Este jueves por la mañana, familiares y amigos de Elcira Becerra se manifestaron en el centro puntano, con una marcha que partió desde el Correo Argentino y terminó en el Poder Judicial. Cabe recordar que Becerra, una mujer de 49 años con síndrome de down, perdió la vida luego de un brutal accidente de tránsito que se produjo cuando el Fiat Palio en el que ella viajaba junto a su madre y familia fue embestido desde atrás por una Toyota Hilux, perteneciente a San Luis Agua, conducida por Jorge Antonio Perroni, un empleado del organismo y hermano del gerente general del mismo.

Teresa Becerra, hermana de Elcira, le dijo hoy a la prensa que Perroni tenía que ir ayer a declarar ante el fiscal, pero que “no se presentó” y que “debe estar apoyado por el Estado porque la camioneta era del Estado, de San Luis Agua”.

Luego de unos 15 minutos de protesta frente al Poder Judicial, la madre y hermana del Elcira fueron recibidas por el fiscal de la causa, Francisco Assat, para informarles las últimas medidas de la causa. Horas después, desde el sector de Prensa del Poder Judicial se comunicó que el próximo martes se realizará la pericia accidentológica correspondiente a esta causa.

“La pericia se hace sobre la mecánica del accidente, es decir, sobre los dos vehículos. Allí se determina quién embistió a quién, cuál era la velocidad al momento del hecho y se busca dar cuenta la causa eficiente, es decir, porqué se produjo el accidente. Una vez que tengamos el informe de la pericia se realizará la formulación de cargos”, informó el fiscal Nº 1 de la Primera Circunscripción, Francisco Assat.

El hecho ocurrió el 31 de octubre pasado cerca de las 15:30, entre El Barrial y Toro Negro, en un sector de la traza de doble mano. La persona fallecida se llamaba Elcira Becerra y viajaba en al automóvil junto a su madre y dos personas más. En la camioneta, que iba de Quines hacia San Luis, venían cuatro personas.

“Se les hizo el test de alcoholemia a todos y al conductor de la camioneta se le extrajo sangre cuando fue trasladado al hospital. Allí se le hicieron los análisis toxicológicos también y todo arrojó resultado negativo”, agregó el fiscal.

El Juzgado Federal San Luis dispuso este martes, 21 de noviembre, dictar prisión preventiva a cinco hombres y una mujer por infracción a la ley 27.737 de Estupefacientes.

Estas personas quedaron detenidas tras la anulación de seis kioscos de distribución y comercialización de droga, realizados el pasado 16 de noviembre, por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico.

En los diferentes allanamientos se incautaron cocaína y marihuana suficiente para la elaboración de 13.379 dosis, valuadas en la venta al menudeo en $17.520.000, entre otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos tienen entre 20 y 43 años. Fueron trasladados y alojados el servicio penitenciario provincial en las últimas horas.

“Detectamos un inconveniente en un tramo del Acueducto Cámara 35-La Punta, por lo que debimos interrumpir el servicio de agua cruda que abastece a las plantas potabilizadoras de Los Puquios, Juana Koslay, Vientos del Portezuelo y Planta N°1 de la Ciudad de La Punta. Nuestro equipo ya se encuentra en la zona para realizar las tareas pertinentes”, explicó Martín Manoni, gerente operativo de San Luis Agua.

Y agregó: “Estamos realizando un diagnóstico del desperfecto para poder determinar los tiempos de reparación. Solicitamos a todos los usuarios que hagan un cuidado extremo del recurso y que tomen las medidas necesarias, que se encuentran explicitadas en el Código de Aguas de la Provincia de San Luis”.

Para el miércoles de la semana que viene se prevé que la Cámara de Diputados trate y apruebe el proyecto de Ley Impositiva 2024 que contempla un aumento promedio del 80% en los impuestos provinciales. Sin embargo, hay impuestos que tendrán un aumento muy superior como patente que se pagaría con una suba de hasta el 150%. Hay que mencionar que una vez que este proyecto sea sancionado será el que aplicará el año que viene la gestión de Claudio Poggi.

Ingresos brutos, el impuesto provincial por el que más recauda el Gobierno, tendrá una suba de los mínimos anuales del 80% en promedio. El mismo porcentaje aplica al impuesto inmobiliario que mantiene las alícuotas vigentes.

El impuesto a los automotores, acoplados y motocicletas, mejor conocido como patente, se modificaron las escalas en virtud del aumento de estos bienes, cuyo aumento es de entre el 100% y 150%.

“La ley impositiva en promedio nos está hablando de un aumento del 80%, obviamente está muy por debajo del índice inflacionario. En algunas tasas tenemos una suba de un 300%, de un 1.000%. La verdad que es excesivo, pero nosotros consideramos que también es necesario también estar del lado del contribuyente”, comentó la diputada opositora Mónica Becerra, integrante de la Comisión de Finanzas.

