron comentarios de que había negociaciones en marcha y buscaron visitar la firma. “Ellos tienen un sistema de gestión americano, y la alta gerencia o el nivel decisorio estaba en Buenos Aires. No pudimos visitar la fábrica, pero sí tuve un Zoom con la gerencia de la empresa, hace más o menos un mes y medio, en el que transmití la preocupación del Gobierno por las fuentes laborales. Me comentaron que había distintas alternativas, y que no había razón para preocuparse”, refirió.

Este lunes, el gerente de relaciones institucionales de la firma habló con Lindow y le comentó que se habían resuelto las negociaciones y que Newsan había comprado las acciones, lo que convertía al grupo en el nuevo dueño de la planta de Villa Mercedes. “Siempre vamos a estar atentos, pero hoy estamos tranquilos, la empresa seguirá trabajando, los empleados conservan los puestos, los que cambiaron fueron los accionistas”, dijo.

Newsan tiene alrededor de 9.000 trabajadores que producen en distintas áreas, como electrónica y alimentación. “Ahora se introduce en el consumo masivo, que es donde entran lo que producen en la planta de Villa Mercedes. Me hablaron también de que pueden incorporar nuevas distribuciones de productos elaborados en San Luis, así que vamos a estar atentos y a la espera de que este cambio en las acciones de la empresa redunde en más producción y generación de nuevos puestos de trabajo”, refirió Lindow, quien remarcó que es necesario que el Estado gestione, a través del diálogo con los sectores empresarios y trabajadores, para crear las condiciones para nuevas inversiones y, por ende, más empleo.

Fuente: ANSL

El Gobierno impulsa la creación de un municipio en la zona de El Suyuque

El Gobierno trabaja para crear un nuevo municipio que se ubicará en el departamento Belgrano, en una zona comprendida entre La Punta y Villa de la Quebrada. Por tal motivo, el gobernador Claudio Poggi encabezó una reunión con funcionarios del ministerio de Gobierno y la secretaria de Legal y Técnica, Fabiana Zárate.

“Hemos logrado ciertos avances en lo que es el anteproyecto de ley que, seguramente, en 15 ó 20 días se va a estar enviando a la Legislatura para la creación de un nuevo municipio en todo lo que es la zona conocida como El Suyuque”, expresó el ministro Facundo Endeiza, quien estuvo acompañado por Gonzalo Amondarain, director de Asuntos Municipales.

Este nuevo municipio pertenecerá al departamento Belgrano y se estima que tendrá una población de alrededor de 3.000 habitantes, según estimaciones de la cartera de Gobierno, “ya que los resultados del último censo no están”, señaló Endeiza, quien agregó: “La creación de un nuevo municipio se debe a una necesidad, hubo un gran aumento poblacional que ha sido desordenado, porque no hay normativas, no hay regulación de infraestructura, de servicios, y también se ha transformado en una zona gris en la cual no hay certeza en cuanto a la identidad de todos esos lotes, que en definitiva están siendo poblados por mucha gente”.

Sobre las dimensiones y los límites que tendrá el nuevo ejido municipal, Endeiza adelantó: “La idea es que abarque una porción de terreno entre La Punta y Villa de la Quebrada, donde la mayor parte pertenece al departamento Belgrano, pero habrá mayores precisiones en unos días, cuando ya tengamos el proyecto”, finalizó.

Fuente: ANSL

Pedido de recomposición salarial: trabajadores de la salud se suman a la protesta en Terrazas del Portezuelo de este miércoles

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) se sumó a la protesta que se realizará este miércoles a las 12.30 en Terrazas del Portezuelo que convocó el Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU) para continuar el reclamo de recomposición salarial al Gobierno provincial.

Tanto APTS y SIJUPU, junto a otros gremios de trabajadores estatales participaron una una multitudinaria protesta en Terrazas del Portezuelo el pasado 22 de marzo.

Seis personas hospitalizadas tras un escape de gas en San Luis

Este lunes por la tarde, seis personas fueron hospitalizadas tras un aparente escape de gas en una vivienda ubicada en la manzana 8 del barrio 292 Viviendas de la ciudad de San Luis. Entre los afectados, cuatro son adultos que fueron trasladados al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo y dos menores que recibieron atención en el Hospital Pediátrico San Luis.

Según las primeras investigaciones, efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia. Al llegar, se entrevistaron con un hombre que informó que toda su familia estaba inconsciente dentro de la vivienda. Inmediatamente, se solicitó la presencia de personal médico y bomberos para atender la situación y determinar las causas del incidente.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, las seis personas fueron trasladadas a los hospitales para recibir atención médica más especializada.

Una hora después, el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo comunicó que los cinco pacientes adultos que ingresaron con diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono se encuentran en observación, con oxigenoterapia, estables, bajo monitorización y con pronóstico reservado.

Comenzó el juicio contra el conductor que atropelló y mató a Amancay Pedernera

La madrugada del 29 de julio del 2023, Rocío Amancay Pedernera transitaba en su motocicleta Keller 110 centímetros cúbicos por la Autovía Santos Ortíz de regreso a su casa, cuando fue embestida desde atrás por una camioneta Hilux conducida por Jonathan Sandoval. De acuerdo a la acusación fiscal, el conductor de la camioneta “de forma inmediata y a toda velocidad, se dio a la fuga, por la misma autopista, con dirección a Juana Koslay”.

Por este hecho, el ingeniero agrimensor de 39 años comenzó a ser juzgado este lunes por un tribunal del Colegio de Jueces de la ciudad de San Luis, donde llega imputado por homicidio simple con dolo eventual con un pedido de pena de 16 años de prisión.

