Durante el mes de octubre, más de 100 familias que abonaron la totalidad de las cuotas de sus planes habitacionales, recibieron la escritura de sus viviendas sociales sin costo alguno. Según informaron desde la Secretaría de Vivienda, los beneficiarios son de Luján, La Punta, Juana Koslay, Candelaria, Juan Llerena, Justo Daract, El Volcán, La Florida, Beazley, Naschel, Tilisarao y la ciudad de San Luis.

“Nos invade una enorme felicidad. Costó mucho pagar la casa a lo largo de muchos años y por suerte terminamos, hoy con una gran alegría de saber que ya tenemos la escritura”, dijo Sandra, vecina del barrio 544 Viviendas de la capital puntana. Además, la beneficiaria tuvo palabras de agradecimiento para el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, y su equipo de trabajo, por la celeridad en la gestión administrativa.

“Este valioso trámite es impulsado por el Gobierno de San Luis, sin costo alguno, mediante una gestión conjunta entre Escribanía de Gobierno y la Secretaría de Vivienda”, destacaron desde el organismo.

Ubicado en el predio del Centro de Disposición Final, el Vivero Agroforestal es un sueño hecho realidad para la Municipalidad de San Luis. El espacio tiene como principal objetivo proveer de especies para reforestar y embellecer espacios verdes de la ciudad. También impulsa la educación ambiental para la ciudadanía y ayuda a la conservación de la biodiversidad y a las prácticas sustentables.

Soledad Arrieta, directora de Gestión y Desarrollo Forestal Urbano comentó que su ubicación es estratégica. “Queremos manejar el vivero bajo el concepto de Economía Circular, donde todos los recursos y residuos que llegan al CDF puedan ser reutilizados para insertarlos nuevamente al sistema e incorporarlos para darles otra oportunidad y no que terminen en enterramiento”, dijo la funcionaria.

El nuevo espacio, que ha cambiado el paisaje del Centro de Disposición Final, cuenta con distintos sectores. En el invernadero se producen árboles, plantines florales y hortalizas, y en el sombráculo se acopian los árboles grandes que serán utilizados en distintas intervenciones en la ciudad. Otros espacios son la zona de compostaje y lombricompostera, donde se reutilizan los residuos húmedos que llegan al CDF.

“También tenemos la huerta agroecológica y el sendero de flora y fauna nativa, con el objetivo de que cuando vengan visitas de colegios u otras instituciones se pueda realizar un recorrido en el que se puedan identificar las especies nativas propias de la región”, detalló Arrieta.

El personal que desempeña tareas en el nuevo vivero fue capacitado en distintas temáticas, logrando que cada trabajador y cada trabajadora tuviera un área especializada. “Contar con la ayuda del equipo del Centro de Disposición Final es fundamental porque nos dan una gran ayuda en todo, separando los residuos que nos pueden llegar a servir, trayéndonos tierra y juntando los residuos compostables”, dijo Arrieta.

“Los vecinos y vecinas pueden aportar al crecimiento del Vivero haciendo separación domiciliaria de residuos húmedos y secos. Esto es fundamental, no solo para nosotros, que utilizamos los orgánicos en la lombricompostera y el compostaje, sino también para el equipo del CDF porque ellos son el eslabón fundamental en la recuperación de residuos”, finalizó la directora.

Lo mejor del emprendedurismo puntano estará nuevamente a disposición de los vecinos el domingo 5 de noviembre, fecha en la que el Parque Provincial “Campamento de Las Chacras” volverá a recibir a la Feria de Pequeños y Medianos Productores. El evento, que transcurrirá entre las 16:00 y las 22:00, contará con la presencia de productores locales, artesanos, shows, sorteos y más.

“Realmente la última vez que estuvimos en el Monumento al Pueblo Puntano salió todo fantástico, mucha gente se acercó, y los productores vendieron y se hicieron conocer. Nos quedó la idea de poder traerlo nuevamente en algún momento y entendimos que esta era una buena oportunidad”, expresó Juan Arce, jefe del Programa Coordinación de Eventos, Ferias y Vinculación Comunitaria.

Como es habitual, Sol Puntano estará acompañando la jornada con su oferta completa de carnes, verduras frescas de estación, dulces, conservas y agroalimentos. Además, artesanos del Mercado de Artes, Diseños y Artesanías (MADA) exhibirán sus elaboraciones ante el público, y emprendedores locales aportarán con una variedad de delicias artesanales para degustar.

