A los imputados se los acusa de la desaparición y asesinato de 11 personas, al igual que de las torturas y violaciones sufridas por más de 25 personas. “Señalaremos la forma en la que tales hechos constituyeron una expresión de un plan sistemático de represión, instaurado por el terrorismo de estado. Expondremos los fundamentos de la responsabilidad penal que se debe atribuir a los imputados… y finalmente la responsabilidad concreta de cada uno de los acusados”, se leyó durante la presentación del juicio.
Acto seguido se comenzó con la lectura de los testimonios que implican a los 31 acusados. El primero, y coincidentemente el más extenso de todos, fue el de Mirtha Gladis Rosales, cuyo caso es considerado uno de los más duros y desgarradores.
Rosales, oriunda de Quines y, por aquel entonces, miembro de la Juventud Peronista, fue detenida el 10 de marzo de 1976. Hasta el 2 de diciembre de ese mismo año, lo que significa un periodo de casi nueve meses, fue paseada por los diferentes centros de detención de la Capital puntana, hasta que finalmente fue trasladada al penal de Mendoza.
Su primera y brutal golpiza la sufrió luego de un allanamiento al que la llevaron para ver qué podía aportar, el cual dio un resultado negativo. Al volver a la delegación de la Policía Federal, el oficial Celso Juan Ángel Borzalino la llevó a la parte trasera del edificio, donde comenzó a golpearla y humillarla. Luego fue trasladada a la oficina del teniente Carlos María Alemán Urquiza, donde la esposaron a una silla para luego interrogarla con respecto a sus actividades políticas, golpeándola y electrocutándola cuando no le gustaban sus respuestas.
Rosales sufrió torturas durante meses, principalmente a manos del fallecido Jorge Hugo Velázquez, Roque Rubén Rodríguez y Borzalino, además de Carlos Esteban Plá, a quien todos señalan como el gran instrumentador de la tortura y represión en San Luis. La mujer también mencionó a Ricardo Rossi, Marcelo González Moure, Omar Lucero, Jorge Félix Natel y al médico Vicente Moreno Recalde, quien era el encargado de constatar que estuviera en condiciones para futuras golpizas, entre tantos otros atormentadores. Casi en la totalidad de los casos, y a diferencia de otros que se leyeron después, los torturadores de Rosales no se cubrían el rostro ni la vendaban a ella.
A su vez, durante esos meses se la trasladó momentáneamente de una comisaría a otra, al antiguo Departamento de Informaciones, al centro clandestino “La Escuelita”, que funcionaba sobre Justo Daract a una cuadra de avenida España, que dirigía el imputado Juan Carlos Pérez, e inclusive a la Granja La Amalia, donde le aplicaron torturas como el “submarino” y el “teléfono”.
Finalmente, Rosales fue alojada en la cárcel de mujeres de la ciudad de San Luis, donde su directora, Blanca Vanucci de Quiroga, logró que los represores que la llevaron firmaran un recibo, donde además se constató el calamitoso estado con el cual ingresó. De su periodo en la cárcel de mujeres han quedado los testimonios de las celadoras que allí trabajan, quienes constaron las heridas que Rosales presentaba cada vez que policías y/o militares la retiraban para interrogarla y torturarla.
Justamente, en el expediente figura la declaración de una de las celadoras, Nelly del Carmen Martínez de Miranda, quien relató que, en una de las tantas ocasiones en que Rosales fue reingresada a la cárcel, presentaba todo el costado izquierdo de su cara hinchado, hematomas en su vientre y piernas, lastimaduras y cortes en sus pezones, al igual que marcas de ataduras en sus muñecas, ya que la ataban a la pared para luego introducirle objetos en su vagina. Según la declaración de otra celadora, “varias internas se desmayaron cuando vieron el estado deplorable de la damnificada”.
Rosales fue finalmente trasladada al penal de Mendoza el 2 de diciembre de 1976, de donde se la liberó en octubre de 1978. El suyo, si bien, afortunadamente, no
terminó en muerte o desaparición, es considerado uno de los casos más duros de los que serán presentados en este juicio, el cual continuará el día hoy, seguramente con la lectura de más testimonios, antes de pasar a las nuevas declaraciones que se le tomarán a más 300 testigos.
Víctimas e imputados
En la causa se encuentran imputados: Carlos María Alemán, Urquiza, Celso Juan Ángel Borzalino, Luis Mario Calderón, Hugo Ricardo Cremonte, Horacio Ángel Dana, Miguel Ángel Fernández Gez, Andrés Leonardo García Calderón, Juan Amador Garro, Pedro Armando Gil Puebla, Nelson Humberto Godoy, Marcelo Eduardo González Moure, Benjamín Jofre, Rafael Enrique Leyes, Raúl Benjamín López, Omar Lucero, Armando Nicolás Martínez, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Alberto Moreira, Vicente Ernesto Moreno Recalde, Jorge Félix Natel, Luis Alberto Orozco, Andrés Enrique Manuel Ortuvia Salinas, Carlos Alberto Ozarán, Santos Tomas Palma, Juan Carlos Pérez, Carlos Esteban Plá, Higinio Rafael Robles, Roque Rubén Rodríguez, Oscar Guillermo Rosello y Ricardo Alfredo Rossi.
En este juicio se investigará la desaparición forzada y asesinatos de Domingo Hildeyardo Chacón, Adolfo Enrique Pérez, Luis María Frümm, Vicente Rodríguez, Graciela Fiochetti, Pedro Valentín Ledesma, Santana Alcaraz, Nolasco Leyes, Roberto Rafael García, Dante Bodo y Sebastián Cobos, ocurridos en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis.
Además, la privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos y torturas de Aníbal Franklin Olivera, Manuel Armando Alfonso, Juan Fernando Vergés, Carlos Enrique Correa, Andrónico Agüero, Mirtha Gladis Rosales, Ana María Garraza (actual directora de DD.HH. de la Municipalidad de San Luis), Isabel Catalina Garraza, Juan Cruz Sarmiento Cabrera, Alfredo Luis José Montoya, María Luisa Ponce de Fernández, Jorge Alfredo Salinas, Juan Manuel Echandía, Lucy María Beatriz, Alejo Sosa, Joaquín Julio Lucero Belgrano, Ramón Gómez y Víctor Fernández, entre otros.