“Este hecho fue mucho más que un accidente de tránsito, sino que hubo un plus de subjetividades que se van a demostrar a lo largo del debate y que mostrarán la actitud del imputado antes, durante y después del hecho. Por esto, esta Fiscalía del Juicio va a sostener la acusación realizada por el fiscal de Instrucción Esteban Roche con la que Sandoval llega acusado”, dijo la fiscal Virginia Palacios en sus alegatos de apertura.

En términos sencillos, un homicidio simple con dolo eventual es calificación legal que se refiere a un tipo de homicidio donde la persona no tenía la intención directa de matar, pero actuó de manera tan imprudente o negligente que era muy probable que causara la muerte de alguien y, aun así, siguió adelante con su conducta.

Según la acusación fiscal, Sandoval, el día previo al suceso, viajó temprano a Córdoba, para regresar a San Luis por la noche. Luego, cerca de las 21 horas, asistió a “una fiesta en la cual estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas durante toda la noche”.

Y agrega: “Aproximadamente entre las 4:15 y las 4:30 am y luego de salir del boliche ‘La Comuna’, y de incorporarse a la avenida Santos Ortiz, tras pasar un semáforo en rojo, instantes previos al suceso investigado, advirtiéndose que no le importaba las consecuencias que su conducta podría llegar a provocar al conducir su camioneta Toyota Hilux, ingresó a la Avenida Santos Ortiz con sentido oeste a este, y es en dicho contexto, que a la altura del barrio Tibiletti, a gran velocidad, con la parte frontal de la camioneta, impactó desde atrás, a la ciudadana Pedernera”. La víctima tenía 20 años y volvía de su trabajo.

Al respecto, el perito que elaboró la planimetría del hecho reveló un dato escalofriante: luego del impacto, Sandoval arrastró a Amancay por el asfalto por 88 metros. El perito también señaló que la motocicleta en la que viajaba la joven fue arrastrada por 150 metros.

Para la fiscalía, es clave el comportamiento del imputado previo al hecho. Lo que la fiscal Palacios denominó como “ex ante” que es un término que significa que significa “antes del suceso”. “El accionar de Sandoval debe encuadrarse en la figura del artículo 79 del Código Penal, por cuanto resulta claro a partir de la conducta ´ex ante´ asumida por el imputado, que se representó las consecuencias que traería aparejado para el resto de las personas, el conducir su camioneta en las malas condiciones físicas y psíquicas en las cuales se encontraba, y aun así no le importó”, dice la acusación del Ministerio Público Fiscal.

En la primera jornada del debate, las partes expresaron sus teorías del caso y luego se dio apertura de las testimoniales. Se prevé que a lo largo de cuatro audiencias más de 40 personas declaren ante el tribunal, que está integrado por Fernando Julio De Viana en la presidencia y las vocalías de Adriana Lucero Alfonso y Hugo Guillermo Saa Petrino.

La querella es representada por Augusto Aguilera Marturano y Guillermo Sánchez Pagano, abogados de la madre y el padre de la víctima. “Sandoval violó sistemáticamente las normas de tránsito. Volvió de Córdoba y, desde el peaje de La Toma hasta la avenida Lafinur de San Luis demoró 40 minutos porque viajaba a 150 kilómetros por hora. El día del hecho, la visibilidad era buena y no estaba mojada la carpeta asfáltica”, sostuvo Sánchez Pagano.

La defensa de Sandoval, representada por Marcos Juárez y Marcos Rubio, dijo que no iban a discutir ni el hecho ni la participación del acusado sino la calificación. “Creemos que no se corresponde ni con las evidencias ni con las pruebas que vamos a ventilar a lo largo del debate, por esto, la acusación no debe sobrepasar la figura del homicidio culposo. Tenemos dudas aún si aplica el artículo 84 del Código Penal Argentino o el artículo 84 bis”, dijo Juárez.

Entre ambos artículos, las diferencias claves están en la gravedad de la conducta y las circunstancias en que ocurre el homicidio culposo. El artículo 84 bis impone penas más severas para ciertos casos específicos.

Para el senador Bartolomé Abdala “se acabaron las mentiras” con respecto a la venta de la Casa de San Luis

Este lunes, el senador nacional Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, realizó nuevas críticas con respecto a la venta de la Casa de San Luis en Buenos Aires. Cabe recordar que, la semana pasada, el Senado dio la media sanción restante a la venta del inmueble y el Gobernador promulgó la ley.

Las críticas del legislador nacional giran en torno a un reciente llamado a licitación para mantenimiento y puesta en valor del hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes, ya que esta obra, o una similar, era la razón por la cual el Gobierno impulsaba la venta del inmueble.

“No hizo falta que pase más que un fin de semana para que todos los ciudadanos de San Luis podamos conocer la verdad respecto a la venta de la Casa de nuestra Provincia en Buenos Aires. Tal como surge del Boletín Oficial, el monto para los arreglos del hospital asciende a $2.412.000,00. Al gobierno provincial le sobra con lo que ingresa en un día de coparticipación federal para afrontar esos arreglos. En efecto, promediando los ingresos por el total de los conceptos en el mes de junio, a la provincia le transfirieron $2.522.000 por día”, dijo Abdala, quien constantemente está informando el dinero que la provincia recibe por coparticipación federal.

“Nuevamente, se caen las caretas y queda en evidencia que la venta de nuestra querida Casa de San Luis responde a negocios inmobiliarios que sólo beneficiarán a los gestores de la provincia y al futuro comprador, quien debe estar relamiéndose por el apetitoso botín que se incorpora a sus activos. Al pueblo, como dije antes sólo nos queda el sabor amargo de saber que efectivamente se rifará una joya patrimonial a cambio de 4 paredes de durlock, esferas de vidrio y alfombras baratas”, concluyó el senador nacional.