El evento también contará con un patio gastronómico y cervecero, shows de música y entretenimiento, sorteos con productos aportados por los feriantes y juegos para los más pequeños.

El ministro de Seguridad, Claudio Latini, se enojó con parte de la prensa local tras el acto por el 165° aniversario de la Policía. El enojo del funcionario se generó porque la periodista Ayelén Britos cuestionó al gobernador Alberto Rodríguez Saá habló con la prensa sobre la inseguridad en la provincia.

Minutos después de la entrevista con el Gobernador, los periodistas le hicieron una nota a Latini, quien calificó como “impertinente” la intervención de Britos en el contacto con Rodríguez Saá. El ministo brindó una serie de estadísticas para argumentar una disminución de los hechos de inseguridad en la provincia. Mencionó que entre 2012 a 2015 se denunciaron 20.300 hechos delictivos, de 2015 a 2019 se registraron 14.000 y desde 2019 a 2023 hay 12.000.

– “En esa época o había redes sociales, hoy están las redes sociales”, dijo Latini.
– “¿Tiene que ver con las redes sociales?”, preguntó la periodista Gladys Aguilar.
– “Mire, es el día de la Policía, no para que ustedes nos bardeen con estas preguntas”, dijo el ministro claramente enojado, cortó la entrevista y se fue.

@lagacetadigitalslMinistro Latini: “Es el día de la Policía, no para que ustedes nos bardeen” El ministro de Seguridad, Claudio Latini, se enojó con parte de la prensa local tras el acto por el 150° aniversario de la Policía. El enojo del funcionario se generó porque la periodista Ayelén Britos cuestionó al gobernador Alberto Rodriguez Saá habló con la prensa sobre la inseguridad. “Es el día de la Policía, no para que ustedes nos bardeen con estas preguntas”, dijo Latini enojado a los periodistas y se fue.

♬ sonido original – lagacetadigitalSL

La Municipalidad de San Luis comenzó a realizar trabajos para salvar el Quebracho Histórico, tras la rajadura que sufrió en su tronco como consecuencia de los fuertes vientos que azotaron la ciudad con ráfagas cercanas a los 100 k/h. Este ejemplar de quebracho blanco, ubicado en un lateral de la Catedral sobre calle Pringles, tiene una edad estimada entre 140 y 160 años, y es célebre porque “según la tradición, el general San Martín ató su caballo en su paso hacia Mendoza donde se disponía a preparar la campaña para libertar a América del Sur”, de acuerdo a lo que consta en el Archivo Histórico.

“Se escucha como cruje el árbol porque se está rajando. Como una medida urgente lo que se hizo ayer fue una poda para equilibrar la copa del árbol porque todo el peso de la copa está hacia la calle”, comentó Soledad Arrieta, directora de Gestión y Desarrollo Forestal Urbano. Directora del Vivero Agroforestal Municipal. Detalló que se podaron las tres ramas principales y se hizo un apuntalamiento del tronco para evitar que se siga moviendo.

Por otra parte, personal del Corralón Municipal está fabricando dos anillos de contención que tienen como objetivo de unir la corteza del tronco para que cicatrice. También se realizará una fertilización de la tierra.

“Si bien está quebrado desde su base del tronco, el árbol está en perfectas condiciones porque de hecho está por florecer. Está sano y vamos a tratar de remediarlo y permitir una cicatrización del mismo para que perdure en el tiempo”, aseveró Arrieta.

La fase final para la preservación del Quebracho Histórico será la construcción de una estructura metálica para sostener el peso del árbol.

Arrieta reveló que cuando se hizo la poda de las ramas se recolectaron semillas para reproducirlo en el vivero forestal para conservar la especie en caso de que el Quebracho Histórico muera.

Este lunes, a las 9 de la mañana, comenzó el jurado de enjuiciamiento (también conocido como “jury”) al polémico juez Civil, Comercial y Ambiental N° 4, Agustín Ruta. La jornada de 9 horas y media abrió con la lectura de la acusación en relación a lo actuado por Ruta en el marco de la causa Codapri SA contra banco Macro, dando luego lugar a la contestación del magistrado. La acusación fue realizada por el procurador general de la provincia, Luis Martínez. Para conocer esa acusación, te recomendamos leer esta nota, ya que en esta abarcaremos la segunda, centrada en la causa por difamación de la fiscal Virginia Palacios.

