Como ya informó este medio, a mediados de marzo la Defensoría del Pueblo tomó muestras de agua en distintos puntos de El Volcán, ante múltiples reclamos de vecinos de la zona con respecto a la calidad del líquido elemento en dicho municipio.

Durante una visita del defensor del Pueblo, Enrique Ponce, al municipio, se recorrieron las instalaciones de la planta y se tomaron muestras de agua tanto en la entrada desde el dique La Estrechura como en la salida hacia los hogares. Además, se realizaron tomas de muestras en diferentes puntos clave, incluyendo los ríos que alimentan La Estrechura (los arroyos El Durazno y Estancia Grande) y en el propio dique.

La semana pasada, desde la Defensoría comunicaron el resultado de los estudios, que fueron realizados por personal técnico del laboratorio Ecochem. En total, se tomaron 7 muestras y, según el laboratorio, las mismas “NO CUMPLEN con las especificaciones establecidas por el Código Alimentario Argentino – Capítulo XII, Art. 982 (Resolución Conjunta SCS y SAByDR N° 22/2021)”.

Según detalla el informe, las distintas muestras presentan “niveles elevados de dureza total, Amonio, Nitrito, Turbidez, recuento de Bacterias Mesófilas Totales, recuento de Coliformes Totales y recuento de EscherichiaColi”; lo cual “puede tener varios efectos negativos en la salud humana”, como por ejemplo enfermedades gastrointestinales como diarrea, vómitos, náuseas y malestar abdominal; distintos tipos de infecciones, problemas dermatológicos y una “presión adicional sobre el sistema inmunológico”. Además, el agua con altos niveles de dureza afecta la eficacia de distintos productos de limpieza, y también causa “problemas gastrointestinales y dermatológicos hasta infecciones graves y complicaciones relacionadas”, como la formación de cálculos renales.

Basándose en los resultados de estos análisis, el Defensor del Pueblo emitió una resolución instando al Municipio de El Volcán a implementar medidas urgentes para mejorar la calidad del agua. Entre estas medidas se incluyen la implementación de un tratamiento adecuado del agua, el mantenimiento de infraestructuras, el monitoreo regular del suministro de agua, y la mejora del equipamiento de análisis en el laboratorio de la planta potabilizadora.

Además, recomienda a los responsables promover la participación comunitaria en la vigilancia y control de la calidad del agua, así como trabajar en conjunto con organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente para abordar los problemas de contaminación desde una perspectiva más amplia.

Esta resolución se ha comunicado a diversas autoridades pertinentes, incluyendo la Municipalidad de El Volcán, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Provincia de San Luis, el Ministerio de Producción, San Luis Agua – Sociedad del Estado, y las cámaras de diputados y senadores provinciales, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para resolver esta crisis en el menor tiempo posible.

Este martes, el director del hospital Ramón Carrillo, Adolfo Sánchez León, se refirió a la polémica con respecto a los despidos en la institución.

“Hemos sacado empresas tercerizadas que cobraban fortunas, como el de esterilización, como el de análisis químicos y lavandería, todo eso podemos hacerlo con personal del hospital. Hemos contratado 7 personas en lavandería y 12 personas en esterilización. O sea, hemos dado trabajo a gente de San Luis y estas empresas que eran de Córdoba o de otro lado, le hemos dado baja. Estamos ahorrando alrededor de 2.000 millones de pesos anuales a valores de hoy”, dijo el director, no mencionando que las empresas que eran de otras provincias contrataban a personas de San Luis para brindar sus servicios aquí en la ciudad.

Sánchez León también sostuvo que medidas similares se tomaron con respecto a profesionales de la salud. “Y después hemos cambiado también muchos servicios médicos. Cirugía tórax, que venían 3 personas de Mendoza e hicieron 60 cirugías en 2 años. Nosotros con el Dr. Vital, que es de acá de San Luis, y 2 personas de Córdoba, ya hicimos 60 cirugías en estos 3 meses, imagínense la diferencia que hay. Cirugía vascular periférica con el Dr. Miranda, que es un reconocidísimo referente de San Luis, no lo dejaban trabajar acá y lo hemos incorporado y está haciendo 5 veces más cirugías y da esta complejidad que antes no se hacían. O sea, estamos reestructurando otras áreas también y vamos a seguir con eso”, comentó el director del nosocomio.

Por otro lado, el médico reconoció algunas de las problemáticas que enfrente el hospital, como por ejemplo en el área de Oftalmología, señalando que “faltan turnos”, y Traumatología, un área donde históricamente la demanda ha sido mucho mayor al servicio prestado públicamente.

