La jueza Civil y Comercial N° 3, Valeria Benavidez, intimó a la presidenta del Concejo Deliberante, Agustina Arancibia Rodríguez, a que reincorpore al personal de planta permanente dado de baja, dando así cumplimiento a la orden judicial del pasado 27 de febrero. En caso de que no lo haga, deberá pagar $150.000 diarios, en concepto de “astreintes”, un tipo de sanción económica y progresiva, a favor del demandado, que pueden aplicar los jueces a quienes no cumple con sus deberes jurídicos.
“Hace exactamente un mes, que la presidenta del concejo deliberante del órgano legislativo de la capital de la provincia decidió incumplir una orden judicial, generando un antecedente dramático, muy grave y muy peligroso para la democracia de nuestra provincia y para el país, porque es un antecedente cuyas consecuencias se pueden irradiar a cualquier otro poder del Estado”, señaló el concejal opositor, Alejandro Cordido.
“Hoy se cumple un mes de que se resiste la presidenta a cumplir una orden judicial, algo que ninguna persona democrática podría admitir. Sin embargo, hace un mes que los compañeros están sentados aquí en el patio, por supuesto sin recibir tareas, sin cobrar su salario y, en ese contexto, hoy nos comunicaron que la jueza que tramita el amparo efectivamente fijó a la presidenta Arancibia Rodríguez que cumpla bajo el apercibimiento de fijar astreintes de 150.000 pesos diarios”, continuó Cordido.
Por el momento, no queda claro si esto deberá ser pagado personalmente por Arancibia Rodríguez o por la institución. “Entiendo que debe pagarlo la presidenta, Agustina Arancibia Rodríguez, por varios motivos. Primero, porque va dirigido hacia ella la fijación de astreintes, y segundo, porque si lo paga el Concejo, en realidad el perjuicio de esa acción sería doble, porque también la ciudadanía entera estaría pagando una ilegalidad que, además, reitero, implica un acto absolutamente antidemocrático, totalitario y, por supuesto, fascista”, disparó el concejal opositor.
Por su parte, cabe destacar que, desde que comenzó este conflicto, la presidenta del Concejo ha decidido guardar silencio con respecto al tema, mientras actúan sus abogados, quienes le han asesorado este curso de acción. De igual manera, se espera un pronunciamiento de Arancibia Rodríguez la semana que viene.
En cuanto a si esta medida puede ser apelada, Cordido explicó lo siguiente: “Las astreintes, para que lo encuadremos bien, se fija porque ya incumplió en términos del amparo y eso mismo representa un delito. Ya cometió el delito, por lo cual también ya está imputada penalmente. Entonces, las astreintes no se pueden apelar porque, básicamente, partiría del hecho de reconocer su propio incumplimiento. Ya están establecidas y ahora lo que queda es que la justicia ordene, eventualmente, trabar un embargo o, de alguna manera, cobrar 150.000 pesos diarios hasta que la Presidenta desista de su actividad totalitaria y cumpla con la orden judicial”.
La falta de diálogo con el oficialismo agrava la situación. Cordido lamentó la ausencia de respuestas por parte del Intendente y del gobernador de la provincia, a quienes desde la oposición le han pedido una intervención. “No hay ninguna respuesta, ningún comunicado, ningún representante que se digne a intervenir para que la presidenta del Cuerpo Deliberativo de la Ciudad de San Luis deje de cometer un delito e incumplir una orden judicial”, afirmó.
“Es institucionalmente y laboralmente dramático. La verdad es que es angustiante para los compañeros y compañeras que están en el patio”, continuó Cordido, quien para finalizar remarcó que este es “el peor antecedente del retorno a la democracia para el Concejo Deliberante de San Luis”.
El “cumplemes” de los empleados que están en el patio del Concejo
Con gaseosas, facturas, globos y snacks, los empleados que esperan que se les asignen tareas celebraron esta mañana su cumplemes en el patio del Concejo Deliberante. “El 27 de febrero nos presentamos a trabajar y seguimos a la espera acá en el patio, esperando que nos asigne tareas, que nos de el ingreso y que, por supuesto, hoy pague los haberes que nos corresponden porque hemos venido todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, esperando que nos escuche”, manifestó Bárbara Témoli, una de las empleadas cuya restitución como planta permanente del Concejo fue ordenada por la Justicia.
Témoli asegura que, desde el 27 de febrero, no han tenido ningún tipo de respuesta de parte de Arancibia Rodríguez, ni siquiera al pasar. “Hemos ido a golpear y nunca está. Ella nunca ingresa por el patio, siempre ingresa por la puerta lateral para no vernos y no sale hasta que nosotros nos vamos, así que no tenemos contacto con ella”, contó Témoli, ex asesora letrada del Concejo, quien agregó que, si bien ella es abogada, este puesto en el Concejo “es la única fuente laboral que tienen muchos”. “Con la situación que está viviendo el país, no cobrar un sueldo hace tres meses, se imaginan lo que es”, concluyó.
