La estimación la hicieron diputados radicales. El boleto gratuito provincial para estudiantes de todos los niveles (las universidades privadas no están contempladas), como también los docentes  y no docentes de gestión estatal o privada, tendría con costo de $86 millones anuales, de acuerdo a la diputada radical Ana María Nicoletti, autora del proyecto.

Los $86 millones representan menos del 2% del presupuesto provincial. Según Walter Ceballos, hay una matrícula de 117.000 alumnos, entre nivel inicial, primario, secundario y superior no universitario sumando 130.000 universitarios. Para el cálculo se promedió (del costo actual) el valor de los pasajes urbanos en $2) y $15 en el transporte interurbano. Asimismo, se observó que no utilizan este tipo de transporte la totalidad del universo educativo por lo que la tasa de uso estimada sería de 60% en el caso del urbano, y un 70% en el ámbito rural. Se estipula un uso de dos pasajes diarios (veinte mensuales), durante los diez meses del calendario escolar.

“Los concejales de Compromiso Federal han tenido la misma iniciativa en el caso de la ciudad de San Luis. Nosotros creemos que habrá una correlación de coherencia entre la posición del bloque de senadores y diputados de Compromiso Federal. Estamos hablando de conceder un derecho y que lo podamos cumplir desde la política estatal”, expresó Ceballos.

El presidente del Bloque, Ing. Walter Ceballos, destacó que: “nuestro principal objetivo es presentar en la Cámara de Diputados, y a la sociedad de San Luis, una alternativa viable de  consagrar en San Luis un Derecho  que acerque los jóvenes y niños a la Educación.  Sabemos que se ha discutido en varios municipios la sanción de un boleto educativo de carácter urbano, por lo que nosotros interpretamos que debe ser una política de Estado, un derecho universal, que tiene que ser implementado y financiado fundamentalmente por el gobierno de la Provincia”, concluyo Walter Ceballos.

El Bloque Radical comienza a partir de hoy, una discusión en toda la Provincia para obtener una mejor validación social de este proyecto. Se busca la participación de los estudiantes, de la comunidad educativa, los padres y la sociedad en general, para también enriquecerlo legislativamente.