Esta causa se centra en la difusión masiva realizada, el 13 de marzo de 2023, por el número 2665-052284, vía WhatsApp y bajo el seudónimo “La Voz de San Luis”, sobre una “supuesta intervención médica requerida para asistir a la Dra. Virginia Palacios”, alegando que la misma se encontraba bajo efectos de “la droga”. Podrás leer el mensaje original, que dio inicio a esta causa, al final de esta nota.

Como pruebas, Martínez ofreció que el informe del jefe de Guardia da cuenta de que “en ningún momento arribó personal de salud para asistir a la fiscal Virginia Palacios”. También se consigna que una voz masculina dio aviso, por una llamada realizada a través de un interno del Poder Judicial, de que el auto de Palacios se encontraba en el segundo subsuelo, con las luces encendidas. El personal de Guardia reportó que en el mismo se encontraba Palacios, hablando por celular y que “no había razón para entrevistarla”.

A su vez, el informe de Delitos Complejos sobre la línea 2665-052284 arrojó que la misma pertenece a Movistar y está registrada a nombre de Zulema Adriana Duboscq, una ciudadana de Neuquén, y que fue dada de alta el 22 de noviembre de 2022. Sin embargo, la línea se utilizó en San Luis, “con una antena ubicada en las proximidades del Puente Favaloro y que tiene una zona de cobertura orientada hacia el sudeste de la misma con un alcance de 2.34 km y que brinda cobertura hasta barrio Los Quebrachos”. El informe además marca que Duboscq se fue a vivir a España en febrero de 2022, por lo que se puede descartar “la existencia de vínculo entre la ciudadana y la registración del número telefónico”.

Lo que implica a Ruta es que la línea 2665-052284 fue utilizada por un teléfono Samsung Galaxy J7 de 2016, con el IMEI 35959207337844. Este mismo aparato fue utilizado previamente, de acuerdo al informe de Movistar, por “la línea 2664-404295 perteneciente al Dr. José Agustín Ruta”. El informe también vincula este número a otras “publicaciones” con contenido político y agravios a miembros del Poder Judicial.

El informe también muestra una superposición de las zonas de coberturas en las que las líneas 2665-052284 y 2664-404295 se encontraban el día en cuestión, la cual coincide con el domicilio particular de Ruta.

Otra prueba consiste en el análisis efectuado por las cámaras de seguridad, las cuales capturan a Ruta “en un momento y recorrido que le permitirían tomar” la fotografía que se difundió junto a la publicación de “La Voz de San Luis”.

En base a todo esto, Martínez considera que la conducta de Ruta encuadra dentro de los apartados de “abuso de autoridad”, “intervención pública o encubierta en política”, “comisión de actos o hechos inmorales o indecorosos
susceptibles de producir el desconcepto público”.

“¿Es aceptable que un Magistrado, actuando bajo anonimato realice este tipo de actividad difamatoria, agraviante de la dignidad de mujeres, dañando sus familias y afectos? ¿Puede un Magistrado atacar de manera artera a Funcionarias, Colegas del Poder Judicial? ¿Puede un Magistrado involucrar a un tercero, suplantar su identidad (registrando una línea telefónica) para actuar sobre seguro en las acciones difamatorias? ¿Puede un Magistrado inmiscuirse subrepticiamente en actividades políticas atacando a Funcionarios de otros Poderes del Estado?”, dice Martínez en su acusación.

En la acusación de Martínez también se incluye un descargo de Ruta, en el que asegura que la última vez que vio al teléfono Samsung J7 fue cuando lo puso en un bolso “portarraquetas” y que después lo perdió “en alguna parte”, razón por la cual en mayo de 2022 realizó la exposición policial por pérdida del aparato. Martínez calificó estas versiones como “una evidente estafa o fraude procesal” al intentar engañar al Jurado de Enjuiciamiento. En este sentido, adjuntó un informe de la Comisaría en la que Ruta dice haber hecho la exposición, pero el mismo arroja que “no obra constancia de dicha exposición” y que el agente policial que supuestamente se la tomó, ese día no prestaba servicio.

