Claramente, este miércoles no fue un buen miércoles para el oficialismo provincial en la Cámara de Diputados. Al mal despacho de la modificación del Código Penal se sumaron ausencias clave de legisladores oficialistas y sus aliados que le permitieron a la oposición retirarse y dejar la sesión sin quórum, para que no se apruebe la suspensión de la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes. Esta ley fue aprobada en septiembre de 2022, con el objetivo de que la Justicia provincial investigue y juzgue las causas de narcomenudeo que tradicionalmente son competencia de la Justicia federal.

Según la opositora Fernanda Spinuzza, las ausencias dentro del oficialismo se debieron a un “desacuerdo evidente”, no solo con este proyecto, sino también con la modificación del Código Procesal Penal. En este contexto, la legisladora justicialista anunció que su bloque se iba a retirar, para que la semana que viene el oficialismo “pueda traer un plan de lucha real para combatir el narcomenudeo y el narcotráfico”.

Con 20 legisladores presentes y 23 ausentes, luego de una alocución extra de la presidenta del bloque Cambia San Luis, la sesión se levantó por falta de quórum.

Previo a todo esto, Marisa Patafio, de Cambia San Luis, expuso los motivos por los cuales el oficialismo considera la suspensión de esta ley, señalando en primer lugar que no tienen “conocimiento que a la fecha” hayan ingresado los fondos que le corresponderían a San Luis por hacerse cargo de estas causas que tradicionalmente han sido federales.

Patafio también señaló que los “organismos competentes” debían encargarse de suscribir los convenios necesarios para la implementación de dicha ley, pero que nunca se definió cuáles eran estos organismos.

Asimismo, apuntó que se debía crear el Fuero de Lucha Contra el Narcomenudeo, integrado por jueces, oficina de gestión comercial, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, con un total de 17 funcionarios judiciales. Para ello, “se realizaron varios concursos”, pero nunca se logró la cantidad necesaria de tres recomendables para conformar la terna y, posteriormente, designar a un funcionario judicial. Esto se debe, según la oficialista, a una “falta de capacitación del recurso humano judicial, que se traduce en la imposibilidad de conseguir postulantes recomendables que puedan ser incluidos en una terna”.

“La ley no está reglamentada. No sabemos cuáles son los organismos competentes que deben ejecutar las acciones para el cumplimiento de la ley, disponer medidas y suscribir convenios. Y tampoco están nombrados los fiscales, los jueces y los defensores porque no han podido ser designados. Esto habla a las claras que no hay recurso humano capacitado en la justicia para la lucha contra el narcomenudeo”, resumió Patafio.

Por el lado de la oposición, Claudia Pinelli reconoció que “tal vez no se han logrado todos los requisitos que eran necesarios para que esto se cumpliera”, pero no consideró que por ello se debería suspender esta ley, sino que “podría la provincia poner un poco más de empeño”.

Por su parte, la presidenta de Cambia San Luis, Eugenia Gallardo, leyó lo siguiente: “La desfederalización ha afectado en forma notoria la persecución penal de los ilícitos más graves previstos en la Ley de Estupefacientes, desde que las autoridades y agencias del Estado Nacional han visto menoscabada su capacidad para establecer definiciones sobre la política criminal coordinada y efectiva, y acorde con criterios de seguridad fijados por ámbitos internacionales”.

Volviendo a la oposición, Federico Berardo sostuvo que lo “dejaría más tranquilo” si derogaran esta ley en vez de suspenderla. “De ese modo, tendría la certeza de que el Gobierno de la provincia sabe qué va a hacer en materia de narcomenudeo. Al suspender esta ley, lo único que están transmitiendo es que no tienen ni idea qué hacer”, chicaneó el opositor, quien además comentó que son pocos los aprobados para los nombramientos porque “se exige excelencia”.

Luego, Gloria Petrino, señaló que, en 2022, “el bloque que hoy está pretendiendo suspender, se abstuvo. Esto significa que en aquel momento tampoco sabían que hacer. Y hoy tampoco”. A esto, Petrino le agregó que las razones del oficialismo son “pretextos, inoperancia y falta de gestión” y consideró las palabras de Patafio como una
“falta de respeto al Poder Judicial”.

Después vino la alocución de Spinuzza, anunciado la retirada de la oposición. “Se nos ríen en la cara. ¿Nos hablan de institucionalidad? ¿De verdad nos hablan de falta de un plan de seguridad? ¿Cuándo lo tuvieron?”, les dijo Gallardo cuando se retiraban. Sin embargo, a esa altura solo quedaban 20 legisladores presentes, por lo que la sesión debió suspenderse por falta de quórum.

Ayer martes, los diputados oficialistas Eugenia Gallardo, Marisa Patafio y Carlos Pereira, tras una reunión con la ministra de Seguridad, transmitieron que estaba todo listo para que la modificación del Código Procesal Penal de San Luis, que incluye la figura de la reiterancia, se aprobara este miércoles.

