El Concejo Deliberante de Juana Koslay aprobó este jueves la creación de la Tasa por Servicio de Seguridad Urbana Preventiva, una nueva contribución municipal destinada a financiar el sistema local de videovigilancia, patrullaje y guardia urbana. La medida generó un inmediato rechazo entre numerosos vecinos, que presentaron una nota colectiva en la que calificaron la iniciativa como “improcedente e injusta”.

La ordenanza establece que los propietarios de inmuebles y los responsables de actividades comerciales o industriales dentro del ejido municipal deberán abonar mensualmente 44,6 Unidades de Valor Municipal (UVM), equivalentes hoy a $20.001,76, considerando que el valor vigente de la UVM es de $448,47.

Según el texto aprobado, el tributo financiará la operación del Centro de Monitoreo Municipal, los sistemas de videovigilancia, los patrullajes preventivos a cargo de la Guardia Urbana y las alarmas comunitarias, entre otros servicios. El dinero recaudado tendrá afectación específica y deberá destinarse exclusivamente a esos fines.

Además, la normativa prevé que el monto de la tasa se actualice trimestralmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor San Luis (IPC San Luis), aunque el Ejecutivo podrá suspender las subas si los ingresos resultan suficientes. Quedarán exentos del pago las instituciones educativas públicas, entidades sin fines de lucro, clubes barriales y cuerpos de bomberos voluntarios.

El descargo de los vecinos
La aprobación provocó malestar en distintos barrios de Juana Koslay, donde este mismo jueves ingresó una nota colectiva firmada por vecinos autoconvocados que reclaman la revisión y suspensión de la tasa.

En el escrito, los firmantes argumentan que “no se observan cámaras de seguridad, patrullajes regulares ni presencia efectiva de la Guardia Urbana Municipal”, y sostienen que “no existe prestación concreta ni comprobable del servicio que se pretende financiar”.

También cuestionan la falta de estudios técnicos y económicos previos. “La ordenanza en cuestión carece de una fundamentación técnica y económica adecuada: son apenas dos páginas sin análisis previo de costos, estudio de impacto presupuestario ni evaluación de la sostenibilidad del servicio”, afirman.

Los vecinos remarcan además que la seguridad pública es una competencia primaria de la Provincia, y que el municipio solo puede tener un rol complementario. “No le corresponde crear un tributo propio que traslade a los vecinos una responsabilidad que no es municipal”, subrayan.

Finalmente, advierten que el municipio está adherido al Decreto Provincial 150/2023, que declara la emergencia económica, lo que —según señalan— podría permitir que los fondos recaudados se destinen a otros fines.

Los firmantes exigen que se garantice la prestación efectiva del servicio, la publicación del estudio de costos y la coordinación institucional con el Ministerio de Seguridad provincial antes de aplicar la nueva tasa.

Conferencia del intendente
Fuentes municipales confirmaron que el intendente Jorge “Toti” Videla brindará en las próximas horas una conferencia de prensa para explicar los alcances de la medida y responder a las críticas que surgieron tras la aprobación de la ordenanza.

Trabajadores de distintas instituciones que prestan servicios a personas con discapacidad, junto a algunos de sus pacientes, se manifestaron este miércoles por la mañana en plaza Pringles, en el marco de un cese de actividades por 48 horas. La medida busca reclamar al Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“No hay avances, nada. ¿Dónde está lo que nos prometieron? Y acá estamos, de nuevo, marchando por los derechos de los chicos y de nosotros también”, expresó una docente de educación especial del Centro Educativo Terapéutico Ailén.

La profesional explicó que hay una importante falta de pago en las prestaciones y un retraso que ya alcanza los seis meses. Además, señaló que los montos permanecen congelados desde noviembre de 2023, lo que obligó a las instituciones a realizar recortes de gastos.

En el caso del Centro Ailén, al que asisten 150 chicos y trabajan unas 40 personas, los ajustes afectaron cuestiones básicas como alimentos, artículos de higiene y materiales para los terapeutas. “Es muy triste, porque tuvimos que recortar para que los chicos puedan seguir asistiendo a la institución”, lamentó la docente.

