El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, está en la provincia en el marco del 90° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El funcionario nacional brindó una conferencia de prensa y considero que el sistema de vouchers en la educación que propone el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, “no es rentable por la desigualdad social” . Además, definió que los estudiantes pasan a ser clientes, bajo este sistema.

“Se discuten dos ideas de educación, una es que la educación es un negocio que hay que privatizarla y en función de eso están los vouchers. En ese camino las escuelas y las universidades dejan de ser escuela y universidad y pasan a ser comercio o empresas, y los estudiantes dejan de ser estudiantes y pasan a ser clientes, porque el valor está en juntar vouchers. ¿Cuál es la discusión? En la Argentina, no todos en los lugares es posible la rentabilidad, no es rentable por la desigualdad social, pero tampoco es rentable porque la Argentina es un país de 3.700.000 kilómetros cuadrados que tiene macrocefalia, en algún lugar de la Argentina viven 17 millones de habitantes y en otros viven mucho menos habitantes y todos como valor desde 1853 en la Constitución Nacional somos iguales y entonces eso hay que garantizarlo”, fue parte de la extensa repuesta de Perczyk sobre el sistema de vouchers.

Cabe mencionar que este sistema se aplica en Chile, Suecia, Nueva Zelanda y Dinamarca.

Para el funcionario nacional, el camino que se debe tomar “es fortalecer la educación pública, pero transformarla” a través de la actualización de los planes de estudio y satisfacer la demanda de la sociedad de “carreras cortas con títulos intermedios, con salida laboral, que permitan insertarse en el mundo del trabajo, que permitan mejorar la producción de Argentina pero que además permitan que nuestros chicos continúen en la universidad haciendo estudios de grado y de posgrado. Al mismo tiempo nosotros tenemos que mejorar la educación secundaria”.

El diputado nacional y gobernador electo, Claudio Poggi, denunció este jueves en un posteo en su cuenta de una red social que el Gobierno sacó 88 millones de dólares de una caja de seguridad. Según el ex gobernador, Alberto Rodríguez Saá culmina su último mandado dejando a la provincia sin fondos.

“El gobernador saliente @alberto_rsaa tomó la decisión de vaciar las arcas provinciales, retirando los últimos U$S88M de reservas que el Estado Provincial tenía en caja de seguridad. Culmina su mandato dejando a San Luis sin fondos y comprometiendo recursos de presupuestos futuros”, dice el posteo del legislador nacional.

Habrá que ver si en las próximas horas el Gobierno provincial sale al cruce de la afirmación de Poggi.

El gobernador saliente @alberto_rsaa tomó la decisión de vaciar las arcas provinciales, retirando los últimos U$S88M de reservas que el Estado Provincial tenía en caja de seguridad. Culmina su mandato dejando a San Luis sin fondos y comprometiendo recursos de presupuestos futuros

— Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) September 7, 2023

Este jueves, beneficiarios de Inclusión Social montaron una suerte de carpa frente a la Legislatura, reclamando el pase a contrato, tal cual lo hicieron ayer miércoles, día en que la sesión de la Cámara de Diputados en la que se iba a tratar una modificación del presupuesto 2023 para poder efectivizar estas contrataciones.

“Sí, la verdad que no teníamos pensado hacer esto, pero con lo que pasó ayer, con la ausencia que hicieron, fue una falta de respeto. Nos volvieron a tomar el pelo. Nos habían pedido unos días para trabajar en esto, pero la verdad que con eso que hicieron ayer, no hay que darles tregua. Nosotros vamos a estar acá, así sea, hasta el martes, miércoles, la semana que viene”, comentó Micaela Lucero, una de las beneficiarias de Inclusión que reclama el pase a contrato prometido.

Consultada sobre si hay más enojo con la oposición, que no bajó al recinto, o con los miembros que faltaron del oficialismo, Micaela respondió: “Mirá, justamente en eso hay que hacer hincapié. Nosotros empezamos esto por lo que este gobierno actual nos prometió. Porque en sí, el que venga o el que quedó, no tiene la culpa. Pero este gobierno actual es el que lo prometió. Ahora, entre el gobierno actual y el que viene, que arreglen sus cosas, pero que no nos perjudiquen a nosotros. Porque nosotros, a ver, hace seis años que venimos bancando esta situación y manipuleos. Y siempre amenazando a la gente. Siempre”.