Se le repreguntó a la legisladora cuáles son los impuestos que tienen el aumento del 1.000%. “En el caso de los automotores que se está guiando por Acara, ahí hay un incremento bastante importante, más o menos del 150%, y en algunas tasas judiciales. No son de tan de afectación específica a todos los ciudadanos en general, sino el que tiene alguna problemática o que tiene alguna causa en la justicia. El inmobiliario ha cambiado en algunas de las bases que han aumentado también más del 80%”, respondió la legisladora.

Según pudo observar este medio, las principales tasas judiciales que figuran en el proyecto tienen un incremento del 100% respecto a las de este año.

Becerra reveló que se acordó una modificación al proyecto que remitió el Ejecutivo. Se logró introducir que los pagos de las multas por incumplimientos fiscales se “reducirán en un 50% siempre que los contribuyentes y/o responsables lo soliciten, lo abonen y / o formulen plan de pago dentro de los 90 días de haberse allanado a la pretensión fiscal o haber quedado firme la misma”.

En otra breve sesión de la Cámara de Diputados se aprobó este miércoles el sumario y se remitieron los proyectos a las comisiones correspondientes, pero también se pasó para el orden del día de la próxima sesión, el proyecto de Ley Impositiva 2024. El despacho de la Comisión de Finanzas de este proyecto salió por unanimidad, motivo por el cual tendría una aprobación por la gran mayoría de los diputados. Luego se remitirá al Senado para que sea sancionado que deberá realizar una sesión extraordinaria para el tratamiento de este proyecto.

Luego de una audiencia que se realizó este miércoles por la mañana, el Tribunal de Impugnaciones entró un cuarto intermedio para resolver si hace lugar al pedido de excarcelación de la prisión preventiva de Jonathan Sandoval, acusado de atropellar y causarle la muerte a la joven Rocío Amancay Pedernera. Los 120 días de preventiva se cumplen el 10 de diciembre, y un abogado de la querella, adelantó que es “altamente probable” que se pida la extensión de la prisión preventiva.

Hay que señalar que en primera instancia, el juez de Garantía Nº 2 subrogante, Marcelo Bustamante Marone, rechazó un pedido de excarcelación que realizaron los abogados de Sandoval. Por lo tanto, la defensa del acusado solicitó la apelación en la instancia superior y hoy se realizó la audiencia.

“Tanto la Fiscalía, en cabeza del señor fiscal Esteban Roche, como de mi parte, la querella y mi colega querellante, nos hemos opuesto al pedido de excarcelación planteado por la defensa en base a cuestiones técnico – jurídicas que tienen que ver con la ocasión del pedido, la forma del pedido, y la gravedad que puede representar para el proceso la libertad en este tramo de investigación por parte del imputado”, manifestó el abogado Augusto Aguilera en declaraciones a La Gaceta Digital.

El Tribunal entró en cuarto intermedio para decidir se concede o no la excarcelación solicitada. Aguilera estima que en esta semana se conocerá la decisión del Tribunal de Impugnaciones.

Hay probabilidad de que la excarcelación sea rechazada. Sin embargo, el período de prisión preventiva de 120 días se cumple el 10 de diciembre. La Gaceta preguntó al abogado si se solicitará una prórroga de la preventiva. “Es algo altamente probable”, respondió al letrado.

Mientras se realizaba la audiencia, un grupo de amigos y familiares de Amancay, realizaron una protesta frente al Palacio de Justicia en reclamo de que se rechace la excarcelación.

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Según informó el portal Apuntes de San Luis, dos empleados de la Universidad Provincial de Oficios fueron separados de la institución, luego de conocerse la denuncia que efectuó una empleada contra un funcionario del área de Sistemas, quien había utilizado una foto de su perfil para “desnudarla” a través de una aplicación de Inteligencia Artificial (IA) y luego difundió esa imagen.

El hecho tuvo lugar el 24 de octubre, según contó Melina Urquiza, la víctima, quien por equivocación recibió un mensaje con su foto de perfil de WhatsApp acompañada con el nombre de la aplicación en cuestión. Quien se lo enviaba era el jefe del Subprograma de Sistemas de la UPrO, Marcos Sosa.

Tras investigar qué significaba dicho nombre, determinó que se trataba de un programa de IA que permite convertir en un desnudo cualquier foto en la que aparezca una persona. Incluso en la página web de la app se expone como eslogan la frase: “¡Desnuda a cualquiera con nuestro servicio gratuito!”.

De acuerdo a Apuntes de San Luis, Melina se enteró que Sosa, junto a otro empleado, Ignacio Morinigo, habitualmente hacían este tipo de “bromas” y luego compartían las fotos en un grupo privado.