Los legisladores comunicaron que, luego de la media sanción que le dio el Senado, estaba listo el despacho de las dos comisiones de la Cámara de Diputados que trataron el proyecto e hicieron un fuerte hincapié en la urgencia de tratar este tema; inclusive cuando en conferencia de prensa se les preguntó si no era mejor esperar y hablar con las instituciones que lo han solicitado y han manifestado su preocupación en relación a este proyecto, como el Colegio de Magistrados y el de Abogados, en vez de brindar una solución “rápida, pero mal”.

Dicho y hecho, el despacho salió a las apuradas, pero la oposición advirtió una serie de errores, entre ellos uno muy grueso. El mismo radica en una modificación que busca ampliar las circunstancias en las que se puede aplicar la aprehensión de una persona en un caso de “flagrancia” (o sea, que fue sorprendido cometiendo el delito). El código actual habla de delitos cuyas penas no superen los 6 años, mientras que la modificación busca ampliarlo a 20.

Esto es establecido en el artículo 226 del Código actual, el cual, a su vez, apunta al 199, que es el que habla la aprehensión de una persona sorprendida en flagrante delito. Sin embargo, el proyecto y el despacho del oficialismo modifica el 226 y lo apunta al 217, el cual habla de la revocación de la excarcelación.

“Nadie leyó el proyecto. De esto se enteraron a última hora de ayer cuando nosotros les avisamos”, manifestó la diputada justicialista Fernanda Spinuzza, quien además agregó: “El acta decía ‘después de haber considerado exhaustivamente el proyecto de ley’. Yo les dije que eso no fue así, que el proyecto no solo se trató, sino que se dictaminó cerradito. No se leyó, no se cruzó información”.

“El despacho fue a las ocho y media de la mañana, antes de que llegue la ministra. Lo que pasa es que cuando estábamos en la reunión (con la ministra), cerraron la reunión tanto de Seguridad como de Asuntos Constitucionales, que fue conjunta, para irse a ver a la ministra. Y no se dictaminó ahí en el momento, sino que mientras estábamos con la ministra, nos iban trayendo las actuaciones los asesores de Charly (Pereira) para firmar”, dijo Spinuzza, quien advirtió los gruesos errores en el despacho del oficialismo.

Cabe señalar que La Gaceta Digital contactó a diputados oficialistas para conocer su versión sobre lo ocurrido, pero solo se limitaron a decir que “se consensuó” un regreso a comisión. Este regreso será aprovechado, indicaron todas las fuentes consultadas, para reunirse con los Colegios profesionales que el oficialismo había elegido ignorar.

Tras este regreso a comisión para que se salven los errores del despacho, el proyecto deberá ser aprobado por Diputados, para luego volver al Senado, ya que este error y otros más también pasaron por la “Cámara Alta”, para finalmente convertirse en ley.

Este martes, el Senado le dio la media sanción restante al proyecto para derogar la conocida como “ley de parajes”, la cual permitía a personas condenadas desarrollar proyectos productivos y/o económicos en parajes de la provincia de San Luis. Este fue uno de los proyectos en materia de seguridad que el gobernador, Claudio Poggi, mencionó en discurso de Asamblea Legislativa.

La media sanción fue aprobada en el Senado por 5 votos positivos a 4 negativos, como viene siendo tendencia en la “Cámara Alta” gracias al apoyo de los peronistas Diego y Juan Carlos García que viene recibiendo el oficialismo.

“La ley de parajes, en teoría, busca la reinserción laboral y social de los reclusos. Sin embargo, debemos considerar las graves implicaciones y la inconstitucionalidad de esta normativa. En primer lugar, contradice la Constitución Nacional y la legislación penal vigente. Según la Ley Nacional N° 24.660, los regímenes de libertad condicional y asistida son competencia exclusiva del Gobierno Nacional, y no pueden ser alterados por legislaciones provinciales. El artículo 229 de dicha ley es claro al respecto, estableciendo que esta normativa es complementaria al Código Penal en lo que respecta a los cómputos de pena y regímenes de libertad. Es decir que la legislación que aquí se pretende derogar, tiene disposiciones que se arrogan competencias que son propias del gobierno federal, por tratarse del derecho penal de fondo”, manifestó el senador oficialista Adolfo Castro Luna, en su alocución en el recinto.

“La implementación de esta ley sin un adecuado control judicial abre la puerta a la impunidad. La impunidad es un fenómeno multidimensional que no solo se refiere a la falta de castigo para los delitos cometidos, sino que también afecta gravemente la percepción de seguridad y justicia en la sociedad. Como bien se ha documentado, la impunidad genera un doble agravio: el causado por el delito en sí y el que resulta de la frustración y la impotencia ante la falta de sanción. La existencia de un sistema judicial eficaz y confiable es esencial para mantener la paz social y la confianza en las instituciones”, agregó el senador, en consonancia con el discurso del Gobierno centrado en la inseguridad.

“La seguridad y la justicia no pueden estar sujetas a experimentos legislativos que socavan el marco jurídico nacional y ponen en riesgo la integridad de nuestros ciudadanos. Debemos garantizar que el cumplimiento de las penas sea gestionado de manera justa, transparente y bajo el estricto control judicial, como lo establece nuestra Constitución y nuestras leyes nacionales”, concluyó Castro Luna en esta breve sesión del Senado provincial.