En cuanto al número de personas a las que se les prometió un contrato, Lucero sostuvo que es mayor al número que contempla la modificación del presupuesto. “Están en todas las localidades. También en Villa Mercedes, que se ha venido un compañero de Villa Mercedes. Que ya si no le dan una respuesta, se va a encadenar. Y no es lo que queremos. Esto, por ejemplo, es para enfrentar a la gente, lo que está haciendo. Es para enfrentar a la gente como hizo hace años. Que enfrentó el primer plan con los docentes. Tal cual. Entonces, a los compañeros, por favor, no caigamos en eso. Es una mentira. No nos van a echar”, sostuvo la mujer.

Micaela también se refirió a versiones que dan cuenta que, para financiar estos contratos, habría que bajar el sueldo de docentes, policías y empleados públicos. “No tienen por qué hacer eso. No tienen por qué tocarle el sueldo a ellos, que son trabajadores igual que nosotros. ¿Por qué no les toca el sueldo a los funcionarios o a los diputados? ¿Por qué no viven ellos con 60.000 pesos?”, dijo la beneficiaria de Inclusión.

Entre la gente que protesta no hay miedo, porque sino no estarían acá. Sí hay miedo de los mismos encargados y supervisores. Muy poquitos son los que nos hacen el apoyo. Pero hay mucha cantidad que se están encargando de amenazar a la gente. Están apretando de una manera terrible. Esto era planeado. Esto no nos lo iban a dar. Lo prometieron porque fue una promesa de campaña. Un manotón de ahogados porque se la veían venir. ¿Sabés lo que te dicen? Andá a reclamarle a Milei. Sí ellos son los que prometieron”, concluyó la mujer, asegurando que la medida se va a sostener hasta que la modificación sea aprobada.

Esta semana, el Círculo Médico de San Luis anunció que, a partir del lunes 11 de septiembre, empezará a cobrar un adicional de $1.000. En diálogo con La Gaceta Digital, el presidente del Círculo Médico, Albero Risolo, señaló que este adicional no solo alcanzará a afiliados de Dosep, sino también de otras obras sociales y prepagas.

“Es para hacer frente a la devaluación que hemos tenido en el mes pasado y en julio en general. Nosotros venimos absorbiendo la inflación mes a mes, ya que cobramos las prestaciones con 3 meses de atraso. Lo que estamos cobrando hoy nosotros es al precio de mayo y de junio, no es al valor actual. Entonces, con los valores de mayo, nosotros tenemos que hacer frente a la devaluación de agosto y lo que viene ahora en septiembre. Es imposible poder cubrir los costos y eso ha sido lo que nos imposibilitó poder compensar como lo veníamos haciendo. Cuando la inflación era de un 2, 3, 4 o 5% mensual acá nadie cobraba adicionales, pero ahora que se ha acelerado, no tenemos manera de poder compensar esa devaluación que a futuro parece que va a empeorar”, manifestó Risolo, quien se refirió a la situación como una crisis.

El médico sostuvo además que, aun cobrando este adicional, los montos que percibirán los profesionales están “por debajo de lo que se paga en la provincia de Mendoza” y Córdoba. “El objetivo es darle las herramientas al médico para que pueda afrontar esta inflación generada y estos incrementos de costos que tiene que afrontar. Y no tenemos los mecanismos para poder compensar”, continuó Risolo, señalando que ya se ha acordado con Dosep un aumento del 20% para septiembre, pero que va a ser cobrado “a fin de diciembre”.

“En realidad, nosotros con Dosep tenemos diálogo con el coordinador y todas las veces que nos ha recibido la relación es excelente. Pero de la misma manera, creemos que él no tiene por ahí la capacidad para darnos la respuesta que nosotros necesitamos para poder paliar esta crisis”, comentó Risolo.

A esta situación, el médico agregó la devaluación del dólar que se aplicó en agosto. “Nos interesa mucho el dólar porque todos nuestros equipos, repuestos, servicios técnicos e insumos están en dólares. Siempre fue así. En medicina, todas las tecnologías, todo está asociado al dólar. Y no tenemos forma de poder compensar estos incrementos en el corto plazo”, continuó el presidente del Círculo Médico, quien aseguró que se trata de una medida “extraordinaria” y “temporal”.

En este sentido, señaló que considerarían suspender la medida en caso de lograr que se pague un aumento en el pago de las prácticas realizadas en junio y que serán cobradas durante este mes de septiembre. “Eso lo hemos hablado con el coordinador. Él no tiene la capacidad como para decir, ‘sí, bueno, listo’, o por lo menos hasta ahora no ha tenido esa posibilidad. Pero si a él se le llega habilitar esa posibilidad, bueno, es algo que conversaremos para ver qué ajuste puede hacer él de lo que queda pendiente por pagar”, concluyó Risolo.