Sánchez León manifestó además que “el hospital está trabajando bien y la gente está contenta”, que es lo contrario a lo que los profesionales que vienen manifestando regularmente los últimos meses han manifestado. “El gobernador Poggi nos pidió que cambiáramos el modelo que venía dándose, un modelo más de gestión privada, sobre el cobro de los pacientes. Hoy no se le cobra a nadie, y el segundo desafío que tenemos es disminuir los trámites administrativos, que era el otro gran problema. Eso hemos mejorado, pero nos falta todavía. O sea, hoy no se le cobra a nadie, pero todavía estamos desentramando toda esa trama de estos años anteriores, que era la burocracia que había. Hemos mejorado mucho, pero falta muchísimo también. Y también hemos mejorado mucho en los turnos, turnos muy atrasados. Antes directamente se rechazaba al paciente, hoy se acepta todo. Y en algunas especialidades tenemos demoras, pero estamos trabajando y, como le dije recién al gobernador, en los próximos tres meses vamos a consolidar todos estos logros y vamos a trabajar como un hospital público, como debe ser”, dijo el director del Hospital.

El rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Víctor Moriñigo, conducirá el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La decisión se tomó de manera unánime por parte de rectores de 72 instituciones del país, en el plenario 91°, que se desarrolla en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Oscar Alpa de la Universidad Nacional de La Pampa, lo acompañará en la vicepresidencia.

Moriñigo había acompañado este último año como vicepresidente del organismo, lo que permitió además que la UNSL luego de 15 años fuera sede del 90° Plenario en el mes de setiembre del 2023, como así también del Foro de Rectoras y Vicerrectoras de Instituciones Universitarias Públicas (FoReVi) del CIN.

En cuanto al Consejo, el mismo tiene funciones, esencialmente, de coordinación, consulta y propuesta de políticas y estrategias de desarrollo universitario y la promoción de actividades de interés para el sistema público de educación superior. Es, además, órgano de consulta obligada en la toma de decisiones de trascendencia para el sistema universitario.

“El CIN es una organización en sí misma, o sea, no es un club de amigos, es una asociación civil que incluso aparece en varias leyes de Argentina que tienen que dar dictámenes para la creación de universidades nuevas, o que pone a distintas personas en otros organismos. Por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura hay rectores, en la Cámara de Diputados hay rectores, y asesores en distintos lugares del Estado nacional y además, el Estado Nacional le pregunta al CIN, no le pregunta a las universidades. En este sentido es importante saber y entender que para nosotros es importante pertenecer ahí”, dijo Moriñigo a Noticias UNSL.

Participaciones previas

En este marco se hace necesario resaltar la participación activa en la conducción que ha tenido la UNSL desde 1985, año de creación del Consejo. Tal es así que en 1991 y 1992 los plenarios fueron presididos por el Lic. Alberto Püchmuller, quien además fue fundador junto a Oscar Shuberoff, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en ese momento, del bloque reformista.

Asimismo, el Plenario 34 realizado en diciembre de 1997 en San Luis fue presidido por la Lic. Esther Picco primera rectora de la UNSL (1995-1998) y primera mujer en presidir el CIN; y el N° 57 llevado a cabo en marzo del 2007 en San Luis, lo presidió el Lic. Germán Arias.

Este martes, comenzó el juicio oral contra B.K.F., una mujer trans de 51 años acusada como presunta autora del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido en perjuicio de un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente y por su carácter de guardadora.

Los abusos se habrían perpetrado en el domicilio de B.K.F., ubicado en la Villa de Merlo, entre el 15 de octubre de 2020 y el 3 de febrero de 2021, cuando se encontraba ejerciendo la guarda provisoria del niño de 11 años.

El tribunal que lleva adelante el juicio, es integrado por Daniel Sanchiño, Sandra Piguillem y María Claudia Uccello.

Por el Ministerio Público Fiscal, interviene Mario Néstor Zudaire. En tutela de los derechos del menor, actúa la defensora de Niñez y Adolescencia, Gabriela L´Huillier, asistida por la defensora oficial adjunta, María Luz Vílchez; mientras que la defensa de la acusada es ejercida por el abogado Orlando Villegas.

En los alegatos de apertura, la fiscalía expuso su teoría del caso y mencionó la prueba a producir durante el debate oral para sostener la acusación en contra de B.K.F.