Por ahora, los trabajadores del centro continúan cobrando sus salarios en tiempo y forma, aunque reina la incertidumbre respecto del futuro. “Ya estamos casi en noviembre y no sabemos si vamos a seguir cobrando”, advirtió la trabajadora.

El Gobierno provincial firmó este miércoles el decreto de adjudicación para terminar la construcción del Centro de Deshabituación al Consumo Problemático y Adicciones en La Toma, una obra que busca asistir a personas con consumos problemáticos de toda la provincia. El edificio había quedado paralizado a fines de 2023 y ahora se espera que las obras finalicen en aproximadamente 350 días, proyectando su apertura para noviembre de 2026.

El proyecto original fue impulsado y financiado por el Gobierno nacional durante la presidencia de Alberto Fernández, con un presupuesto inicial de $239.094.874. Tras el cambio de administración provincial y la derrota del oficialismo nacional en las PASO de 2023, los trabajos quedaron paralizados por decisión de la actual administración nacional. El contrato fue rescindido de común acuerdo, y el proyecto quedó en suspenso hasta la nueva licitación provincial.

La obra incluye terminaciones, instalaciones, mobiliario, sistemas de calefacción y refrigeración individuales, paneles solares para agua caliente y cocina industrial. El nuevo presupuesto será de $1.300 millones. Desde el Gobierno provincial señalaron que, en paralelo a la finalización de la infraestructura, se avanzará en la organización de los equipos profesionales que trabajarán en el centro.

El complejo contará con 1.700 metros cuadrados cubiertos distribuidos en dos bloques principales. El primero albergará áreas de admisión, consultorios, comedor, cocina, despensa y un salón de usos múltiples. El segundo estará destinado a la internación, con 15 habitaciones, enfermería y sectores diferenciados para hombres y mujeres. Además, el predio incluirá un polideportivo cubierto de 700 metros cuadrados, vestuarios, consultorios médicos y un espacio para rehabilitación física y recreativa.

Darío Pantano, director provincial de Prevención y Asistencia en Adicciones, destacó que “es una obra soñada, muy ansiada, porque permitirá culminar la etapa de tratamiento de las adicciones. Hasta ahora solo contábamos con atención ambulatoria; con este centro podremos ofrecer internación controlada, cuando sea necesario, para acompañar a quienes no pueden sostener la abstinencia fuera de un entorno terapéutico”.

Pantano explicó que el centro contará con 15 habitaciones y capacidad inicial para 30 pacientes. “Será el primer establecimiento de internación para adicciones de la provincia, con un enfoque integral que combina contención psicológica, terapias ocupacionales y reinserción social”, señaló. Además, detalló que los pacientes podrán reconstruir hábitos cotidianos, participar en talleres, terapias, deportes y actividades comunitarias. “La idea es que aprendan nuevamente a vivir con autonomía, desde hacer su cama hasta preparar su comida”, agregó.

Sobre la duración del tratamiento, el funcionario precisó que será de entre tres y nueve meses, organizados en módulos progresivos, con el objetivo de facilitar la reinserción en el entorno familiar y social. Pantano también señaló que este centro será un modelo a nivel nacional, diseñado con los últimos avances en la atención de adicciones, y permitirá evitar el desarraigo de los pacientes que antes debían ser derivados a otras provincias.

El centro se sumará a la red provincial de atención a las adicciones, que actualmente cuenta con el Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA) de la ciudad de San Luis y el próximo CPAA que se construirá en Villa Mercedes, junto al nuevo Hospital Dr. René Favaloro. Según Pantano, “es una gran noticia porque Villa Mercedes tiene una alta demanda y un centro actual muy pequeño. Con el nuevo CPAA, similar al de San Luis, se fortalecerá la red provincial y se brindará un abordaje más humano y cercano”.

La reactivación del proyecto en La Toma consolida una política sanitaria provincial orientada al abordaje integral de las adicciones, ampliando la infraestructura de salud mental y ofreciendo espacios de tratamiento modernos y adaptados a las necesidades de la comunidad.

San Luis dio este martes un nuevo paso hacia el desarrollo sustentable con la inauguración del primer Parque Renovable Híbrido Solar y Eólico del país, ubicado en Toro Negro, a 71 kilómetros de la capital provincial, dentro del predio del Parque Eólico San Luis Norte. La puesta en marcha contó con la presencia del gobernador Claudio Poggi, quien destacó que la provincia “ya genera más del 40% de la energía que consume a partir de fuentes renovables”.

