El funcionario se refirió al nuevo proceso de desadjudicación del proyecto de ley de Vivienda, tras una reunión con Senadores. El ministro de Inclusión Social y Política Habitacional, Eduardo D’Onofrio, se reunió ayer con senadores para hablar sobre distintos aspectos de su cartera. En contacto con la prensa, el ministro habló sobre el proyecto de ley de Vivienda que entre otros atributos, contempla un nuevo proceso de desadjudicación de las viviendas sociales abandonadas.

“No vamos a salir a desalojar gente, si vamos a llevar justicia a aquellas propiedades que hoy día no se le está dando el destino social por el cual fueron construidas”, definió el funcionario.

D’Onofrio dijo que se conoce la cantidad y ubicación de las viviendas abandonadas pero no quiso brindar la información, “pero tenemos escaneado por donde empezar una vez que la ley esté sancionada”.

El ministro comentó que con la aprobación de la nueva ley, el Gobierno podrá desadjudicar una vivienda social deshabitada sin iniciar un juicio de desalojo. Constatado el abandono de la vivienda por un escribano, se cambian las cerraduras y se toma posesión de la propiedad.

“Si esa vivienda está ocupada, tenemos que constatar quién es el que la está ocupando. Si es alguien que tiene que ver con el desadjudicado, se hace todo el procedimiento de desalojo. Si no tiene que ver con el desadjudicado, hay que ver si esa persona está usurpando, o ha sido engañada, o por alguna comercialización esté habitando esa vivienda”, explicó el ministro.

Como publicó este medio hace varios días, el funcionario dijo que para comercializar (alquiler o venta) una vivienda social no cancelada ni escriturada, se deberá tramitar un certificado que autorice la comercialización expedido por el Programa Política Habitacional.

“Aparte de llevar transparencia al mercado, prevé este ley severas sanciones a inmobiliarias, profesionales o personas jurídicas que se presten a comercializar viviendas que no estén en condiciones”, advirtió el funcionario.