Hace poco más de tres meses, Tamayo le pidió a la Justicia que lo dejarán regularizar su situación, aduciendo que había dejado de pagar su alquiler cuando descubrió que la vivienda en la que vive “no figura en Catastro” y su locador, Humberto Leandro Fernández, le quiso duplicar la renta.

Volviendo al desalojo de ayer, Marchioni precisó que se realizó por la mañana, a las 9.30 para ser exactos. Cuando el abogado arribó al lugar del hecho y pregunta por su cliente, le dicen “que se los habían llevado en carácter de demorados o detenidos a la Comisaría Cuarta”. Aparentemente, se los detuvo “por una cuestión de resistencia a la medida, lo que se denominaría desacato a una orden judicial”, dijo el abogado, quien luego destacó como cualquier persona haría lo mismo en esa situación.

Al llegar a dicho lugar, a Marchioni le dijeron que “los niños habrían concurrido, con la madre, a la Comisaría del Menor”. Inmediatamente, el letrado pidió ver a Tamayo, quien estaba alojado en el calabozo de la Cuarta. Al ir a encontrarse con él, Marchioni descubrió que la esposa de su cliente, Clara Elizabeth Acevedo, estaba en la celda contigua y no en la Comisaría del Menor.

Antes del mediodía de ayer, cuando se realizó esta entrevista, el abogado todavía no había podido averiguar a ciencia cierta el paradero de los menores. “Según ellos (la Policía), están en la Comisaría del Menor. Fueron sacados, prácticamente, arrastrándoselos. Digo también que Tamayo tenía signos de haber sido golpeado. Por eso estoy acá (en el Poder Judicial), presentando un habeas corpus, porque considero que el hecho de que todavía estén detenidos es una aberración. La jueza debe actuar de forma inmediata para que se les otorgue la libertad”, manifestó Marchioni.

“Si uno va a la letra fría de un código procesal, tiene que decir que sí, que está dentro de las posibilidades de que se produzca el desalojo porque los pasos procesales se han realizado. Pero acá, el tema involucra cuestiones de neto sentido humanitario que hacen a que una familia no pueda estar vivienda en una vereda o en una calle”, sostuvo el letrado, quien además le pidió a las organizaciones de derechos humanos de la provincia que tomen cartas en el asunto, y al Gobierno que “le brinde una solución habitacional a esta familia”.

Finalmente, Tamayo y su esposa fueron puestos en libertad alrededor de las 21.45, luego de haber pasado 12 horas en prisión. Sus hijos fueron liberados pasado el mediodía, al cuidado de una tía. Al momento de escribir estas líneas, Marchioni iba a llevar a su defendido a una revisación médica para que consten las lesiones que habría sufrido durante su encarcelamiento.

La irregular situación del barrio Plan Esperanza 2

Como bien señaló Tamayo, la situación del barrio donde vivía es sumamente irregular. Según pudo averiguar Marchioni, en el Registro de la Propiedad del Inmueble figura que el terreno pertenece a la diócesis de San Luis. “Evidentemente, esas tierras todavía no se han trasladado al Gobierno para que este haga un planteo de un barrio o un loteo y adjudicación de vivienda. Hoy por hoy, y en lo que hace a lo estrictamente legal, ninguno de esos que se dicen propietarios tiene escritura que lo acredite como tal”, explicó el abogado.

Asimismo, el panorama se complica aún más porque en los expedientes que hay en la Justicia hay un determinado grupo de personas que figura como dueños de estas tierras y viviendas. “La pregunta que surge es, ¿cómo pueden ser dueños si todavía esas terrenos ni siquiera tiene un loteo legal?”, concluyó Marchioni.