Esta mañana, durante la sesión en el barrio 142 Viviendas, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Lucio. A diferencia de lo ocurrido durante el tratamiento de esta adhesión en la Cámara de Diputados, el tratamiento del proyecto no generó ningún tipo de polémica y el único que hizo uso de la palabra fue el concejal Alejandro Cordido, del Frente Justicialista de Todos.

“No solamente esperamos que se emitan y recibir capacitaciones sobre todos estos derechos, sino además que se disponga de medidas concretas, como una línea de atención telefónica para formular denuncias específicas”, dijo Cordido, señalando que las denuncias podrán ser anónimas y protegiendo la identidad de niños y niñas.

“Que el Estado Municipal adopte una conducta proactiva, que esa capacitación sea permanente, que sea actualizada y que de esta forma también se traduzca en la toma de decisiones para la elaboración de políticas públicas para que en la ciudad de San Luis los niños, las niñas, los adolescentes puedan desarrollarse libremente”, pidió el concejal, ya finalizando su sesión.

En cuanto al resto de la sesión, los vecinos de la zona acercaron sus preocupaciones, reclamos y también elogios a la gestión municipal. Mucho de esto luego se vuelca en distintos tipos de proyectos que los concejales luego tratan en sesión. Desafortunadamente, la transmisión de la sesión por internet tuvo múltiples problemas de audio, por lo que no se pudo escuchar claramente la gran mayoría de las alocuciones de los vecinos de la zona.

La Justicia provincial condenó a Mario Jonathan Ferrer Ibarra, a la pena de nueve años de prisión efectiva y su pareja Antonella del Valle Chavero fue condenada a un año y seis meses de prisión efectiva, las cuales deberán cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. El hombre fue encontrado culpable por dos hechos delictivos de los cuales uno es homicidio en grado de tentativa y la mujer condenada por lesiones leves.

Uno de los hechos, acusado solamente Ferrer Ibarra, sucedió el 26 de febrero pasado, cuando el imputado le ocasionó lesiones en la zona abdominal a un hombre con un arma blanca.

El otro hecho (donde resultan acusados el hombre y la mujer) sucedió el pasado 2 de abril, cuando los imputados interceptaron a bordo de una motocicleta a una mujer que circulaba también en una moto junto a un amigo. Le propinaron amenazas, la imputada habría utilizado un cuchillo. Asimismo, el imputado realizó amenazas al día siguiente a la mamá de la damnificada cuando ésta se encontraba en el edificio de tribunales dando un testimonio ante el Ministerio Público Fiscal.

Ferrer Ibarra fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple en grado de tentativa, en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo por mediar relación de pareja, y amenazas calificadas por el empleo de un arma, en carácter de coautor, en concurso ideal, en los términos de los arts. 79 relación al 42 del Código Penal, arts. 89 y 92 con remisión al art. 80 inc. 1° del Código Penal, y art. 149 bis, 1ra y 2da parte del Código Penal, en relación a los arts. 45, 48, 54 y 55 del Código Penal Argentino.

Asimismo, Ferrer Ibarra fue absuelto por el delito de amenazas, en relación al hecho en el que habría amenazado a la mamá de su ex pareja en el edificio de Tribunales.

Mientras que Antonella del Valle Chavero fue encontrada penalmente responsable de los delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo por mediar relación de pareja y amenazas calificadas por el empleo de un arma, en carácter de coautora, en concurso ideal, en los términos de los arts. 89 y 92 con remisión al art. 80 inc. 1° del Código Penal Argentino y art. 149 bis 2da parte del Código Penal, en relación a los arts. 45, 48, y 54 del mencionado código.

Asimismo, se dispuso el inmediato traslado de Ferrer Ibarra y de Chavero al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberán cumplir las condenas.

Este miércoles, en el Salón de la Puntanidad de Terrazas del Portezuelo, hubo una reunión entre intendentes de localidades de la provincia y representantes del Ejecutivo Provincial para dialogar sobre eventuales problemáticas que puedan surgir en relación a la disponibilidad de agua en los meses estivales, estrategias de prevención que están en marcha y posibles soluciones ante emergencias.

Participaron los intendentes Rosa Calderón, de Villa de la Quebrada; Carolina Salinas, de Los Manantiales; Damián Gómez, de Potrero de los Funes; Gladys Páez, de Balde; los delegados organizadores de los municipios de Desaguadero y El Suyuque/Los Molles, Nicolás Frade y Mary Valdivieso, respectivamente; y el delegado organizador creador del municipio de Potrerillos, Diego Barroso.