El proyecto, impulsado por las empresas PCR y ArcelorMittal Acindar, combina 25 aerogeneradores con 35.000 paneles solares, alcanzando una potencia instalada de 130 megawatts, suficiente para abastecer el equivalente de 250.000 viviendas en distintos puntos del país. La construcción del parque solar demandó una inversión de 15 millones de dólares, que se suman a los 230 millones de inversión total del complejo.

Durante el acto, Poggi estuvo acompañado por el director de Desarrollo de Parques Renovables de PCR, Estanislao Cavallo; el director financiero de ArcelorMittal Acindar, Ignacio Pini; el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Cacace; además de equipos técnicos y trabajadores del proyecto. Tras el corte de cinta, realizaron una recorrida por las instalaciones, entregaron el Certificado de Aptitud Ambiental y visitaron la nueva línea eléctrica construida por las empresas, que permitió llevar energía a dos familias de la zona.

“Éste es el primer parque híbrido de generación de energías sustentables del país, acá en San Luis, a la vera de las Sierras Centrales. Potenciamos el valor del viento y el valor de nuestro sol, lo que impacta en un mejor suministro de energía limpia. San Luis gratamente se está transformando en una provincia generadora de energía limpia”, expresó Poggi.

El mandatario también resaltó que la inversión privada se integra a una infraestructura pública desarrollada durante su primera gestión, y que la articulación entre ambos sectores “mejora la calidad de la energía y el valor de la industria y la agroindustria puntana”.
“Esta inversión nos llena de orgullo y va totalmente en línea con la visión que queremos para San Luis: una provincia competitiva, atractiva para la inversión privada y con desarrollo sustentable”, agregó.

Por su parte, Cavallo destacó el trabajo de más de cien personas en la ejecución del proyecto y subrayó el compromiso a largo plazo de las empresas: “Este proyecto es una inversión de 30 años. Apostamos a largo plazo y agradecemos a la Provincia por permitirnos cumplir los objetivos gracias a la integración público-privada”.
Pini, en tanto, calificó la inauguración como un “hecho histórico” y recordó que Acindar trabaja desde hace tres décadas en San Luis. “Hoy le damos a eso una visión de sustentabilidad. Nos va a permitir alcanzar niveles de consumo de energía renovable cercanos al 50% del total de la empresa, y seguiremos invirtiendo para llegar al 65%”, señaló.

El ministro Trombotto celebró la puesta en marcha del complejo y remarcó que “estas inversiones solo son posibles gracias a la articulación público-privada, porque el sector público también ha hecho inversiones muy importantes en infraestructura energética”.

Antes de regresar a la ciudad de San Luis, Poggi visitó a dos familias que viven cerca de la planta y las felicitó por la llegada del servicio eléctrico. “Esto es un antes y un después para ustedes”, expresó.

La inauguración del parque en Toro Negro se suma a la del Parque Solar Fotovoltaico La Salvación, en Quines, que se puso en marcha el lunes pasado. En menos de una semana, San Luis sumó dos nuevas fuentes de energía renovable en sintonía con la estrategia provincial de producir, trabajar y crecer con energía limpia, generando empleo y desarrollo local.

Fuente: ANSL

Este martes por la tarde, el Gobernador encabezó dos reuniones de trabajo en su despacho para poner en marcha la edificación de nuevos hogares como parte del plan ‘Tenemos Futuro’. La primera, a las 18:00, fue con el ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordoñez y el secretario de Política Habitacional, Hugo Rossi, entre otras autoridades, para firmar el decreto de contratación de la empresa que construirá 20 viviendas en Quines.

Posteriormente y acompañado por integrantes de su gabinete, el Gobernador recibió a los intendentes de Anchorena, Héctor Baigorria; de Navia, Osvaldo Olivera; de Luján, Pablo López; de Villa del Carmen, María Raboni; de Papagayos, José Luis Gauna y de Balde, Gladys Páez. Las autoridades firmaron los convenios para la edificación de 44 casas.