El comisario luego declaró ante Fiscalía que, este año, Ruta se hizo presente en la Comisaría y pidió copia de la exposición que supuestamente hizo en 2022, para presentarla a la compañía Movistar. Como la misma no apareció (porque no existía), pidió como “favor” que le tomen una exposición y que la registraran con fecha del año pasado. El comisario accedió al pedido, confiando en la investidura de juez de Ruta, e hizo la exposición, pero no la registró “porque al ser del año pasado ya no hay lugar para ponerla”. La acusación luego entra en detalle de todo lo que hizo Ruta para lograr que la Comisaría cambiara la fecha de la exposición y la registrara como si hubiese sido realizada en 2022, todo ello “para realizar maniobras ilegales”.

Casi dos horas después, el juez Ruta aceptó declarar y negó todo, desde haber sacado la foto del auto de Palacios, hasta haber enviado los mensajes. “No tengo absolutamente nada que ver con esa situación. En cuanto a lo personal, me parece todo un chusmerío y un vil manto de sospecha sobre un magistrado que ha dado cuentas claras y fidedignas con su legajo impecable”, fue lo único que dijo sobre esta causa.

La publicación que dio inicio a esta causa
¡Último momento! Decadencia en el Poder Judicial.

La droga esta enquistada no solo en la vida de los jóvenes de a pie sino también en altos funcionarios públicos de los poderes de Estado, en este caso en el Poder Judicial. La máxima expresión de ello, hoy dio cuentas de lo que sucede cuando los excesos forman parte de la vida cotidiana.

Hoy en horas de la mañana muy temprano, la secretaria de cámara Karina Gregoraschuk llamaba a la guardia del Poder Judicial desde las cocheras, y también daba aviso a su amiga Carolina Monte Riso, Ministra del Superior Tribunal; que un auto tal y como luce en la foto, se encontraba con las luces de posición prendidas.

Para sorpresa de todos, y al arribar la ambulancia se encontraron con la fiscal de cámara Virginia Palacios tendida y dormida en el asiento del conductor en un estado de inconciencia por el consumo de alguna sustancia prohibida.

El estupor fue muy grande y la cara de vergüenza de todos los que allí se encontraban viendo a la fiscal de cámara paralizada y dura que nada pudo hacer y solo fue llevada en ambulancia a su casa para su recuperación.
Este medio ha consultado a fuentes para saber cómo sigue el estado de salud y recuperación. Así mismo se preveé que la fiscal Palacios comience un proceso de rehabilitación dado que su dependencia a este tipo de consumos afecta directamente su labor como fiscal y al servicio de justicia todo.

Abogados del foro local analizan la posibilidad de hacer una presentación ante el Superior Tribunal de Justica (no obstante que allí trabaja la ministro Monte Riso que es su amiga), y ante la procuración general para que tome medidas al respecto por el descredito que tal adicción en una acusadora fiscal causa en la sociedad, en los acusados que podrían solicitar la nulidad de todos los procesos penales donde intervino e interviene la fiscal bajo en un estado que no es el de su sano juicio.-

La pregunta que nos hacemos: ¿Qué medida tomara el Superior Tribunal, los Doctores Levingston y Cecilia Chada junto con la procuración general de la Provincia Dr. Luis Martinez frente a tal tamaño acto???

Esperemos que estén a la altura de las circunstancias y no encubran semejante improperio ya que se trata de la Justica que merecemos los Puntanos Unidos por San Luis.

Ampliaremos.
La Voz de San Luis.

Este lunes, a las 9 de la mañana, comenzó el jurado de enjuiciamiento (también conocido como “jury”) al polémico juez Civil, Comercial y Ambiental N° 4, Agustín Ruta. La jornada de 9 horas y media abrió con la lectura de la acusación en relación a lo actuado por Ruta en el marco de la causa Codapri SA contra banco Macro, dando luego lugar a la contestación del magistrado. La acusación fue realizada por el procurador general de la provincia, Luis Martínez. Te recomendamos leer primero nuestro artículo sobre la acusación para poder comprender los puntos de la respuesta de Ruta.

