“El máximo tribunal argentino tomó esta resolución para resguardar la integridad física de las personas y de los bienes afectados, ya que la interrupción significaba un peligro real para el conjunto de la sociedad. Se van a poder continuar los trabajos desde la avenida Santos Ortiz hasta la ruta 7. La medida alcanza también al nodo vehicular que se genera cuando se encuentra el Corredor con la Autopista de las Serranías”, explicó Allende. Otros de los trabajos autorizados a continuar son los referidos a los desagües pluviales y las intersecciones del nuevo trazado.
De todos modos, la prepotencia con la que el Gobierno de la provincia se manejó en este tema seguramente le va a costar varios millones de pesos, los cuales se suman al ya de por si elevado precio de la obra. “La provincia de San Luis se compromete a devolverle a la Nación, en infraestructura ferroviaria, lo que ellos consideren necesario, a fin de compensar al Estado argentino por los terrenos que afectará esta nueva avenida en la capital puntana. El monto del resarcimiento será fijado por la Corte”, comentó Allende.
En total, la obra estuvo parada por poco más de 3 semanas. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia decidió ponerle un freno a la construcción a pedido de la Administración de Inmuebles Ferroviarios. Cuando Alberto Rodríguez Saá se enteró de la medida, dijo que se trataba de una “venganza” y que la Corte seguramente se iba a pronunciar sobre el tema “dentro de 20 o 30 años”.