Estas localidades se suman a Villa Larca, Bagual, Leandro N. Alem, Alto Pencoso, Concarán, Fortuna, Zanjitas, Los Manantiales, Talita, Fraga, La Calera, Juan Llerena, Saladillo, San Martín, Justo Daract, La Toma y La Vertiente, cuyas viviendas ya se iniciaron anteriormente.

Según indicó Rossi, el Ejecutivo provincial promulgó la Ley de Emergencia Habitacional “en función del número altísimo de inscritos en los planes de vivienda, detectando con esto el déficit habitacional muy importante que tiene la provincia de San Luis. Por lo tanto, se destinan el 50% de los recursos de obras públicas de la provincia cada año para la construcción de viviendas”.

“La expectativa es enorme porque, como lo ha dicho el Gobernador, la política de vivienda volvió y volvió para quedarse en la provincia de San Luis”, afirmó el Secretario.

“Con esto estamos totalizando ya 24 localidades en la provincia de San Luis que comienzan a construir las viviendas del plan ‘Tenemos Futuro’, un adelanto muy importante que estamos teniendo”, manifestó el secretario Rossi y añadió: “Ya hemos visto las publicaciones de algunas intendencias que han hecho acopios materiales y en algunas ya están trabajando para las viviendas que se van a entregar aproximadamente en un plazo de 10 meses”.

Del total de los 24 proyectos que hasta el momento se firmaron, 19 serán realizados por gestiones de los municipios, mientras que las cinco restantes serán ejecutadas por empresas privadas. “Un gran porcentaje se hace a través de los municipios como empresa constructora. Esto le suma mano de obra a sus localidades, le garantiza durante el plazo de 10 meses a un año el trabajo a cuatro familias por lo menos de forma directa, más la mano de obra indirecta que se contratan, como plomeros, electricistas, etc. Y, además, toda la compra de materiales, lo que genera un círculo virtuoso en la localidad en donde el aporte económico es muy importante”, explicó el Secretario.

Las viviendas, de 57 metros cuadrados, contarán con dos dormitorios, sala de estar-cocina-comedor y baño. Se optimizó la distribución para mejorar la amplitud, circulación y funcionalidad de los espacios, especialmente en dormitorios y baño. La fachada tendrá un diseño moderno con revestimiento acrílico texturado en colores vivos y detalles grises. La construcción incluirá estructura de hormigón armado sismo-resistente, techos de losa pretensada, ladrillo hueco, aberturas de aluminio, puertas de chapa y madera, pisos cerámicos e instalaciones completas de servicios.

Cabe mencionar que quienes se inscribieron al plan ‘Tenemos Futuro’ participarán del sorteo que se concretará en diciembre, distribuido por cada tipo de modalidad (vivienda de barrio o autoconstrucción asistida) y por cada localidad. “A partir de ahí se iniciará todo el proceso de adjudicación de cada una de estas viviendas”, concluyó Rossi.

Fuente: ANSL

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) San Luis denunció que el intendente de La Punta, Luciano Ayala, y su equipo de funcionarios amenazaron con despedir a empleados municipales que continúen con las medidas de fuerza por mejoras salariales.

El gremio informó que este martes los trabajadores realizaron una medida de visibilización en la Plaza de los Niños, en el centro de la ciudad, para mantener el reclamo por “salarios dignos y el cese inmediato de la violencia laboral”.

“Es increíble que frente a un reclamo por salarios dignos los funcionarios salgan a amenazar a los trabajadores con despedirlos. A pesar de ese clima de amenazas, la comunidad apoya a los empleados municipales, tanto en las redes como en las calles”, expresó el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica.
“Esta lucha por salarios dignos la estamos llevando adelante en cada municipio y no vamos a dejar de dar pelea”, agregó el dirigente sindical.

El conflicto comenzó el lunes, cuando los empleados municipales de La Punta iniciaron un paro con retención de tareas que afecta la prestación de servicios como la recolección de residuos y otras áreas.

Según informó el sindicato, la medida, presentada inicialmente por 72 horas, se debe al “cansancio por los malos tratos y los salarios de miseria”, y tiene como principales reclamos:
– Recomposición salarial urgente.
– Pase a planta permanente.
– Mejoras en las condiciones de seguridad e higiene laboral.