Según publicó su propio diario, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, anunció ayer en Villa Mercedes que le va a “plantear” al Consejo Económico Social un nuevo plan de viviendas. “Como problema central voy a plantear ver cómo abrimos un plan de viviendas. Hacer un relevamiento de absolutamente todas las necesidades y tratar de encarar un plan que le dé solución a corto plazo a todos los problemas de vivienda”, dijo Rodríguez Saá, de acuerdo a El Diario de la República, quien luego definió a este plan como “algo épico, complicado y difícil”.
Tras este anuncio, es inevitable pensar en el súper ambicioso plan habitacional que el Gobierno anunció en el año electoral de 2017 y que nunca cumplió. Este plan incluía las siguientes líneas: 1) Viviendas sociales. 2) Viviendas para sectores de clase media sin terreno propio y que no se encontraban comprendidos dentro de los parámetros establecidos para las viviendas sociales. 3) Préstamos para refacción de viviendas. 4) Préstamos para la ampliación de viviendas. 5) Préstamos para la construcción de viviendas para familias con terreno propio.
Más de 60.000 personas se anotaron en estos planes y de todas estas líneas, solo se cumplió con la primera, en muy escasa medida, ya que desde 2017 solo se construyeron menos de 2.000 viviendas.
Cuatro años después, durante el informe que brindó en la Cámara de Diputados, la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, sostuvo que “la inscripción se realizó a los fines de conocer la situación habitacional de la provincia para luego analizar el cumplimiento de los requisitos y determinar la real demanda”. A esto le agregó que “en ningún momento existió un compromiso de construcción de 60.000 viviendas”.
A ese dato, Chacur le agregó que, luego de varias purgas del padrón, quedaron 47.000 inscriptos en viviendas sociales, sin especificar que pasó con los inscriptos en las otras líneas. Otras cifras interesantes del informe de la jefa de Gabinete, que fue en julio, son que el Gobierno tenía tan solo 45 viviendas en construcción y que próximamente se iban a licitar 1.200 casas, lo que representa solo el 2,55% del universo de inscriptos.
Claramente, hasta julio de este año, o sea antes de la derrota electoral de las PASO, este Gobierno no tenía la más mínima intención de llevar adelante una política habitacional ambiciosa ni amplia.
Por otro lado, es particularmente cómico que Rodríguez Saá diga que se lo va a “plantear” al Consejo Económico Social, ya que la última vez que este organismo fue convocado, en 2019, el Gobierno terminó haciendo lo que quiso. Ese año, cuando se presentaron las “conclusiones” del Consejo, se anunciaron grandes obras, como los centros integradores, deportivos, culturales y administrativos (por lejos una de las mejores iniciativas de todos los gobiernos de Alberto Rodríguez Saá); pero la realidad es que el Gobierno ya los tenía planeado desde antes de la convocatoria.
En aquella ocasión también se anunció una canasta alimentaria social que quedó en el olvido y unos comedores comunitarios que sí funcionan al día de la fecha, alimentando a 2.386 niños y adolescentes 2 veces por semana, según informó la jefa de Gabinete en la Cámara de Diputados.
En pocas palabras, la última convocatoria del Consejo Económico Social fue prácticamente una puesta en escena, ya que el Gobierno no alteró sus planes en lo más mínimo. Que Rodríguez Saá diga que lo va a “plantear” es una falsa muestra de humildad ya que, al fin y al cabo, él tiene el poder de decisión final.
