Han sido procesados por delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la capital se manifestaron, sin llegar a acuartelarse, frente a la Jefatura Central. El Gobierno amenaza con rescindir contratos y sumariarlos, pero ellos prometen seguir adelante con la medida.