En su acusación, Martínez critica que Ruta ordenara la constitución de un plazo fijo a nombre de Codapri, en vez de hacerlo a nombre del expediente. Al respecto, el juez dijo que esto no importaba, ya que solo puede ser retirado bajo orden del Juzgado. “Es absolutamente carente de consecuencia”, manifestó Ruta, quien está siendo representado por los abogados Carlos Acevedo y Susana Placidi.

“Si algún día la Corte Suprema de Justicia modifica el fallo, los fondos siguen en su 50% a plazo fijo a disposición del Tribunal y por el otro 50% hay un inmueble del actor que cauciona su devolución”, agrega Ruta, quitándole importancia a la extracción de más de 34 millones de pesos que autorizó en 2021. El juez también señala que, por más que la causa ahora tramita en la Corte Suprema de la Nación, en San Luis todavía está vigente la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Gran parte de la defensa de Ruta gira en torno a que el banco Macro no cuestionó muchas de las cuestiones que Martínez señala en su acusación. “El banco Macro nunca denunció alguno ni sostuvo nada de todo esto que afirma Martínez”, dice Ruta, quien agrega: “Todos los actos procesales que se imputan de irregulares han sido expresamente convalidados por el banco y nunca objeto de impugnación”.

Ruta sostiene esto basándose, en parte, en el acta extraprocesal que el procurador Martínez y la apoderada del banco Macro, Claudia Rocha, consideran falsa. El juez asegura que es “ajeno por completo” al acta, ya que la misma fue confeccionada por el secretario de su Juzgado, Marcos Figueroa Zavala, y “los letrados de ambas partes (quienes) concurrieron al Tribunal a manifestar que, entre ellos, y sin la participación del Tribunal ni del magistrado, para la oportunidad en que se dictara la sentencia del STJ no recurrirían ni obstaculizarían el cumplimiento de lo que se dictare”.

Sobre esta acta extraprocesal, supuestamente confeccionada en una audiencia celebrada el 10 de diciembre de 2020, el procurador sostiene que no hay constancia de que se haya dado turno para ese día y que tampoco hay registro alguno de trazabilidad, ya que en esa época estábamos en pandemia. Al respecto, Ruta manifestó que Martínez dice esto “como si el ingreso por calle Colón no hubiera estado sin control o como si la autorización de ingreso hubiera sido rigurosa”. 

Otra cuestión que apuntó fue que solo se peritó una de las 10 computadoras con las que cuenta el juzgado, pero no pudo indicar en cual de todas se redactó la nota. Esto se debe a que la prueba ofrecida por Martínez señala que el acta no fue confeccionada en el Poder Judicial.

El juez también sostiene que, en relación al acta, “no se ha manifestado cuál ha sido la irregularidad, ya que lo expresado en el acta extraprocesal no ha sido materializado en el proceso ni receptada por el Tribunal y no ha sido seguida por el Juzgado”. Horas después, cuando tomó la palabra, dijo que lo manifestado en ese acta no incidió “en absolutamente nada” en su actuar en dicha causa. Además, dijo que aceptó la confección de dicha acta “ante lo intempestivo de la comparecencia de los dos letrados” y que fue firmada por Marcos Figueroa Zavala, el secretario del juzgado.

Al respecto, cabe señalar que Martínez manifestó múltiples irregularidades con respecto al acta y que también ofreció prueba de que el Juzgado sí le dio seguimiento a la misma.

Asimismo, el juez manifiesta que, de todo lo actuado en esta causa, solo se disputa un acto procesal. “Toda la imputación es de solo un acto procesal, habiendo tramitado en 15 años varios de miles de causas, con decenas de miles de actos procesales. Si una posible supuesta irregularidad entre decenas de miles, Martínez convengamos no tiene perdón de dios”, dijo Ruta, quien dedicó múltiples descalificativos a Martínez.

Por ejemplo, en un momento dijo que el procurador “ha preferido esta vía del escándalo para ocultar su evidente negligencia procesal a lo largo del expediente”. En otro momento, habló de “atolondramiento procesal, simple y pura ignorancia o una pésima calidad láctea”.

El juez también sostuvo que todo esto fue un “numerito” montado por Rocha y Nóbile para “lavar su responsabilidad frente al banco Macro, justificando la resolución en unas irregularidades del magistrado, en un fallo que fuera confirmado por el STJ oportunamente”.