Indignada se dirigió al área de Recursos Humanos de la UPrO y formuló la denuncia. La institución escuchó su descargo y el sábado emitió un comunicado, expresando “con firmeza su rechazo absoluto hacia cualquier forma de violencia, intimidación o falta de respeto dirigida hacia las mujeres”.

También ratificó su imperativo de “promover un entorno seguro, inclusivo y libre de cualquier forma de violencia de género”, además de su “compromiso permanente de implementar medidas concretas para garantizar un entorno laboral donde el respeto y la igualdad sean pilares fundamentales, para que cada mujer se sienta protegida y valorada”.

El hecho se amplificó y se convirtió en un escándalo cuando la propia damnificada lo dio a conocer a través de una historia de Instagram, con la clara intención de visibilizar su denuncia.

Apuntes de San Luis pudo establecer además que el pasado lunes, la UPrO resolvió despedir a Sosa (foto) y a Morinigo de la institución.

La fuente de dicho medio agregó que “la institución ya hizo lo que tenía que hacer, ahora por supuesto se ha puesto a disposición de la justicia, que si entiende que está frente a la existencia de un delito, deberá profundizar la investigación”.

Cabe señalar que el despido de Sosa se conoció a través de distintas fuentes, pero no fue comunicado directamente por la UPrO.

Asimismo, hoy trascendió que Melina Urquiza renunció a la institución, señalando que desde la misma no le ofrecieron alternativas de contención y protección luego de este escándalo.

A través de un posteo en X, el diputado nacional Alejandro Cacace eligió el plan de dolarizar la economía del presidente electo Javier Milei.

“Llegó la hora de dolarizar la economía argentina. Es la propuesta más importante del Presidente @JMilei para terminar con un la inflación , problema histórico de nuestro país que tanto daño genera para nuestro desarrollo”, escribió Cacace en la red social antes llamada Twitter.

Cabe recordar que Cacace impulsó la dolarización de la economía argentina allá por marzo de 2022, con un proyecto de ley que fue el primero de su tipo.

“En los últimos 40 años hemos sufrido 17 crisis económicas. Somos una de las economías con mayor suba sostenida y generalizada de precios en el último siglo. En nuestro país hay una dolarización espontánea. La gente no confía en la moneda y elige desprenderse de los pesos e ir hacia el dólar. Los planes de estabilización no han logrado solucionar estos problemas, por eso proponemos la dolarización”, declaró el diputado Cacace, allá por marzo de 2022.

En el marco de una causa por un delito contra la integridad sexual, donde se condenó a un hombre a la pena de seis años y dos meses de prisión, el Superior Tribunal de Justicia de San Luis rechazó un recurso de casación. Aseguraron que el hecho objeto de investigación debe contextualizarse en las previsiones de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.

Sobre la causa y el recurso de casación

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis, rechazó un recurso de casación interpuesto por la defensa de un sujeto que fue declarado autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal y condenado a cumplir la pena de seis años y dos meses de prisión.

Entre los fundamentos del recurso presentado, la defensa sostuvo que los hechos denunciados sólo estaban ratificados por testigos de oídas y que no existía material directo que vinculara al imputado con la declaración de la víctima.

El hecho investigado ocurrió el 21 de octubre del 2019. La víctima, quien había mantenido una relación de pareja con el imputado, radicó la denuncia luego de un episodio violento en el que fue sometida por el acusado, en marco de una relación marcada por reiteradas situaciones de violencia. El 3 de junio del 2022, el hombre fue condenado a sufrir la pena de 6 años y 2 meses de prisión como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal https://www.periodicojudicial.gov.ar/condenaron-a-un-hombre-que-abuso-de-su-ex-pareja/

Cabe mencionar que la víctima también presentó un recurso de casación, el cual también fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia.

El Superior Tribunal entendió que el argumento de la defensa se contrapone con el mandato de la Convención de Belém do Pará y con el artículo 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que “…se verificó el relato de la víctima con los demás elementos de prueba de carácter indirecto incorporados a la causa, para así arribar a un grado de certeza”. Se agregó que “…se debe resaltar, que en esta clase de delitos el testimonio de la víctima resulta trascendental y decisivo para la reconstrucción y verificación de los hechos, debido a que los sucesos de violencia sexual intrafamiliar se cometen alejados de la mirada de terceros, aprovechándose de los momentos a solas, de la intimidad y confianza del hogar, tal como sucedió en el caso en autos, en que el imputado sometió a la víctima desde los 8 a los 15 años de edad, aprovechándose de la convivencia, el vínculo de confianza y autoridad por su calidad de padrastro…”

Al evaluar el caso, el Superior Tribunal de Justicia estimó que la relación de las partes se encontraba inmersa en lo que la doctrina denomina “el circulo de la violencia” y concluyó: “si bien se advierte la existencia de algunas contradicciones en el relato de la denunciante, hay elementos de juicio objetivo, que sustentan la condena del imputado, toda vez que el relato sobre la comisión del hecho en sí, no presenta contradicción. De ahí, que se ha configurado el supuesto de abuso sexual con acceso carnal, constituyendo dicho accionar, la acción típica contemplada en el art. 119º primer y tercer párrafo del CP”.

