San Luis está entre las provincias sin acceso público a declaraciones juradas de funcionarios

Recientemente, esta institución de prestigio nacional que defiende la transparencia en los actos de Gobierno elaboró un mapa interactivo, clasificando a las 23 provincias argentinas de acuerdo al siguiente esquema:

– Libre Acceso (verde): comprende aquellas provincias en las cuales la ciudadanía puede acceder a las declaraciones juradas de los/las funcionarios/as realizando el pedido o, mismo en algunos casos, consultando en la web oficial.

– Acceso Restringido (amarillo): comprende aquellas provincias en las cuales el solicitante debe demostrar un interés legítimo, o una sospecha suficiente sobre un enriquecimiento ilícito en el patrimonio de un/a funcionario/a, para poder consultar las declaraciones juradas, situación que en sí misma genera una barrera de acceso. Una situación similar sucede cuando sólo se puede acceder a DD.JJ. sintéticas, es decir, casos en donde no se presenta información suficiente e integral sobre el patrimonio del/de la funcionario/a, por lo que aplica el criterio de “acceso restringido”.

– Secreto (rojo): comprende aquellas provincias en las que no se permite bajo ninguna circunstancia dar vista de las declaraciones juradas de los/las funcionarios/as públicos/as, excepto que medie una orden judicial.

Como era de esperarse, San Luis cayó dentro del color rojo, con la ACIJ destacando que “las declaraciones juradas se presentan en sobre cerrado y lacrado, y solo será abierto por orden judicial”.

En San Luis, solo los diputados radicales Alejandro Cacace y Juan Manuel Rigau presentaron sus declaraciones de manera pública y abierta. Otros copartidarios hicieron lo mismo, pero en sobre cerrado. Por el lado del oficialismo provincial, ya sea a nivel Poder Ejecutivo o Legislativo, no se conoce declaración jurada alguna.

A comienzos del año legislativo, Cacace presentó un proyecto de Ley para que sea obligatorio publicar en Internet las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, pero, como era esperarse, el oficialismo lo cajoneó. “Buscamos reglamentar el procedimiento de presentación para que esa información no quede en un cajón de un órgano estatal y que nadie se entere, sino que esa declaración jurada esté publicada en Internet”, dijo el diputado radical sobre su proyecto.

Volviendo al informe de la ACIJ, como podrá ver en el mapa que acompaña esta nota, solo cinco provincias (La Pampa, La Rioja, Corrientes, Salta y Tierra del Fuego) ofrecen libre acceso a las declaraciones de los funcionarios públicos. Las provincias con acceso restringido son seis (Córdoba, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Chaco y Buenos Aires); mientras que son 12 las que tienen acceso “secreto” (Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Formosa y Misiones).

Finalmente, cabe recordar que la Ley Nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública fue aprobada hace ya 15 años, pero la provincia de San Luis nuca adhirió a la misma. Esta ley, en su artículo 4to, establece la obligación de funcionarios públicos nacionales “deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos. Asimismo, deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo”.

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