La defensora de niñez adhirió a la presentación del Ministerio Fiscal, agregando que la causa inició a través de un expediente que tramitaba en el Juzgado de Familia. Aclaró que la justicia tomó conocimiento de los posibles abusos tiempo después de que B.K.F. ejerciera la guarda provisoria del menor, cuando el niño se encontraba en proceso de adopción por parte de un matrimonio. En virtud de ello, se remitieron las actuaciones al entonces Juzgado de Instrucción Penal para que llevara adelante la correspondiente investigación.

Por su parte, Villegas rechazó la teoría del caso de la fiscalía y manifestó que probaría la inocencia de su defendida a lo largo del juicio.

Tras la reproducción de la entrevista practicada al menor en Cámara Gesell, y tomar declaración a todos los testigos ofrecidos por las partes; el tribunal dio por concluido el periodo de producción de prueba.

La instancia de alegatos y veredicto se llevará a cabo el próximo martes 16 de abril.

Un joven de 22 años fue detenido en la vía pública por la Policía puntana debido a que le incautaron cerca de 300 gramos de marihuana en el triciclo en el que iba sentada su hija. Se estima que la marihuana incautada tiene un valor de mercado de $1.500.000.

Los policías de la la División Lucha Contra el Narcotráfico interceptaron al joven en inmediaciones de las calles Serranías 31 y Serranías 12, en la zona sur de la ciudad de San Luis. El joven caminaba por la calle empujando un triciclo de juguete en el que iba sentada su hija de 3 años de edad.

En la requisa realizada al sujeto se le incautó una bolsa de nylon con marihuana compactada. Posteriormente se requisó el triciclo y se incautó un envoltorio de nylon con trozos de marihuana compactada, el cual se encontraba en un compartimiento tipo baúl debajo del asiento.

La sustancia estupefaciente arrojó un pesaje de 295 gramos aproximadamente, suficiente para elaborar 885 dosis de marihuana, valuadas en $1.500.000, aproximadamente.

Como resultado del procedimiento el Juzgado Federal San Luis ordenó la detención e incomunicación del individuo de 22 años de edad, por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

En relación a la menor de edad, fue entregada a su madre en presencia de personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).

La ministra de Desarrollo Social, Mónica Becerra, confirmó que las viviendas que construirá el Gobierno provincial para las personas que se anotaron en 2011 en los planes Progreso y Sueños pagarán la cuota una vez que la vivienda sea entregada y tendrá el valor equivalente a un alquiler.

“Las viviendas se va a empezar a pagar cuando se les entreguen. Va a tener un valor de un alquiler. No puedo decir el monto específico porque falta un estudio de mercado, pero calculemos que va a ser el valor de un alquiler”, aseguró la funcionaria en la conferencia de gabinete que brindó este lunes. Hay que recordar que el gobernador Claudio Poggi anunció en su discurso del 1° de abril que el valor de las cuotas se actualizará con “cierta periodicidad”.

Becerra confirmó el que lunes 22 de abril se habilitará la tramitación online para que los inscriptos en los planes Progreso y Sueño puedan reempadronarse para acceder a una vivienda. “Se van a requerir informaciones como, por ejemplo, cuál era el número de inscripción. Estamos hablando de los inscriptos del 2011 que pagaron todas las cuotas consecutivas y al momento del vencimiento hasta diciembre del 2015”, detalló la ministra agregando que el inscripto no debe tener propiedad a su nombre.

Becerra estimó que hay entre 800 y 1.000 personas que estarán en condiciones de acceder al reempadronamiento.
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Las escuelas deportivas gratuitas, una iniciativa del Gobierno provincial ejecutada a través de la secretaría de Deportes, continúan su misión de promover el acceso al deporte y fomentar la actividad física como un hábito saludable. Desde su lanzamiento el 18 de marzo en San Luis, Juana Koslay, Villa Mercedes y La Punta, y con una amplia gama de más de 25 actividades para niños, adultos y personas con discapacidad, estas escuelas se convirtieron en un pilar fundamental en la promoción del bienestar y la inclusión a través del deporte.

Este lunes, la iniciativa se expandirá no sólo en términos de actividades gratuitas, sino también en cuanto a la inclusión de nuevas ciudades y localidades en distintos departamentos de la provincia. Habrá aperturas en la Villa de Merlo, Tilisarao, San Francisco, Quines, Los Molles, Luján, Villa de la Quebrada, Nogolí, Naschel y Nueva Galia. Cada lugar quedará beneficiado principalmente con actividades diseñadas para adultos mayores y personas con discapacidad.