En el mismo sentido el STJ consideró que existió prueba suficiente respecto de los signos físicos del abuso.

Sobre la perspectiva de género

Sobre la retractación de la denuncia formulada por la víctima, el fallo emitido por el Superior Tribunal de Justicia de San Luis sostiene que la misma “da prueba cabal de la desigualdad de género, vulnerabilidad psicológica, económica y falta de contención que aún transita la víctima”. Mencionan que la víctima ha sufrido violencia intrafamiliar durante su infancia, adolescencia y ahora por parte del condenado, en forma crónica y sostenida en el tiempo.

Respecto de los agravantes de la pena, el tribunal consideró las circunstancias de su realización en un contexto de violencia de género, consignando en el fallo textualmente: “Por cuanto el autor se valió y aprovechó de la condición de mujer de la víctima, posicionándose respecto de la damnificada en un binomio de superior/inferior en su relación interpersonal, creando situaciones de desigualdad y sometimiento, que se manifestaron en actos de hostigamiento, fuerza, miedo, sumisión y golpes (violencia física y psicológica), valiéndose del contexto en el que siempre actuaba, sirviéndose de un momento que estaban solos, fuera de la percepción de terceros para abusarla sexualmente”.

Asimismo, la resolución dictada por el STJ contempla: “Que a tenor de lo expresado y desde la perspectiva de género tenida en cuenta por el sentenciante, toda vez que el hecho objeto de investigación debe contextualizarse en las previsiones de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, cuya aplicación es de orden público (art. 1°) y en cuyo art. 16 expresamente establece que: “…los organismos del Estado (entre ellos el Poder Judicial) deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:… inc. d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte”, por lo que considero atento al intento de retractación verificado en autos, que en ningún momento se ha subestimado a la víctima, sí se ha tratado de protegerla y de resguardar las garantías originadas por su condición de mujer, las cuales han sido enumeradas en la Convención de Belem Do Para de raigambre constitucional (art. 75 inc. 22 de la C.N.) y receptadas por las Leyes N° 24.632 y 26.485, que previene y reprimen la violencia contra la mujer”.

Sobre el “Compendio de Jurisprudencia con perspectiva de género”

Desde el año 2012 la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OMCSJN) sistematiza y publica en la Base de Jurisprudencia con Perspectiva de Género, las decisiones en las que se refleja la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres.

En la tercera edición del “Compendio de Jurisprudencia con perspectiva de género”, se reúnen 91 resoluciones y sentencias de todas las jurisdicciones del país dictadas entre los años 2019 y 2023.

En ese contexto, el compendio incluye el fallo del Superior Tribunal de Justicia de San Luis – integrado por el Dr. Jorge Alberto Levingston, Andrea Carolina Monte Riso y Cecilia Chada.

Para acceder al resumen publicado en el “Compendio de Jurisprudencia con perspectiva de género” por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ingrese al siguiente enlace: https://om.csjn.gov.ar/JurisprudenciaOM/consultaOM/verSentenciaExterna.html?idJurisprudencia=5112

Como cada año, y como ya es tradición en la provincia, las y los agentes de la administración pública se reunirán para celebrar su día. Nuevamente en esta ocasión, la fiesta se dividirá en 2 noches: sábado 2 y el domingo 3 de diciembre.

Las entradas podrán ser adquiridas de manera online desde el próximo jueves 23, a las 18:00, en fiesta.sanluis.gov.ar y serán gratuitas. Allí deberán completar los datos, pasos muy simples que requerirán unos pocos minutos. Tendrán tiempo de hacerlo hasta el jueves 30.

La invitación es para todo el personal de la categoría A hasta la F. “Es importante destacar que el día de la fiesta deberán llevar el código QR que descargaron el día de la inscripción online y el DNI ya que la entrada es intransferible”, remarcó la jefa del Programa Eventos y Protocolo de la Secretaría de Comunicación, Vanesa Lazart, quien también mencionó que cada ministerio y secretaría tendrá destinado un día por lo que los cupos serán limitados.

Desde la organización contaron que están con todos los preparativos para que esta celebración anual sea inolvidable para las y los empleados públicos y que ante cualquier duda podrán comunicarse al 4452000, internos 3435 y 3028.

“Como cada año tendremos sorteos, música en vivo y muchas sorpresas. Serán 2 noches para disfrutar entre compañeros y amigos y llevarse un hermoso recuerdo”, cerró Lazart.