Además, Ruta citó jurisprudencia de otras provincias, señalando que lo que ocurrió con esa acta procesal se trata de una infracción administrativa y que la misma ya habría prescripto, ya que no se imputa la comisión de ningún delito.

Este lunes, a las 9 de la mañana, comenzó el jurado de enjuiciamiento (también conocido como “jury”) al polémico juez Civil, Comercial y Ambiental N° 4, Agustín Ruta. La jornada abrió con la lectura de la acusación en relación a lo actuado por Ruta en el marco de la causa Codapri SA contra banco Macro, dando luego lugar a la contestación del magistrado. La acusación fue realizada por el procurador general de la provincia, Luis Martínez. Junto a esta causa, Ruta también está siendo juzgado por la difamación de la fiscal Virginia Palacios.

El grueso de la primera causa gira en torno a un acta extraprocesal que se agregó a la causa, en base a una reunión que supuestamente tuvo lugar el 10 de diciembre de 2020 en el Juzgado Civil N° 4. De esta reunión supuestamente participaron el secretario del juzgado, Marcos Figueroa Zavala; el abogado de Codapri, Juan Cruz Domínguez; el abogado Eduardo Juriol, y el apoderado del banco Macro, Néstor Nóbile, quien falleció en mayo de 2021 y era socio de la dirigente radical Claudia Rocha, que es quien inicia la causa contra Ruta.

Esta acta extraprocesal fue presentada, a los efectos de “dar sustento jurídico”, cuando Domínguez se presentó al banco Supervielle a retirar, el 18 de agosto de 2021, 34 de los 66 millones que habían sido embargados al banco Macro y estaban en un plazo fijo que se renovaba de manera automática cada 30 días. “Dicha acta carece de la firma de los participantes, aparecen en el proceso 9 meses después, es introducida por una de las partes y, lo más importante, carece la firma del Dr. Nóbile, que no concurrió a ninguna audiencia. Además, señala la presencia del Dr. Juriol, un tercero ajeno a la causa”, dice Rocha en su denuncia. “Solo decir que el 10 de diciembre de 2020, el Dr. Nóbile no estaba ni estuvo en ninguna audiencia, ya que la misma no fue citada ni notificada ni obra constancia en autos ni lleva su firma”, agrega.

Todo esto se produjo luego de una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que concedió el recurso extraordinario a la Corte Suprema y suspendió el proceso, por lo que no se debía retirar el dinero, según expuso Rocha. De acuerdo a lo manifestado en la audiencia de hoy, en la polémica acta extraprocesal las partes acordaron que no iban a recurrir “la sentencia del STJ ni obstaculizarían el cumplimiento de lo que se dictare” luego por el Juzgado Civil. En pocas palabras, la polémica acta decía que Nóbile había acordado que se liberara el dinero, independientemente de lo que pasara en el STJ.

Obviamente, esto no era lo que le convenía al banco Macro, por lo que Rocha señala su falsedad. De hecho, la abogada, quien continuó con la causa luego de la muerte de su socio, recurrió la sentencia y el expediente ahora tramita ante la Corte Suprema de la Nación y tiene un dictamen favorable del procurador general de la Nación. “La transferencia solo estaría convalidada solo si la sentencia del STJ no hubiese sido recurrida por un recurso extraordinario federal, que hoy tramita ante la Corte Suprema”, dice al respecto la acusación de Martínez.

Otra cuestión que surge de la acusación es que, en el acta extraprocesal, se manifiesta que Nóbile estuvo en el juzgado a las 9.30 horas. Justo ese día era el cumpleaños de Nóbile y su esposa e hijo declararon que el abogado “estuvo en su casa hasta las 10.45”. Esto es, manifiesta Martínez, “irreconciliable con el horario consignado en la mal llamada acta extraprocesal”.

Dejando de lado el contenido de la nota, gran parte de la acusación se centró en probar que la audiencia del 10 de diciembre de 2020 nunca se realizó y que ninguno de los implicados asistió al Juzgado ese día. Al respecto, Martínez ofreció como prueba el informe de Secretaría Informática que da cuenta que no se registró ningún turno en el Juzgado para ese día y que, en materia de trazabilidad, ya que en esa fecha estábamos en pandemia, “solo el doctor Eduardo Juriol ingresó al edificio a las 13.30”. “Por lo tanto, aquel hecho inexistente empieza a conformarse como tal y solo se trata de una falacia del juez”, dice Martínez.

