Hace instantes, desde el Poder Judicial dieron a conocer que el juez Marcos Flores Leyes ha rechazado el pedido de desalojo presentado por la fiscalía en relación a un grupo de ambientalistas que se encuentra acampando en la zona del acueducto Vulpiani. Estos activistas buscan impedir la construcción de un parque en el área, alegando preocupaciones ambientales.
La solicitud de desalojo fue presentada por la Fiscalía de Instrucción N° 4 en base a los artículos 14, 55 y 63 del Código Procesal Penal de la provincia de San Luis. Según el denunciante, representante legal de la empresa SERVING S.R.L., encargada de la construcción del Parque Acueducto Vulpiani, desde que retomaron las tareas el 3 de julio, el grupo de ambientalistas ha obstaculizado el avance de la obra, colocando cubiertas y alambres de púas.
Sin embargo, el juez Flores Leyes ha argumentado que la presentación de la fiscalía “no resulta clara y manifiesta” la fecha de inicio de los hechos y “tampoco se encuentra claramente justificado e individualizado el o los
delitos que provocan la competencia de este Juzgado de Garantías”. Además, la resolución mencionada por la fiscalía, que aprueba el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa SERVING S.R.L., no fue adjuntada al expediente.
Si bien el fallo es llamativo, no sorprende del todo, ya que la construcción del Parque Acueducto Vulpiani ha sido objeto de debate y movilización social en los últimos meses. Un sector de la sociedad puntana, preocupado por el impacto ambiental de la obra, ha manifestado su oposición de manera pacífica pero firme.
Los ambientalistas argumentan que el parque podría ocasionar daños irreparables al ecosistema de la zona, y han expresado su intención de proteger el área natural en cuestión. Han denunciado que la empresa SERVING S.R.L. no ha considerado adecuadamente los efectos ambientales de la construcción y han puesto en duda la veracidad del estudio de impacto presentado. “En este sentido, se efectúe un control de constitucionalidad y convencionalidad de todos los estudios de impacto ambiental aludidos por la Sra. Fiscal de Instrucción y/o los que pudieran practicarse en el futuro por la justicia especializada prevista en nuestra Ley Orgánica como son los Juzgados Civiles, Comerciales y Ambientales”, dijo el magistrado.
El rechazo del pedido de desalojo por parte del juez Marcos Flores Leyes no significa que se haya resuelto el conflicto. Los ambientalistas continuarán su lucha en defensa del medio ambiente y buscarán otras vías legales para detener la construcción del parque. Mientras tanto, se espera que las autoridades y la empresa SERVING S.R.L. se comprometan a realizar un análisis más riguroso de los impactos ambientales y a dialogar con los grupos opositores para encontrar soluciones equitativas y sostenibles.
La construcción de proyectos en áreas naturales siempre ha generado tensiones entre el desarrollo humano y la conservación del medio ambiente. En este caso particular, el conflicto entre los ambientalistas y la empresa SERVING S.R.L. se ha intensificado debido a la falta de consenso y diálogo entre las partes involucradas.