Específicamente, la Villa Deportiva San Luis incorporará escuelas gratuitas de fútbol, rugby, vóley, básquet y handball para niños y niñas a partir de los 6 años de edad. Los interesados podrán acercarse a las oficinas administrativas del predio, ubicado en Profesor Berrondo entre Justo Daract y Franco Pastore, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 20:00, para completar su inscripción. El único requisito es presentar un apto físico y copia del DNI, tanto del menor como del padre o tutor.

Por otro lado, las escuelas de atletismo comenzarán sus actividades en el Centro de Desarrollo Deportivo ‘Pedro Presti’ y en el Trinquete Modelo de Pelota Vasca en San Luis, así como en el ‘Ave Fénix’ en Juana Koslay. Cada escuela está dirigida a niños de 8 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años. Los interesados también deberán presentarse en el predio correspondiente de 8:00 a 20:00, con apto físico y fotocopia del DNI del menor y su padre o tutor.

En el ámbito del deporte adaptado, ofrecerán actividades como natación para personas con discapacidad en la Pileta Modelo de la Villa de Merlo; atletismo adaptado en Merlo (Club Casino), La Toma (Polideportivo CRED) y Nogolí (Club Defensores). En tanto, para arquería habrá disponibilidad en la escuela ‘Carlos J. Rodríguez’ de San Luis y en una escuela multideportes de Naschel (Club Social y Deportivo).

Para los adultos mayores implementarán escuelas deportivas de newcom, tejo, pádel, tenis de mesa, yoga, entrenamiento funcional y caminata en el ‘Ave Fénix’; en la Villa Deportiva; en los centros de jubilados de Naschel, Tilisarao, La Toma, Quines, Luján, Nueva Galia y Villa de la Quebrada; en los polideportivos de San Francisco y Los Molles; en el Club Defensores de Nogolí; en el Club Pringles de Merlo y en el Hotel Class de El Trapiche.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador, Claudio Poggi, anunció que va a “impulsar un proyecto de ley que elimine la Feria Judicial”, que es el término con el que se conoce a las vacaciones del Poder Judicial, por un mes y medio al año, lo que implica la “suspensión de los plazos procesales”, lo que “conspira contra la eficiencia del servicio”.

“El derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos se contrapone con la paralización de la Justicia por un mes y medio. A esta altura de los tiempos, con el expediente digital, las comunicaciones electrónicas, más que una necesidad, la Feria Judicial aparece como un privilegio del Estado. Y esta propuesta nada tiene que ver, ni afecta, el derecho al descanso de los agentes judiciales, así como en un hospital, o en una comisaria, las vacaciones se organizan y se coordinan”, dijo Poggi.

En este contexto, el Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis (CAPSL) emitió este lunes, tras haber analizado el anteproyecto de ley, el siguiente comunicado, donde sostiene que la eliminación de la feria judicial “no aborda el verdadero problema que aqueja a nuestra justicia”.

A continuación, el comunicado del CAPSL:
“Habiendo tomado conocimiento del anteproyecto de ley tendiente a la eliminación de la feria judicial, creemos necesario manifestar nuestra postura sobre el particular.

“No desconocemos la seria problemática judicial, especialmente la mora en los pronunciamientos. Y vaya que si desde nuestro colegio hemos tratado de abrir caminos de diálogo a fin de que surjan soluciones. Sin abandonar en esta línea de conducta, seguiremos dispuestos a escuchar y trabajar.

“Sin embargo, entendemos que hay cuestiones de mayor gravedad y que ameritan una urgente solución. La iniciativa de supresión de la feria judicial no aborda el verdadero problema que aqueja a nuestra justicia. Históricamente la feria judicial ha cumplido un rol ordenador de la actividad profesional independiente, constituyéndose en el único periodo del año judicial que los abogados litigantes pueden destinar a la programación de sus actividades.

“En merito a ello, instamos a las autoridades a enfocarse en medidas que aborden de manera integral la falta de personal en la justicia, mejora en las condiciones laborales y la implementación de tecnologías que agilicen los procesos judiciales.

“Del mismo modo, entendemos que es fundamental que cualquier modificación al sistema judicial sea producto de un análisis exhaustivo y consensuado entre todos los actores involucrados y en este sentido debe respetarse nuestra posición en el rol de auxiliares y operadores del sistema judicial, con el objetivo de fortalecer la administración de justicia y garantizar el acceso a un proceso judicial eficiente y equitativo para todos los ciudadanos.

“Desde el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los principios fundamentales del derecho y seguiremos trabajando en pos de una justicia transparente, independiente y accesible para toda la comunidad”.