También estuvieron el jefe del Programa Asuntos Municipales, Facundo Rodríguez Iannello; el jefe del Programa Infraestructura Hídrica, Fernando Yanzón; el gerente de San Luis Agua, Nazareno Perroni; el director de Vialidad Provincial, Jorge García Quiroga; el jefe del Programa San Luis Solidario, Martín Oros; el jefe de Bomberos de la Policía, Rafael Godoy; la jefa del Programa Planificación Forestal, Soledad Domínguez; el jefe de Programa Parque Automotor, Gastón Balcala y Javier Garay del Ministerio de Producción.

“La problemática del agua es una cuestión netamente relativa al clima si no hay precipitaciones. Sabemos que suele haber problemas con este recurso, y ante ello queremos ocuparnos anticipadamente del tema. Por eso, desde Asuntos Municipales hemos convocado a esta primera reunión a distintos representantes del Ejecutivo Provincial que tienen que ver directa o indirectamente con la temática y a intendentes de localidades que más frecuentemente tienen problemas con el agua”, informó Rodríguez Iannello.

En el encuentro “se hizo un repaso del trabajo que hace cada intendencia; las obras hídricas que están en ejecución, que son récord en este momento en la provincia, y las que están concretadas; el trabajo que hace día a día San Luis Agua; la colaboración que presta la Secretaría de Ambiente con los camiones regadores en caso de necesidad; la tarea que hace San Luis Solidario ante faltante de agua; y también Vialidad, que también asiste con camiones a los lugares donde aún no hay acceso al agua o en casos de emergencias hídricas”, refirió.

Cada intendente pudo plantear su situación y los problemas que le preocupan y también se empezaron a proyectar posibles soluciones, dijo el funcionario. “Ellos nos hicieron llegar sus inquietudes y nosotros tratamos de dar respuesta a algunas cuestiones y dudas. Pudimos contarles a los jefes comunales en qué trabajamos, establecer buenos vínculos de comunicación entre las partes. La sequía es una problemática que vivimos todos, es uno de los efectos del cambio climático que se sufre en distintos lugares del mundo por igual. Fue una reunión muy productiva, importante porque nos sentamos, hablamos y planificamos para un futuro, para poder prever ciertas situaciones y, de haber momentos complicados, estar preparados de la mejor manera posible”, dijo Rodríguez Iannello.

La Policía local realizó la detención de dos agentes penitenciarios que estarían implicados en la causa que investiga el accionar de una organización delictiva que transportaba y comercializaba estupefacientes y cuyo líder operaba desde el Servicio Penitenciario Provincial. Además, desde el Servicio se dispuso el paso a disponibilidad a cinco agentes penitenciarios para determinar o deslindar responsabilidades.

La Justicia Federal dispuso las acciones que fueron ejecutadas el miércoles 6 de septiembre por personal policial. Las medidas dictadas por la Justicia intentan determinar si los imputados son partícipes necesarios y secundarios en los delitos que prevé el artículo 5, inciso “C” de la Ley 23.737 en la modalidad de transporte de estupefacientes, agravado por intervenir en su comisión tres o más personas organizadas.

Además, se busca conocer si incurrieron en grado de autoría, en averiguación de la infracción a los artículos 248, 249 y 256 del Código Penal “en la modalidad de recibir, por sí o persona interpuesta, dinero o dádiva; o de aceptar promesa directa, para hacer y/o dejar de hacer prestaciones relativas a sus deberes funcionales”, esto en beneficio de la banda anteriormente citada.

En tanto e independientemente de las acciones determinadas por la Justicia Federal, desde el Servicio Penitenciario se dispuso relevar y pasar a disponibilidad a cinco agentes penitenciarios, para determinar o deslindar responsabilidades respecto de su accionar en torno a la mencionada organización y a los fines de brindar todas las herramientas necesarias que permitan desarrollar una investigación que pueda dar con todos los responsables.

Personal de la Comisaría Tercera realizó un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantía N° 3, a cargo del doctor Marcos Flores Leyes.

El allanamiento fue llevado a cabo en la manzana N del barrio Félix Bogado, donde se secuestró un arma de fuego con municiones, cocaína, una balanza de precisión y elementos probatorios para la causa.

Intervino personal de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico y del C.O.A.R, dependiente de la Dirección General de Unidades Especiales.

El Juzgado Federal San Luis ordenó la detención del propietario de la vivienda y le inició una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.