Además, Delitos Complejos hizo un análisis de una CPU del Juzgado para ver si en la misma se creó el acta extraprocesal, pero no se encontró el archivo en cuestión. Al respecto, el ingeniero David Alejandro Fuentes: “la confección del acta no fue realizada en dependencias del Poder Judicial porque tal acontecimiento no sucedió, teniendo en cuenta que los profesionales no se encontraban en el edificio a la hora de la supuesta reunión”. Según explicó Martínez, el acta extraprocesal se confeccionó en formato PDF, con una aplicación para celulares.

También se señala que el acta de las reuniones se debe asentar digitalmente y agregar al expediente electrónico, cosa que nunca se hizo. Por ello, el procurador habla de una “audiencia extraprocesal, inexistente para la ley, pero con un intento de convalidación de los actos irregulares del propio juez”.

En otro punto de la acusación, el procurador señala que Ruta se quiere desligar de esta acta extraprocesal, diciendo que en realidad fue una “constancia actuarial” que Figueroa realizó ante su “requerimiento expreso de una audiencia extraprocesal, no fijada en la causa ni en el expediente”, en su despacho público.

En su acusación, Martínez también critica que Ruta ordenara la constitución del plazo fijo a nombre de Codapri, en vez de hacerlo a nombre del expediente. “Mandó a constituir un plazo fijo a favor del ejecutante embargante, lo que denota una parcialidad absolutamente manifiesta”, dice Martínez, señalando que esto fue vital para que Codapri realizara el retiro del dinero. A su vez, señala el procurador, esto “fue posible porque se ordenó la transferencia de los fondos el 18/8/2021, pese a encontrarse suspendido el trámite como consecuencia de haberse concedido el recurso extraordinario federal”.

Martínez destaca además que Ruta justificó el oficio que ordenó la extracción del dinero como “consecuencia directa, lógica, necesaria, legal y procesal” de distintos actos procesales, entre los que incluye el acta extraprocesal que el procurador y Rocha sostienen que es falsa. Esto es de vital importancia porque, en su contestación, Ruta sostiene que el acta extraprocesal “no ha sido materializada en el proceso ni receptada por el Tribunal y no ha sido seguida por el Juzgado”. En pocas palabras, el juez, por un lado, dice que libró el oficio en base al acta extraprocesal y, por el otro, asegura que no se le dio seguimiento a la misma.

En base a todo esto, Martínez solicitó la remoción del cargo y la inhabilitación de Ruta para ocupar cargos públicos por 10 años.

Podés leer la nota con la contestación de Ruta, haciendo click aquí.

Como un reconocimiento a las trayectorias de los profesores formadores de futuros docentes, el Ministerio de Educación decretó la titularización de 351 cargos en institutos superiores de la provincia. También se estableció el proceso de reválida en dos instancias para lograr el cargo en carácter de titular.

Este lunes, el gobernador Alberto Rodríguez Saá firmó el Decreto N° 10.000-ME-2023 brindando una gran noticia para el interior de los institutos superiores de la provincia. El documento establece el proceso de reválida en dos instancias, para la obtención posterior de los cargos con carácter de titular:

– Primera instancia: se inicia a los dos años contados a partir de la fecha de designación, por un plazo de tres años.
– Segunda instancia: se inicia una vez vencido el plazo establecido en el Decreto de designación de la primera instancia de reválida.
Además se titularizaron 351 cargos de docentes que ya cumplimentaron las instancias de reválida antes detalladas.

La medida brinda una mayor estabilidad laboral para los docentes, dando así una respuesta satisfactoria a un reclamo del sector.

“Con esta medida se busca garantizar un proceso de consolidación de equipos docentes estables que internalicen la cultura institucional, que conozcan, resguarden y fortalezcan las trayectorias de los estudiantes de la educación superior y que establezcan líneas perdurables de formación continua e investigación educativa que permitan la medición de su impacto en el sistema educativo a través del tiempo”, indicaron desde el Programa Educación Superior.

A partir de esta acción, San Luis se convierte en la primera provincia que tiene a los docentes de los institutos superiores, con cargos en carácter de titular y trabajando a tiempo completo para la formación de los futuros educadores.